Gestión Procesal, turno libre: Convocatoria tercer ejercicio, 10 de septiembre y sedes examen


23 ago. 2016



Se acaba de publicar en la web del Ministerio de Justicia acuerdo del TCU de las pruebas de acceso al Cuerpo de Gestión Procesal, turno libre, convocando a los opositores a la realización del tercer ejercicio para el próximo 10 de septiembre.

Acuerdo de 22 de agosto (PDF. 138 KB)

Anexo. Sedes de examen del tercer ejercicio (PDF. 23 KB)
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El Tribunal de Cuentas detecta falta de control en la facturación de recetas de los funcionarios judiciales




Noticia publicada en www.cadenaser.com

La Mutualidad General de Justicia no hizo "ninguna revisión del importe que le facturaban las farmacias", dando por bueno el importe de las facturas "sin efectuar ningún tipo de comprobación"

Se trata de un informe de fiscalización, fechado el 22 de julio de este año, al que ha tenido acceso la Cadena SER, donde el Tribunal de Cuentas advierte que la mutua de los funcionarios judiciales, conocida como MUGEJU (Mutualidad General de Justicia) “no hizo un control adecuado sobre la facturación” de las recetas que pagan, cada año, a los diferentes colegios oficiales de Farmacia.

Ver la noticia completa en cadenaser.com

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Letrados de la AJ; Examen oral Promoción Interna semana del 19 al 22 de septiembre


19 ago. 2016



​En la página web del ministerio se ha publicado la ​convocatoria para la realización del examen oral de promoción interna de Letrados de la AJ para la semana del 19 al 22 de septiembre. Los lugares de celebración del ejercicio oral se indicarán próximamente.

Convocatoria 19 a 22 septiembre (PDF. 14 KB)
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CCOO considera injustificable la actuación del Tribunal Único de las oposiciones de Tramitación, turno libre


11 ago. 2016



CCOO CONSIDERA INADMISIBLE LA POSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR ÚNICO QUE ADEMÁS DE TARDAR MÁS DE CINCO SEMANAS EN LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO CON LA RELACIÓN DE APROBADOS, NO HA ESTIMADO NI UNA SOLA DE LAS CIENTOS DE IMPUGNACIONES QUE EL PROPIO TRIBUNAL ADMITE HABER RECIBIDO


Una vez publicado el Acuerdo del Tribunal Calificador Único del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (turno libre), desde CCOO, queremos volver a incidir en una serie de cuestiones que nos hicieron en su día presentar una impugnación general del examen para el acceso a dicho cuerpo celebrado el pasado día 3 de julio.

En primer lugar, hay que recordar que se trata de un proceso selectivo para el acceso a un cuerpo para el cual se exige la titulación de bachillerato (oposiciones de nivel C1), es decir, que no se está pidiendo para el acceso a dicho cuerpo ser jurista, ni tan siquiera tener titulación universitaria.

En segundo lugar, desde CCOO queremos volver a hacer hincapié en que se trata de una oposición con un temario limitado (aprobado por Orden JUS/2171/2015, de 14 de octubre; BOE de 19 de octubre) y no estamos de acuerdo con el examen que se planteó a los opositores entre otros motivos por los siguientes:

Se formularon preguntas que estaban fuera del temario; hubo preguntas con más de una respuesta correcta, a pesar de que en la instrucción 3ª del examen se indicaba que solo había una respuesta correcta, y preguntas en las que no se especificaba la ley en virtud de la cual había que responder.

Por último, CCOO consideramos que, cuando por fin, en esta convocatoria se ha conseguido que haya preguntas de reserva, el Tribunal Calificador Único, que reconoce en el propio Acuerdo el elevado número de impugnaciones recibidas, no haga uso de dichas preguntas cuando claramente hay motivos para estimar algunas de las impugnaciones que fueron presentadas.

Por tanto, en CCOO no compartimos la decisión del Tribunal Calificador Único, que planteó un examen que excedía del temario propio de la oposición de Tramitación Procesal y Administrativa, ni la tardanza a la hora de sacar las notas de corte y la relación de aprobados, ni el hecho de que no se haya estimado ninguna impugnación por parte de dicho Tribunal, y entendemos que los opositores y las opositoras, que sufren un importante estrés durante el período de las pruebas de acceso, se merecen un mayor respeto.

