Reunión con el Ministerio Fase 3 desescalada: CCOO exige que el 100% de la plantilla sólo se incorpore si está garantizada la distancia de 2 metros entre los puestos de trabajo, en turnos de mañana, o de mañana y tarde, siendo determinado por los Comités de Seguridad y Salud


5 jun. 2020


  • Videoconferencia con el Ministerio de Justicia sobre la fase 3 de la desescalada en la que, en otro desprecio más a los trabajadores y trabajadoras de Justicia, no comparece ningún alto cargo capacitado para tomar decisiones ante nuestras propuestas.

CCOO EXIGE AL MINISTERIO QUE EL 100% DE LA PLANTILLA SOLO SE INCORPORE SI ESTÁ GARANTIZADO QUE EN EL TURNO DE MAÑANA O EN TURNOS DE MAÑANA Y TARDE PUEDE GARANTIZARSE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD DE 2 METROS ENTRE CADA PUESTO DE TRABAJO, LO QUE DEBERÁ SER DETERMINADO POR LOS COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD

La fase 3 comienza el próximo día 9 de junio y para CCOO debe ser obligatorio el uso de mascarillas para el público y profesionales y la instalación de mamparas para la atención al público

En la mañana de hoy CCOO y el resto de sindicatos hemos mantenido una reunión por videoconferencia para tratar sobre la resolución que regulará el paso a la fase 3 de la desescalada en justicia que se llevará a cabo, por imposición del ministerio, de manera uniforme en todos los territorios (incluso en los que estén la fase 2 para el conjunto de la ciudadanía) lo que CCOO seguimos denunciando ya que tanto el personal de justicia, como la ciudadanía y colectivos profesionales que asisten a los centros de esta administración, no pueden ser tratadas como ciudadanos y ciudadanas de segunda en lo que concierne a la protección de su salud.

El representante del ministerio en la reunión (Subdirector de Personal) se ha limitado a tomar nota y a decirnos que pasará nuestras propuestas a sus superiores junto con las que formulen las CCAA en la reunión que se está desarrollando a continuación, motivo por el cual, además, la reunión se ha limitado a unos diez minutos de intervención por cada sindicato sin negociación alguna. ¡VERGONZOSO!

CCOO hemos pedido que se traslade al Ministro Juan Carlos Campo la profunda indignación de los trabajadores y las trabajadoras de justicia que estamos siendo ninguneados durante todo este proceso de alerta sanitaria, sin negociar nuestras condiciones de trabajo y desoyendo las propuestas de los representantes sindicales, mientras se atienden las de otros colectivos e instituciones.


La propuesta inicial del ministerio para la reunión de hoy ha sido el borrador  y las principales discrepancias de CCOO con dicha propuesta han sido las siguientes:


Propuestas del Ministerio


Propuestas de CCOO

Se incorporará el 100% de las plantillas en todos los casos
Solo se incorporará el 100% si está garantizada la distancia de seguridad de 2 metros
No se contempla la obligatoriedad de mascarillas y mamparas para la atención al público
Las mascarillas para el personal y público y las mamparas deben ser obligatorias en la atención al público, no pudiéndose trabajar si no se cumplen estas medidas
El permiso por deber inexcusable para cuidado de menores y mayores finalizará el 21 de junio
Este permiso debe finalizar cuando así se acuerde para el conjunto de las administraciones públicas y no en una fecha impuesta especialmente para la Administración de Justicia
No se contempla expresamente el protocolo a seguir en caso de contacto estrecho con personas contagiadas
En caso de contacto estrecho se procederá al aislamiento en su domicilio de las personas afectadas durante 14 días y solo se reincorporarán a las actividad tras un resultado negativo en un test PCR
El paso a la fase 3 se hace “a ciegas” sin tener en cuenta los datos de contagio en justicia, que sigue ocultando el ministerio desde el 23 de abril
Exigimos que se informe de estos datos de contagio y que si no se dispone de ellos se realicen test generalizados para saber los/as trabajadores/as contagiados/as. Es la única forma de comprobar si las medidas preventivas han sido efectivas y si estamos en disposición de acceder a la siguiente fase
Solo se permite el turno de tarde donde la capacidad de la oficina no permita la distancia de seguridad de 2 metros con toda la plantilla en el turno de mañana
Debe establecerse también turno de tarde para las personas que lo soliciten voluntariamente y, especialmente, para quien acredite de forma fehaciente que no puede trabajar en la jornada de mañana por causa de conciliación de la vida laboral y familiar
No se facilitan los datos de medición de los centros de trabajo y el máximo aforo posible de cada uno de ellos para garantizar la distancia de seguridad de 2 metros
Deben facilitarse estos datos a los Comités de Seguridad y Salud de cada provincia que tendrán que dar el visto bueno antes de proceder a la incorporación de toda la plantilla en turno de mañana o de mañana  tarde
No se facilitan tampoco los datos de medición de las Salas de Vistas
No podrán celebrarse vistas hasta que estos datos no sean aprobados por los Comités de Seguridad y Salud para garantizar los aforos máximos posibles que permitan mantener la distancia de seguridad

