En mayor medida, en los procesos de estabilización han transcurrido más de 3 años desde la OEP y bastante más de 2 años desde su convocatoria, y en todas ellas ya se han publicado los listados de personas aprobadas en la página web del Ministerio o incluso en el BOE, pero sin que en ninguno de los procesos selectivos se hayan ofertado ni adjudicado destinos al personal opositor.
En concreto, se trata de los siguientes procesos selectivos:
· Proceso de estabilización por concurso de la OEP de 2022 (4.915 plazas)
· Proceso de estabilización por concurso-oposición de la OEP 2022 (996 plazas)
· Proceso de Promoción Interna de la OEP acumulada de 2022 y 2023 (1.297 plazas)
· Proceso del Turno Libre de la OEP de 2023 (1.052 plazas)
Se encuentra además pendiente, también con retraso injustificado, la publicación del listado de personas aprobadas del proceso extraordinario de estabilización por concurso para personas con discapacidad, convocado en ejecución de la Sentencia de la Audiencia Nacional que modificó la OEP de 2022 (344 plazas).
Son un total de 8.604 puestos de trabajo (aproximadamente un 20% de la plantilla) que deberían estar ya ocupados por el personal titular que ha superado estos procesos selectivos y que permanecen dotados de forma temporal incumpliendo las disposiciones de las instituciones europeas que obligan a España a reducir drásticamente los índices de temporalidad en las administraciones públicas.
Y, lo que es más grave, 8.604 personas que han demostrado su mérito y capacidad para desempeñar puestos fijos como funcionarios o funcionarias de carrera: más de 1.000 que han aspirado (y deberían ya estar desempeñando) a su primer empleo en el turno libre, más de 1.200 que han aspirado y demostrado sus méritos y capacidad para mejorar profesional y económicamente en la promoción interna y más de 5.000 que deberían ya tener empleo estable tras muchos años trabajando como personal interino.
CCOO denuncia asimismo que es incontable el número de personas trabajadoras, funcionarios y funcionarias de carrera que, teniendo derecho y posibilidad de obtener traslado a un puesto de trabajo cercano a su domicilio de origen, se hallan actualmente desplazadas por la desidia e incompetencia del Ministerio de Justicia y gran parte de las comunidades autónomas con competencias transferidas al no convocar en tiempo y forma los concursos de traslado que serían preceptivos por imperativo legal.
Siendo los hechos denunciados ante del Defensor del Pueblo de extrema gravedad por el perjuicio que causan a miles de personas, en esta ocasión CCOO ha dado un paso más allá de la simple queja y reclama que desde esta institución se requiera al Ministerio de Justicia para que, además de poner fin a todos estos procesos selectivos durante el año 2025, también se realicen los trámites necesarios a fin de que se identifique a la persona y órgano responsable de todos los retrasos injustificados que hemos puesto de manifiesto en los párrafos anteriores y se tomen las medidas oportunas.
Entre ellas, no descartamos la necesidad de indemnizar al personal opositor por la tardanza en obtener su plaza en cada uno de sus procesos, dependiendo de sus circunstancias personales y profesionales y el tipo de proceso selectivo en el que está en expectativa de obtener el destino definitivo, como ya se ha determinado en varias sentencias por demandas de opositores y opositoras que reclamaban una indemnización por el retraso en la ejecución de procesos selectivos.
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