En CCOO defendemos que se haga un examen ajustado al temario y en el que se valoren los principios de igualdad, merito y capacidad de todos los opositores. Esperamos que esta decisión del Tribunal Calificador Único así como la inexplicable tardanza en la publicación de las notas sea un caso aislado y no suponga un precedente para futuros procesos selectivos.
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Tramitación, turno libre: notas de corte, plantillas definitivas y relación de aprobados


10 ago. 2016



Tal y como CCOO ha venido informando, por fin se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia el Acuerdo de 09 de agosto de 2016, del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa por el sistema general de acceso libre convocadas por Orden JUS/2684/2015, de 1 de diciembre, por el que se establecen las puntuaciones mínimas para superar el primer ejercicio y se hacen públicas las relaciones de aprobados.

Estos son los enlaces:



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Última hora sobre la fecha de publicación de la relación de aprobados del primer ejercicio‏ de Tramitación, turno libre 2015


5 ago. 2016



Tal como ha venido informando CCOO desde hace días, y según hemos podido conocer de fuentes del Ministerio de Justicia, el Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para acceso al cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, turno libre 2015, se va a reunir definitivamente la próxima semana para adoptar el acuerdo por el que se publicarán las impugnaciones de preguntas que, en su caso, se estimen, así como la relación de aprobados del primer ejercicio.

Quedará para un acuerdo posterior del Tribunal Calificador Único la publicación del baremo del segundo ejercicio (word) y de la convocatoria formal del segundo ejercicio con expresión de las sedes donde se celebrará
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CCOO vuelve a solicitar una oferta extraordinaria de promoción interna para todos los cuerpos y la mejora de las sustituciones en el ámbito no transferido




CCOO ha sido fundamental para lograr la regulación de las sustituciones verticales de todos los cuerpos generales y especiales, y para que en la ocupación de los puestos vacantes tenga preferencia la sustitución.

No obstante este importantísimo avance, sigue faltando que en todas las sustituciones se perciba el 100 % del total de las retribuciones del cuerpo que se sustituye.

MIENTRAS ALGUNOS SE SIENTEN SATISFECHOS Y SE APUNTAN TANTOS QUE NO MERECEN, CCOO SIGUE REIVINDICANDO QUE SE ABONE EL 100% DE TODAS LAS RETRIBUCIONES SIN EXCEPCIÓN EN TODAS LAS SUSTITUCIONES DE CUERPOS GENERALES Y ESPECIALES

Promoción interna: CCOO ha vuelto a reclamar al Ministerio de Justicia una oferta extraordinaria de promoción interna de todos los cuerpos generales y especiales, a la vez que seguimos reivindicando la recuperación del 50 % de las plazas vacantes que algunas organizaciones sindicales entregaron a cambio de nada en el lamentable acuerdo que suscribieron en 2014 con Gallardón, el repudiado y deplorable ministro de las tasas. 


La regulación por fin, de la que venimos informando desde los primeros días de julio, de las sustituciones de TEL a Facultativo, es un avance histórico, pero aún falta bastante camino que recorrer para que los derechos de los trabajadores/as en las sustituciones verticales sean completos.

Pues, a pesar de afirmaciones de algunos que no se sostienen, sigue sin regularse en las sustituciones la reserva del puesto de trabajo de origen en todos los casos (también para los Gestores cuando finaliza la sustitución de Letrado), la percepción de todas las retribuciones en las mismas condiciones que el personal interino que ocupa la plaza (CCOO sigue exigiendo el abono del 100% de todas las retribuciones del cuerpo que se sustituye: el abono del 100% de las cantidades de las pagas extras del cuerpo superior por todos los conceptos, el abono de los trienios del cuerpo superior si se perfeccionan durante la sustitución, la retribución establecida para el cuerpo que se sustituye por planes de actuación y por prolongaciones de jornada….). Nada de esto se encuentra regulado ni en la Instrucción del 23 de junio de 2016 de la Dirección General de sustituciones de TEL a Facultativos (ni en las anteriores de 2006 y 2010), solo la actualización de las cantidades que se perciben según lo que establecen las Leyes de Presupuestos, que ya se está haciendo desde 2006.

La lucha para lograr que se alcancen todos los objetivos y que por fin se abone el 100 % del salario total (no solo lo logrado hasta ahora, la diferencia del sueldo mensual y los complementos ordinarios, muy importante pero insuficiente) por todos los conceptos del cuerpo al que se sustituye, no ha acabado con los importantes logros conseguidos hace días, gracias a la persistente insistencia de CCOO, con la regulación de la sustitución del cuerpo de TEL a Facultativos del INT y CF que la Administración venía negándose año tras año.