Propuestas del Ministerio


Propuestas de CCOO

No se contempla la limpieza de las Salas de Vistas ni de su mobiliario y objetos entre juicio y juicio
No podrá celebrarse la siguiente vista hasta que no se proceda a la limpieza y desinfección de la sala y su mobiliario y objetos después de la vista anterior
No está prevista la compra o alquiler de nuevos edificios donde no sea posible acoger a la totalidad de las plantillas a una distancia mínima de 2 metros
Durante la fase 3 y antes de acceder a la fase 4 de normalidad debe acometerse la habilitación de nuevos espacios de trabajo que garanticen la distancia de seguridad en un solo turno de mañana
Los responsables funcionales del órgano (LAJ, Fiscales Jefes, Directores de servicios) deciden sobre quién puede hacer el teletrabajo y quién puede hacerlo en horario de tarde
La decisión sobre condiciones laborales, también en el teletrabajo, corresponde en todo caso a las Direcciones de Personal del Ministerio o CCAA con competencias
Se impone un horario de teletrabajo fijo de 9 a 14,30 horas más dos horas de libre disposición en todos los territorios y fechas y no se contempla la desconexión digital
La jornada de teletrabajo y su parte fija no puede ser nunca superior a la fijada en cada ámbito territorial (jornada especial de verano, jornadas de 35 horas semanales, parte fija más reducida, etc.) por lo que no puede fijarse 7,30 horas diarias y 5,30 horas de parte fija con carácter general. Y el teletrabajo siempre será de lunes a viernes no festivos.
No se contempla flexibilidad horaria para quien acredite tener menores o mayores a su cargo durante ese horario obligatorio
En estos casos, debidamente acreditados, no puede haber parte fija aunque sí una localización telefónica obligada en las horas de audiencia
No se contempla el criterio para la asignación de puestos de teletrabajo cuando haya más solicitantes de los que sean necesarios y queda a criterio de la dirección funcional del órgano
Deben establecerse criterios objetivos para la selección de las personas que van a trabajar desde su domicilio


La representación del Ministerio se ha comprometido a facilitarnos en el día de hoy el documento definitivo de la Orden que firmará el Ministro la cual se publicará en el BOE de mañana, 6 de Junio.

CCOO SEGUIREMOS DENUNCIANDO ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y EXIGIENDO, COMO YA HEMOS HECHO, LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS E INCLUSO DE ORDEN PENAL, SI PROCEDEN, SI EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA LEY HA PODIDO PROVOCAR O PROVOCARA CONTAGIOS POR COVID-19 O RIESGOS INNECESARIOS PARA LA SALUD DEL PERSONAL DE JUSTICIA

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CCOO solicita al gobierno mejoras retributivas, de empleo y de derechos en las Administraciones Publicas




CCOO Y UGT EMPLAZAN AL GOBIERNO A NEGOCIAR UN NUEVO ACUERDO PARA LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS QUE PERMITA SEGUIR RECUPERANDO DERECHOS, SALARIOS Y EMPLEO

Además, instan a abordar el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, adaptaciones normativas, leyes de función pública y clasificación profesional, entre otros

El Área Pública de CCOO junto a la Federación de Servicios Públicos de UGT, organizaciones sindicales más representativas de las Administraciones Públicas, han dirigido un escrito al vicepresidente 2º y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la Ministra de Hacienda y a la Ministra de Política Territorial y Función Pública para trasladarles los elementos que, de manera prioritaria, deben formar parte de la mesa de diálogo social en nuestro ámbito. Los sindicatos piden acometer la negociación de un nuevo acuerdo en Función Pública, teniendo en cuenta que este es el último año de vigencia del II Acuerdo para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo, suscrito el 9 de marzo de 2018.