Para CCOO no se puede separar la imprescindible regulación de las sustituciones de la lucha por la convocatoria de una oferta extraordinaria de promoción interna de todos los cuerpos y la recuperación del 50 % de las plazas vacantes para la promoción. 

Escrito de CCOO, de 4 de agosto de 2016, dirigido al Subdirector General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia
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Obtención de certificado de calificaciones del primer ejercicio de Gestión 2015 (Turno Libre)‏




Para todos los interesados en obtener certificación de calificaciones del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el  cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, OEP 2015, ya es posible su obtención desde la Sede electrónica del Ministerio de Justicia  a través del siguiente enlace:


Inicialmente hay que introducir el nº de DNI y una palabra de seguridad antes de acceder a otro sitio donde se generará el certificado, para lo que se requiere introducir el número de justificante AEAT (el de la instancia de presentación a las pruebas selectivas) y la fecha de nacimiento
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Oposiciones Gestión, turno libre: publicada la relación de aprobados del segundo ejercicio y la convocatoria para el tercero


4 ago. 2016



Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia el acuerdo de 3 de agosto de 2016, del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, OEP 2015, por el que se hace pública la relación de opositores que han superado el segundo ejercicio y la convocatoria del tercero, que tendrá lugar, como habíamos informado, el 10 de septiembre de 2016.

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Nota informativa de CCOO sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad, por excesivas, de algunas de las tasas judiciales





Tras la sentencia solo se mantendrán las tasas fijas para las personas jurídicas en la interposición de demandas del orden jurisdiccional civil en sus actuales cuantías y quedan anuladas las tasas para los recursos en todos los órdenes jurisdiccionales y la parte de las tasas que estaban vinculadas a la cuantía del procedimiento

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, QUE DECLARA FUERA DE LA LEGALIDAD PARTE DE LAS TASAS JUDICIALES IMPUESTAS POR GALLARDÓN EN 2012, DEMUESTRA DE NUEVO QUE EL GOBIERNO DEL PP LEGISLÓ VIOLENTANDO EL DERECHO DE LA CIUDADANÍA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

No obstante, CCOO considera que la sentencia es extremadamente benévola con el poder ejecutivo, olvidando los derechos de decenas de miles de ciudadanos, al establecer que no se ha producido una lesión del derecho fundamental mencionado, que deba repararse mediante la devolución del importe pagado”, (…) “por lo que no procede ordenar la devolución de las cantidades pagadas por los justiciables”


Si bien la sentencia declara que el establecimiento de las tasas judiciales “no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental como es el del acceso a la Justicia en cualquiera de sus vertientes”, el Tribunal Constitucional seguirá permitiendo al poder legislativo la imposición de tasas judiciales aunque para ello deberían revisarse a la baja las cuantías de algunas de ellas.

Aunque esta opción sea constitucionalmente aceptable, CCOO apuesta por recuperar lo establecido en la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. Defendemos que la ciudadanía y las pequeñas y medianas empresas no abonen tasas judiciales porque ya pagan con sus impuestos la financiación de todos los servicios públicos, como la Educaciónla Sanidad y la Justicia.

CCOO rechaza de plano el establecimiento de “copagos” para los usuarios de los servicios públicos esenciales.

Para CCOO esta sentencia da parcialmente la razón a las organizaciones sociales y a la ciudadanía que nos unimos en la lucha contra esta injusta ley en el intento del gobierno del PP de dejar fuera de la tutela judicial efectiva a millones de personas.

En esta lucha, ha sido fundamental la unidad de las organizaciones sociales que, como en la Plataforma Justicia para Todos, impulsamos la recogida de decenas de miles de firmas contra esta Ley y las acciones de protesta masivas que se llevaron a cabo.

No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) adolece de la fortaleza necesaria para emitir un dictamen claro que muestre a la ciudadanía que tiene en ese alto Tribunal el garante de sus derechos.

Porque declarar, como hace la sentencia, que no debe obligarse al Gobierno a devolver los más de 500 millones de euros recaudados de las decenas de miles de personas que tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para poder ejercer un derecho constitucional como es el acceso en condiciones de igualdad a la Administración de Justicia, es una severa demostración de que dicho Tribunal no está a la altura de lo que le exige esta sociedad democrática: ser absolutamente independiente del poder político y vigilante de sus actuaciones si éstas ponen en riesgo los derechos de todas y todos los ciudadanos.

Asimismo, para CCOO es totalmente inaceptable también que el Tribunal Constitucional en su sentencia “olvide” a ese inmenso número de personas que no pudieron acudir a defender sus legítimos derechos ante los Juzgados y Tribunales por culpa de una injusta ley de Tasas impuesta por Gallardón y su Gobierno, con su presidente a la cabeza. Puede deducirse del contenido de esta sentencia que el TC desconoce que decenas de miles de personas han visto presuntamente vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva al no poder acudir a los Tribunales a defenderlos, y esa presunta vulneración no puede ya remediarse ni está el TC dispuesto a exigirlo al Gobierno.

No es aceptable en absoluto, que se pretendiera por Gallardón y Rajoy imponer tasas para acceder a la Administración de Justicia con cantidades paritarias para todos, de forma que debían abonar lo mismo una persona con ingresos mínimos como una gran empresa que factura cientos de miles de millones de euros al año. Los impuestos si no son progresivos en función de los ingresos atacan los pilares de un Estado social, y las tasas judiciales constituyen un ataque a esos cimientos.

Solo la eliminación de todos los aspectos de la Ley de Tasas del Gobierno del PP, el reconocimiento de que lo abonado por la ciudadanía debería devolverse y la restauración de los derechos de todos aquellos que intentaron acudir a la Administración de Justicia y no pudieron hacerlo porque la Ley de Tasas Judiciales se lo impidió, hubiera permitido abrir un camino para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Justicia.

Pero el contenido de la sentencia del TC permite que siga prevaleciendo la posición del Partido Popular de seguir en una senda profundamente injusta que, a través del deterioro de los servicios públicos y la dificultad para el acceso a los mismos, sigue castigando a la mayoría más débil de la sociedad y que ha encontrado en tribunales que dictan sentencias como ésta un impagable aliado.


El Tribunal Constitucional en esta sentencia ha declarado la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en relación con las tasas que la ley 10/2012 había impuesto también para las personas físicas por lo que no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad. Nada más tomar posesión, el ministro Catalá propuso la modificación de esa Ley eximiendo a las personas físicas del pago de las tasas judiciales, que Gallardón también había propiciado con la complicidad de su gobierno y de todo el Partido Popular. Nunca sabremos, por tanto, si esas tasas impuestas a los ciudadanos y ciudadanas respetaban o nola Constitución Española pero para CCOO sigue estando claro que constituían un ataque sin precedentes a la mayoría de la sociedad en su derecho a la tutela judicial efectiva por lo que seguiremos luchando para que ningún nuevo gobierno ni parlamento persista en este tipo de políticas contrarias al estado social y democrático que propugna nuestra constitución.

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¿Dice la verdad la Directora General de Justicia de Aragón cuando habla del Plan de Actuación para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer?



CCOO y el resto de las organizaciones sindicales se negaron a asistir a una Mesa Sectorial convocada por la Directora General de Justicia de Aragón para el pasado 26 de julio, sobre cuestiones menores, en tanto en cuanto no se resuelvan cuestiones a nuestro juicio esenciales que están pendientes y que afectan a derechos del personal de la Administración de Justicia, en especial la justa retribución a los compañeros y compañeras destinados en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o con competencias sobre la materia mediante la aprobación del Plan de Actuación, tal y como se ha venido haciendo desde hace años con otros gobiernos distintos que el del PSOE - CHA. 


Ante la inasistencia de CCOO y el resto de sindicatos a la Mesa Sectorial convocada el pasado día 26 de julio, la Directora General remitió una Nota Informativa a los compañeros y compañeras de los Juzgados de Violencia contra la Mujer para justificar todo lo que desde la DGA se estaba haciendo para que se pudiera aprobar el plan de actuación de los Juzgados de Violencia, y todo ello en base al acuerdo alcanzado en Mesa Sectorial del pasado 2 de junio.

Hemos de recordar que el mencionado acuerdo fue rechazado por los cuatro sindicatos al día siguiente porque para cobrar el plan no se tenían en cuenta el número de Diligencias Urgentes de forma anual sino de forma trimestral, y la Directora General ocultó a la Mesa sectorial los datos del primer trimestre, que dejarían sin plan de actuación a los compañeros de Violencia nº 1 durante el primer trimestre de 2016. Se quería ahorrar unos eurillos por el morro, sin tener en cuenta el esfuerzo que se hace por quienes están destinados en esta jurisdicción tan sensible. 