En la carta remitida al Gobierno se establecen tres grandes prioridades. La primera es la defensa de los Servicios Públicos, pilar fundamental de nuestra sociedad, hoy más que nunca demostrado en la crisis sin precedentes que venimos sufriendo producida por el Covid-19. La segunda, el empleo público, que debe pasar obligatoriamente por culminar los procesos de estabilización y consolidación, para rebajar la tasa de temporalidad, así como eliminar la tasa de reposición para dar respuesta a las necesidades urgentes de incremento estructural de las plantillas, habiéndose demostrado claramente insuficientes y muy mermadas por las políticas austericidas llevadas a cabo en la anterior crisis económica, donde se eliminaron las ofertas de empleo público. El tercer elemento fundamental es seguir en la senda de recuperación del poder adquisitivo y los derechos laborales de las empleadas y de los empleados públicos igualmente recortados en la anterior crisis.

La apuesta por los Servicios Públicos y el compromiso con las empleadas y empleados públicos con un claro reflejo en materia retributiva y condiciones de trabajo, así como un correcto dimensionamiento de las plantillas, junto a las políticas sociales, laborales y de igualdad, deben ser la seña de identidad donde trabajar. En este sentido, ambas centrales sindicales emplazan al Gobierno a iniciar una negociación que nos permita llegar a un Acuerdo donde queden reflejados estos compromisos.

Igualmente, el escrito señala otros elementos, no menos importantes, como es todo lo relacionado con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, adaptaciones normativas, leyes de función pública y clasificación profesional, entre otros.
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Oposiciones LAJ promoción interna: nombramiento como funcionarios en prácticas y convocatoria del curso selectivo




Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia:

LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo. (BOE de 8 de abril de 2019)


Orden de 4 de junio de 2020, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los opositores aprobados por el sistema de promoción interna.
4 de junio de 2020

Orden func.prácticas PI 2017'18

"Segundo.- Convocar a los aspirantes relacionados en el punto anterior, el próximo día 15 de junio, para iniciar el Curso Selectivo teórico-práctico a que se refieren el artículo 41 del Real Decreto 1608/2005 y la Base 9.3 de la Orden JUS/402/2019, en la forma que determine el Centro de Estudios Jurídicos."
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La Mugeju da marcha atrás y ahora reconoce que estaba obligada al pago de los subsidios de Incapacidad temporal reconocidos antes del Estado de Alarma


4 jun. 2020



La Mugeju da marcha atrás y ahora reconoce que estaba obligada al pago de los subsidios por incapacidad temporal ya reconocidos antes del 14 de marzo que unilateralmente dejó de pagar desde abril, tal y como reiteradamente ha reclamado CCOO

La Mugeju no obliga a las Entidades Médicas Privadas (EEMM) a realizar test de Covid pese a que exista prescripción médica, sino que, ante su negativa, remite a los y las mutualistas a que lo paguen y luego lo reclamen a través de Comisiones Mixtas

La Mugeju ha divulgado una Nota para informar del pago de prestaciones económicas durante el Estado de Alarma, en que informa que entre otras va a proceder al pago del subsidio por incapacidad temporal y las prestaciones por invalidez reconocidas con anterioridad al 14 de marzo, y que unilateralmente dejó de pagar.

Tal y como denunció CCOO, la Mugeju dejó de pagar durante el estado de alerta los subsidios por incapacidad y las prestaciones por invalidez reconocidas antes del 14 de marzo. La Mugeju, erróneamente, se amparó en lo dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, la cual garantiza el abono de las retribuciones a las personas mutualistas de MUFACE y de MUGEJU en situación de incapacidad temporal durante la vigencia del estado de alarma. Sin embargo, dicha Disposición se refería únicamente al abono de los subsidios por incapacidad temporal de aquellos y aquellas mutualistas que durante el estado de alarma alcanzasen el día 181 de la situación de incapacidad temporal, a partir de la cual se puede solicitar el abono de dicho subsidio, dejando inalterado el abono de quienes ya tuviesen reconocido el subsidio por incapacidad temporal antes del 14 de marzo.