No obstante la Dirección General de Justicia e Interior, haciendo caso omiso a nuestro rechazo conjunto del día 3 de junio, pretende poner en marcha el borrador del plan del día 2 (que supondrá que los compañeros del Juzgado de Violencia 1 de Zaragoza no lleguen al primer tramo en el primero trimestre), recabando informe a Hacienda de la DGA para que informara sobre su pago desde el 1 de enero de 2016 pese a que será aprobado posiblemente a fin al de año, ya que según la Directora al haber pasado ya el primer trimestre era muy difícil que Intervención admitiese el pago con carácter retroactivo al 1 de enero. Nadie entiende esta novedad, ya que durante años se ha aprobado el plan de actuación bien entrado el año y nunca se ha objetado para cobrarlo desde el 1 de enero su aprobación posterior, se ve que el PSOE cuando gobierna no entiende muy bien lo de los derechos de los trabajadores ni lo de su justa retribución. 

La Directora General, en su nota informativa, comunica a los compañeros una serie de actuaciones y fechas por las que trata de justificar todo lo realizado desde el Gobierno PSOE-CHA para que se cobre el Plan de actuación, y de paso tranquilizar a los compañeros. La Directora General de Justicia afirma en su nota que el Plan de Actuación elevado para informe al CGPJ cuenta con el aval tanto de Intervención General como de Función Pública de la DGA para su abono desde el 1 de enero de este año, que consideran que "“no se aprecia impedimento legal para la retroactividad, siempre que su aprobación, fruto de la negociación colectiva del programa concreto de actuación mencionado contemple una cláusula en ese sentido”. 

Sin embargo, a los cuatro sindicatos representativos en la Administración de Justicia en Aragón se nos informó mediante correo electrónico del Secretario General Técnico de Presidencia, de fecha 17 de junio, que Hacienda informaba en el sentido de que “no se justifican las causas objetiva que justifiquen la retroactividad”. Nada sabemos del supuesto informe de Función Pública, de que habla su nota, ni si en el Borrador del Plan elevado para informe del CGPJ contiene cláusula sobre su pago desde 1 de enero de 2016. Como ya hemos explicado en otras ocasiones, estos documentos no se nos ha facilitado pese a haber sido reiteradamente reclamados, considerándolo como requisito imprescindible para acudir a la mesa sectorial del pasado 26 de julio. 


A la vista de la nota entendimos oportuno dar una nueva oportunidad a la Directora General de Justicia de acreditar que lo que dice en su nota dirigida a los compañeros y compañeras de Violencia es verdad, y por ello le remitimos el pasado jueves un correo electrónico por el que "en aras de buena voluntad y desbloquear la situación generada  por esa Dirección General, le reiteramos que nos remitan urgentemente y antes del día 1 de agosto el mencionado informe de fecha 13 de junio de la Intervención General, así como el Informe de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de Servicios de fecha 18 de junio y el programa concreto de actuación elevado al CGPJ para informe que Vd. alude en su nota informativa". 


Nada nos ha contestado la Directora General de Justicia hasta la fecha, y con ello pierde una ocasión de oro para acreditar con hechos que desde el Gobierno PSOE-CHA se está haciendo lo posible para que todo el personal destinado en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o con competencias sobre la materia cobre el Plan de Actuación, al menos, en las mismas condiciones que en años anteriores. Y nos hace sospechar que no dice la verdad. 

A tenor de los hechos y a estas alturas, después de la cantidad de incoherencias y contradicciones que la Directora General ha demostrado durante el año que lleva en el cargo y dadas la cantidad de oportunidades que ha habido para que la negociación sea efectiva y no una imposición por su parte, CCOO sigue insistiendo en pedir su cese inmediato, como venimos haciendo desde finales de junio, para que el Gobierno PSOE-CHA nombre para dicho cargo a otra persona que sea dialogante, preparada, con capacidad negociadora, sin dobleces, que sea sincera y honesta, desde la defensa de las posiciones de la Administración, con los trabajadores que de ella dependen y con todos los colectivos profesionales que tienen que ver con nuestra Administración. Con la forma de actuar que tiene la actual Directora General de Justicia de Aragón será imposible llevar a buen puerto cualquier intento de reforma o modernización de la Justicia en Aragón. 
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Comunicado de Jueces para la Democracia, Unión Progresista de Fiscales, Sisej y Unión Progresista de Secretarios Judiciales sobre la inconstitucionalidad de las Tasas Judiciales


3 ago. 2016


Recientemente, se ha hecho pública la Sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad no 973-2013, interpuesto por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, contra los arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

El Tribunal Constitucional anula el art. 7.1 de la Ley en lo relativo a personas jurídicas; en concreto las siguientes tasas: la de 200 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo abreviado y la de 350 euros para interponer el recurso contencioso-administrativo ordinario; la de 800 euros para promover recurso de apelación y de 1.200 euros para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en el orden civil; la de 800 euros para el recurso de apelación y 1.200 euros para el recurso de casación en cualquiera de sus modalidades, en el orden contencioso- administrativo; así como también la nulidad de la tasa de 500 euros para el recurso de suplicación y 750 para el de casación en cualquiera de sus modalidades, ambos del orden social. Igualmente, declara la nulidad de la cuota variable para las personas jurídicas, recogida en el art. 7.2 de la Ley recurrida.

Jueces para la Democracia, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, Unión Progresista de Fiscales y Unión Progresista de Secretarios Judiciales compartimos los argumentos del Alto Tribunal cuando recuerda que en un Estado social y democrático de Derecho que propugne como valores superiores de su ordenamiento jurídico la justicia y la igualdad (art. 1.1 CE), el pago de un tributo no puede obstaculizar el ejercicio de los derechos. Y es que el pago de tasas judiciales puede generar campos de impunidad, en especial frente a la Administración Pública, impidiendo o limitando el ejercicio de la tutela judicial efectiva de la mayoría de la población.

Lamentamos, no obstante, que el Tribunal, en primer lugar, no haya querido pronunciarse sobre el mayor grueso del recurso de inconstitucionalidad, los arts. 2, 5, 6 y 11 de la Ley 10/2012, bajo el argumento de falta de justificación de la demanda. Esta visión excesivamente dependiente de la demanda de inconstitucionalidad no responde a la configuración que le dio el constituyente español al Alto Tribunal, como tampoco a cualquier tribunal ordinario, que tiene la facultad de resolver conforme a Derecho con independencia del acierto del escrito iniciador del proceso [art. 218 de la LEC, aplicable al proceso ante el TC (art. 80 LOTC)].

También se ha negado el Tribunal a examinar el art. 3.1 de la Ley bajo el argumento de pérdida de sobrevenida de objeto tras la reforma operada por el Real Decreto-ley 3/2013. Por el mismo motivo, se ha negado a anular el art. 7.2 de la Ley en lo relativo a las personas físicas. Sobre este aspecto, el Tribunal remite a los sucesivos recursos de amparo que hayan presentado personas físicas. Consideramos que el Tribunal Constitucional es rehén de su propia doctrina restrictiva en la lectura en positivo del recurso de inconstitucionalidad y sus relaciones con el recurso de amparo, puesto que deja el enjuiciamiento de constitucionalidad de las normas al esfuerzo que desarrolle el particular persona física por recurrir la aplicación de la ley. Consideramos que el recurso de inconstitucionalidad, con la legitimación restrictiva establecida en la Constitución (art. 162), es el mejor instrumento de enjuiciamiento de la validez constitucional de la ley, con plenos efectos frente a todos (art. 164). Dejar la validez constitucional de una Ley al esfuerzo personal y económico de cada persona física con la denuncia constitucional del pago de su tasa, es inadecuado, antieconómico y desproporcionado, recordando que las sentencias dictadas en procesos de amparo, al contrario que los de inconstitucionalidad, no tienen efectos contra todos.

Las asociaciones firmantes proponemos recuperar el sistema de la Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de supresión de las Tasas Judiciales. El ciudadano persona física y la pequeña y mediana empresa ya contribuyen a la financiación del sistema judicial vía impuestos al igual que en otros servicios públicos como la sanidad o la educación. Cualquier pago adicional va en perjuicio a sus derechos y contra el principio de gratuidad establecido en el art. 119 CE. Son las grandes empresas y grandes fortunas las que abusan y colapsan el sistema, y, en cambio, no son los principales contribuyentes, contra el principio de capacidad económica establecido en el art. 31 CE. Por estas razones, desde un principio nos opusimos al sistema de tasas paritarias por cuantía ya establecido por el art. 35 Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Aún más, nos oponemos a la Ley 10/2012 y sus sucesivas reformas, que continúa con ese sistema y lo reduplica con cuantías exorbitantes bajo los principios de paridad, nula progresividad y gravamen excesivo.