Sin embargo la Mugeju, de forma unilateral, suspendió el pago de TODOS los subsidios por incapacidad temporal, estuviesen o no reconocidos antes del 14 de marzo, diciendo que debería abonarlos la Administración de que dependiera el mutualista. Como era lógico, cada Administración, amparada en dicho Real Decreto Ley, sólo ha pagado los subsidios de personas que hayan alcanzado el día 181 durante el estado de alarma, no los subsidios ya reconocidos antes de dicha fecha por la Mugeju. CCOO reclamó al Ministerio de Justicia y a la Mugeju el 23 de abril, el 28 de abril, el 5 de mayo y el 19 de mayo, que revocasen tal decisión que implicaba una pérdida de ingresos mensuales a decenas de mutualistas, y que hiciesen lo que hacía la Muface, que era pagar todos los subsidios ya reconocidos antes del 14 de marzo. La Mugeju, para más inri, suspendió también el abono de los subsidios por invalidez, éstos supuestamente por falta de personal.

Al final a la Mugeju no le ha quedado otro remedio que claudicar, y aunque sus responsables son incapaces de reconocer sus errores, ha publicado una nota interna por la que informa que va a proceder a los siguientes pagos:

  • A los y las mutualistas cuyo subsidio por incapacidad temporal había sido reconocido antes del 14 de marzo, los pagos correspondientes al mes de abril.
  • A los y las mutualistas perceptores de prestaciones de Incapacidad Permanente, Gran Invalidez e Hijo a Cargo con Discapacidad, la semana próxima pagará el mes de abril y la semana siguiente el mes de mayo.
  • A los y las mutualistas perceptores de Prestaciones del Fondo Especial: Pensiones de Jubilación, Viudedad y Orfandad, así como Hijo a cargo con Discapacidad de las tres mutualidades (Mutualidad Benéfica de Auxiliares de Administración de Justicia, Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia) , respecto de los cuales se había retrasado el pago del mes de abril y de mayo, la semana próxima se pagará el mes de abril y la semana siguiente el mes de mayo.

En cuanto a los y las mutualistas que cumplieron los 180 días de baja con posterioridad al 14 de marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma, las Gerencias y los Órganos de Personal no han realizado ningún descuento en las nóminas conforme lo dispuesto en el Real Decreto Ley 13/200. Con independencia de ello, los mutualistas tienen que realizar la solicitud del subsidio de Incapacidad temporal en la Mugeju, por correo, por la Sede electrónica o por correo electrónico sino les fuera posible hacerlo presencialmente.

De igual forma, es importante que los y las mutualistas que hayan cumplido los 180 días antes del 14 de marzo de 2020 y que no hubieran empezado a cobrar dicho subsidio todavía que comprueben que han presentado la solicitud de la prestación del subsidio de Incapacidad Temporal en la Mutualidad General Judicial, así como que sus órganos de personal hayan remitido las licencias correspondientes. En el caso en que no hayan presentado la solicitud del subsidio de Incapacidad Temporal deberán hacerlo a la mayor brevedad posible.

En cuanto a la realización de test por Covid, CCOO solicitó que por la Gerencia de la Mugeju se publicase una circular o instrucción de esa Gerencia, que asegure que las personas mutualistas tienen asegurado la realización del test del Covid-19 de forma gratuita, que contuviera que la única condición para que se realicen estos test de forma gratuita es que el o la mutualista presente el volante del facultativo que prescribe dicho test, así como la relación de laboratorio, direcciones y teléfonos de las EEMM para su realización en el menor tiempo posible. La Mugeju, como siempre amparando a las EEMM frente a los derechos de los y las mutualistas, publicó en su web una nota informativa en la que no dio respuesta de forma contundente y precisa a que se realizarán los test por las EEMM privadas de forma gratuita a todas aquellas personas que tengan prescripción médica que lo ordene.

Esta situación deja en indefensión a los y las mutualistas, pese a que tengan prescripción médica para realizarse la prueba por COVID. La Mugeju se remite siempre a lo que digan las EEMM privadas, y la única vía que le queda al o la mutualista ante la negativa de la EEMM a hacerle la prueba, pese a que tenga derecho a ella, es hacérsela de forma privada, abonarla y luego reclamar su abono por medio de una Comisión Mixta Provincial Mugeju-EEMM. Como siempre, la Mugeju sigue sin estar a la altura de las circunstancias y se erige en el defensor de las EEMM frente a los y las mutualistas, cuando debería ser al contrario.