En concreto, y por lo que se refiere a las personas jurídicas, basta con recordar los argumentos del Tribunal Constitucional al respecto en esta Sentencia. Pese a la evidencia de que la mayor parte de las personas jurídicas no tienen una capacidad económica presunta siquiera aproximada, la Ley 10/2012 no solamente no ha impuesto unas cuantías inferiores, sino que la tasa fija en el caso de los recursos ha aumentado en un 166,66 por 100 tratándose de la apelación, que ha pasado de los 300 a los 800 euros; y en un 100 por 100 los de casación -en cualquiera de sus modalidades- y extraordinario por infracción procesal, al pasar de 600 a 1.200 euros; aparte de gravar ex novo los recursos devolutivos del proceso laboral, en cuantías también altas:suplicación (500 euros) y casación (750 euros).

Finalmente, no podemos pasar por alto una nueva llamada al efecto desaliento que hace y asume para sí el Tribunal Constitucional. Según precisa, la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos limitados, puesto que no preserva la situación de cosa juzgada, ni, sobre todo, tiene efectos pro futuro, todo bajo la apelación al principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Con este argumento, concede el Tribunal un respiro al gobierno en funciones y al presupuesto público, puesto que le evita devolver las cantidades ya recaudadas. Y por el contrario no palía los perniciosos efectos causados a losjusticiables durante estos años. Éstos, o bien no han podido ejercitar sus derechos o han tenido que hacer un considerable esfuerzo. En esta situación, o se modifica al LOTC para admitir el control previo de inconstitucionalidad, o deberá el Tribunal Constitucional reclamar toda su competencia para restaurar el daño ocasionado por una norma inconstitucional. De lo contrario el sistema de garantías constitucionales, no sólo queda descuadrado, sino que, además, queda dañado en su contenido.

En cualquier caso, recordar que, sólo en el primer año de vigencia, el Estado, único recaudador de la tasa judicial pese a no ser la única administración pública implicada en la prestación del servicio público de la justicia, ingresó, y no tendrá que devolver, 306.091.358,50€. Exigimos del actual gobierno en funciones que explique, cuantifique y dé suficientes justificaciones del destino que ha dado a estas recaudaciones inconstitucionales. Máxime cuando el entonces ministro de Justicia, Sr. Ruiz Gallardón, se comprometió a mejorar la asistencia jurídica gratuita con el dinero procedente de la recaudación de las tasas.

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Inminente publicación de las calificaciones del segundo ejercicio de Gestión, turno libre, y de la convocatoria para el tercero


2 ago. 2016



Antes de que finalice la semana actual, el Ministerio de Justicia publicará en su página web el acuerdo del Tribunal Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre, OEP 2015, con las calificaciones de los aprobados del segundo ejercicio, celebrado el pasado 7 de mayo, de todos los ámbitos territoriales.

En el mismo acuerdo, el Tribunal publicará la convocatoria del tercer ejercicio que tendrá lugar, como hemos venido informando, el próximo 10 de septiembre
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Resolución del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia sobre la extensión al cuerpo de Gestión de la retribución por entradas y registros en la Audiencia Nacional





Sobre esta resolución ha venido informando CCOO desde el pasado 20 de julio.
Resolución del director general de Relaciones con la Administración de Justicia sobre la extensión al cuerpo de Gestión de la retribución por entradas y registros en la Audiencia Nacional que ya percibían los Letrados de la Administración de Justicia.

Publicamos la resolución firmada por el director general de Relaciones con la Administración de Justicia sobre la extensión al cuerpo de Gestión de la retribución por las entradas y registros simultáneos en la Audiencia Nacional. 

La resolución tiene efectos para las entradas y registros realizados desde el 1 de julio de 2016, contra la posición de CCOO, con lo que deja fuera a las realizadas anteriormente, a pesar de que la reclamación se realizó por CCOO en el mes de enero, en el momento en que descubrimos que desde la Secretaria General del Ministerio de Justicia se había aprobado una resolución en este sentido pero solo para los Letrados, lo que era absolutamente inadmisible. Por tanto, para CCOO sus efectos deberían ser desde esa fecha en la que se formalizó nuestra reclamación, pues el Ministerio de Justicia ya era consciente en ese momento de que estaba actuando injustamente.
Del contenido de esta resolución ya informábamos el pasado 20 de julio, con una nota informativa, que volvemos a adjuntar, en la que resaltábamos, entre otras cuestiones:

  
CCOO CONSIGUE QUE EL MINISTERIO RECTIFIQUE, AUNQUE SOLO EN PARTE, LA RESOLUCIÓN QUE FIJABA EL PAGO DE 30 EUROS POR LA REALIZACIÓN DE ENTRADAS Y REGISTRO SIMULTÁNEAS SOLO AL CUERPO DE LETRADOS Y SOLO EN LOS JUZGADOS QUE REALIZAN GUARDIAS DE 24 Ó 48 HORAS

Los funcionarios del cuerpo de Gestión de la Audiencia Nacional cobrarán también esta retribución, pero siguen quedando fuera el resto de cuerpos y centros de trabajo para los que CCOO también ha exigido su pago

CCOO hemos exigido, y lo seguiremos haciendo, que todo el personal, de todos los cuerpos, que practique o colabore en la práctica de diligencias de entrada y registro no estando de guardia perciba la misma retribución complementaria que la fijada para el cuerpo de Letrados y que esa resolución afecte tanto al ámbito transferido como al no transferido.
Gracias a las presiones de CCOO, el Ministerio rectifica, aunque solo parcialmente, y los Gestores de la Audiencia Nacional también cobrarán las mismas cantidades que los Letrados en la práctica de estas diligencias de entrada y registro pero no dejaremos por ello de luchar contra la injusticia, la discriminación y el ataque a los derechos laborales que, en éste y otros casos, supone que solo el cuerpo de Letrados tenga asignadas retribuciones complementarias o extraordinarias (como la productividad) por la realización de tareas que hace el personal de otros cuerpos o que, como mínimo, se realizan de forma colectiva por toda la oficina judicial
Volvemos a adjuntar además la información sobre las alegaciones que presentó CCOO sobre esta cuestión el pasado mes de enero
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Información actualizada sobre los procesos selectivos de Tramitación, turno libre, y Auxilio Judicial


1 ago. 2016



Transmitimos la siguiente información, actualizada a día de hoy,  sobre la situación actual de los procesos selectivos en curso de Tramitación, turno libre, y Auxilio Judicial de la OEP 2015:

TRAMITACIÓN, TURNO LIBRE 2015: plantilla definitiva, notas de corte y listados de aprobados primer ejercicio.

El Ministerio de Justicia vuelve a reiterar la información publicada por CCOO la semana pasada: las plantillas definitivas del examen, las notas de corte para superar el primer ejercicio celebrado el día 3 de julio, y la relación de aprobados que lo han superado, no serán publicadas hasta, probablemente, la semana próxima, pues lo previsible es que el Tribunal no se reúna antes del viernes 5 de agosto, pero es más probable que dicha reunión tenga lugar a partir del lunes 8 de agosto.

La fecha más probable para la realización del segundo ejercicio sigue siendo el día 17 de septiembre, de lo que venimos informando desde el pasado 11 de julio.

Para CCOO este retraso, y así lo hemos transmitido a los responsables del Ministerio de Justicia, es, desde nuestro punto de vista, injustificado, pues ha transcurrido ya casi un mes desde la celebración del primer ejercicio con sus dos pruebas. 

AUXILIO JUDICIAL 2015: Se mantiene la fecha del 1 de octubre para la realización de los dos ejercicios de las pruebas selectivas.

Esta fecha, tal y como venimos informando desde hace semanas, sigue siendo prácticamente segura a falta de publicación en el BOE de la relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de Auxilio Judicial, OEP 2015.

Las fechas más probables para la publicación de dichas relaciones definitivas de admitidos y excluidos son los últimos días del mes de agosto o primeros días del mes de septiembre, pues como establece la base 7.2, segundo párrafo de la convocatoria de las pruebas selectivas ("El acto de examen que incluye ambos ejercicios de la fase de oposición tendrá lugar dentro de los 45 días siguientes a la publicación de la Resolución por la que se eleva a definitiva la relación de admitidos y excluidos, en la misma fecha y hora en todas las sedes de examen, publicándose en el Boletín Oficial del Estado la fecha, hora y lugares de su celebración"), dicha publicación tiene que estar comprendida dentro de los 45 días anteriores a la fecha de celebración de los ejercicios
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