CCOO recomienda a todos los y las mutualistas que tengan prescripción facultativa para hacerse el test Covid que, primero, reclamen por escrito su realización a su EEMM, y en caso de negativa o silencio se la hagan privadamente, la abonen y reclamen su pago a la EEMM por medio de la Comisión Mixta Provincial. No obstante, dada la trayectoria de las comisiones mixtas, no está garantizado que obtengamos su respaldo y obligue a las EEMM a abonar la prueba.

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CCOO reclama a la DGA el cumplimiento de las medidas preventivas en todas las sedes judiciales de Aragón



CCOO ha reclamado en el día de hoy a la Dirección General de Justicia de Aragón, a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales de que depende y al Servicio de Prevención de Administración General y Educación en que se encuadra la actividad preventiva de Justicia, el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en la Guía de Aplicación de Medidas Preventivas para la prevención del Contagio por Covid-19 en centros y sedes judiciales del Gobierno de Aragón (ver GUIA). 

Entre el míercoles y el jueves pasado CCOO realizó una encuesta en 27 Oficinas Judiciales de Zaragoza y Huesca, relativas al cumplimiento de las medidas preventivas establecidas en la Guía de Aplicación de Medidas Preventivas para la prevención del Contagio por Covid-19 en centros y sedes judiciales del Gobierno de Aragón, de cara a la reunión del Comité de Seguridad y Salud del Departamento de Presidencia celebrada el pasado viernes. Dicha encuesta traslada a preguntas muchas de las medidas preventivas establecidas en dicha Guía, así como algunas medidas que CCOO ha solicitado su inclusión en la misma. El resultado de la encuesta, de la que se ha remitido resumen a la DGA, demuestra que existen numerosas medidas que todavía tienen que ser implementadas, lo que urge de cara a la incorporación presencial de la totalidad de la plantilla a partir del 9 de junio y el previsible incremento de usuarios y profesionales que acudan a las Oficinas Judiciales tras el alzamiento de la interrupción de los plazos procesales a partir de hoy, 4 de junio. 

Desde CCOO hemos solictiado

- La implementación de todas las medidas preventivas includias en la citada Guía, así como en el Plan de Seguridad de Edificios Judiciales, de forma urgente, en todas las sedes judiciales de Aragón. 

- La supervisión por el servicio de prevención de Administración General y Educación del cumplimiento de dichas medidas en todas las sedes judiciales de Aragón. Dicha supervisión debe realizarse tanto en esta fase inicial como de forma periódica, incrementado para ello la dotación de dicho servicio si ello fuese necesario.
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Hoy se alza la suspensión de los plazos procesales, pero queda mucho para volver a la normalidad en la Administración de Justicia de Aragón



La Administración de Justicia recupera a partir de hoy jueves 4 de junio parte de su actividad con el alzamiento de la suspensión de los plazos procesales. Dicha suspensión fue establecida en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el primer estado de alerta, que establecía que "se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo".

El artículo 8 del Real Decreto 537/2020, de 20 de mayo, establece que "con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión de los plazos procesales". La Disposición Derogatoria Única de este Real Decreto deroga la Disposición del Real Decreto 463/2020, que suspendía los plazos procesales.

No todos los plazos procesales han estado suspendidos:

- La citada Disposición Adicional Segunda establecía que "en el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores. Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables". También establecía para el resto de órdenes jurisdiccionales determinados supuestos en que la interrupción de los plazos no sería de aplicación.

- El Ministerio de Justicia, de acuerdo con el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, establecieron un catálogo de servicios que declararon esenciales, para los cuales no existía interrupción de plazos.

La suspensión de plazos procesales supuso la paralización de buena parte de la actividad de la Administración de Justicia. El CGPJ, en una de las pocas decisiones valientes que ha adoptado a lo largo de esta crisis (en la mayoría ha hecho el ridículo a que nos tiene acostumbrados) dictaminó con fecha 18 de marzo que "durante el periodo de suspensión de los plazos procesales no procederá en ningún caso la presentación de escritos procesales de manera presencial, limitándose la forma telemática a aquellos que tengan por objeto única y exclusivamente actuaciones procesales declaradas urgentes e inaplazables por las Instrucciones y Acuerdos dictados al efecto por la Comisión Permanente. Ignorar estas prohibiciones y limitaciones supone contrariar la finalidad de la declaración de estado de alarma en la medida en que la presentación de un escrito desencadenaría la obligación procesal de proveerlo, actuación procesal que, de acuerdo con la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020 debe entenderse suspendida". A finales de abril reculó y el Ministerio de Justicia, de acuerdo con el CGPJ, permitió la presentación de dichos escritos y demandas, así como su tramitación, hasta el momento en que se produjera la apertura de un plazo suspendido. 

Las Administraciones han interpretado de manera torticera esta suspensión de plazos procesales, con la inestimable ayuda de las Comisiones de Seguimiento constituidas en las sedes de los Tribunales Superiores de Justicia arrogándose competencias que no tienen. A veces, estirando la norma y buscando la incorporación de más personal que el estrictamente necesario para cubrir las actuaciones cuyos plazos no estaban interrumpidos, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores del personal de la Administración de Justicia que tenían que cubrir juzgados "por si acaso" mientras los jueces permanecían (y permanecen) en casa. A veces, intentando dar la vuelta a qué actuaciones se podían hacer para ahorrarse unos euros, como está pasando en Zaragoza con el abono de las guardias de LEIS de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza, amparándose la Directora General de Justicia de Aragón en una interpretación que hace la Comisión de Seguimiento del TSJA de que dicha guardia estaba suspendida cuando dicha Comisión no tiene competencia alguna para interpretar normas o suspender servicios, y los Jueces y los LAJS ya han cobrado dicha guardia, mientras que al personal funcionario que fueron los que realmente estuvieron en sus puestos de trabajo durante dicha guardia no se les quiere abonar. 

Ahora, con el alzamiento de la interrupción de los plazos procesales, desaparece la distinción entre servicios esenciales y servicios no esenciales: se puede tramitar de nuevo todo. Pero queda mucho tramo por hacer. 

En primer lugar la DGA debe garantizar que la incorporación plena del personal a las Oficinas Judiciales, prevista a partir del 9 de junio y a salvo de lo que pueda mantener respecto del teletrabajo, se realiza con las medidas de seguridad establecidas por la propia DGA tanto en la Guía de Aplicación de Medidas Preventivas para la prevención del Contagio por Covid-19 en centros y sedes judiciales del Gobierno de Aragón (ver GUIA) como en el Plan de seguridad y medidas de protección ante el Covid-1 en los Edificios Judiciales de la Comunidad Autónoma de Aragón (ver PLAN). La encuesta que hizo en dos días CCOO la semana pasada con compañeros y compañeras de 27 Oficinas Judiciales de Zaragoza y Huesca demuestra que se está bastante lejos de cumplir las medidas preventivas necesarias, y la DGA tiene que ponerse las pilas para su cumplimiento. La medida preventiva más eficaz que se ha adoptado hasta la fecha fue el cierre de los edificios judiciales salvo para las actuaciones esenciales; la desaparición de la discriminación entre servicios esenciales o no esenciales supondrá un incremento del público y profesionales que acuden a las Oficinas Judiciales y Fiscales, por lo que las medidas preventivas deben cumplirse ya. 

En segundo lugar, es necesario que se establezcan protocolos claros de cita previa que por un lado permita regular y ordenar la atención presencial de público y profesionales en las sedes judiciales de Aragón, y por otro lado permita a los mismos hacer de forma telemática muchos de los trámites que hasta ahora se hacían de forma presencial. 

No debemos olvidar, sin embargo, que la Administración de Justicia constituye un servicio público; que muchas personas no tienen, por los motivos que sean, acceso a las herramientas informáticas para su atención no presencial, y a los que hay que seguir atendiendo; que existen numerosos trámites que requieren la presencia de los profesionales y usuarios en las dependencias judiciales, desde los Registros Civiles, pasando por los servicios de actos de comunicación y acabando por la celebración de juicios, vistas y comparecencias. Para todas estas personas la atención debe ser en condiciones de seguridad no sólo del personal de la Administración de Justicia, sino también de los  profesionales que les asistan y de los propios usuarios

Para ello es preciso que su atención sea en espacios que permitan mantener en todo caso la distancia de seguridad entre todas las personas (deben acabarse las declaraciones y juicios rápidos ante la mesa del funcionario o funcionaria), debe proveerse de EPIS que protejan al personal que trabaja y que eviten su posible contagio (las mascarillas higiénicas no protegen del contagio a quien las lleva puestas), debe realizarse en espacios con adecuada ventilación que puedan ser reciclados de forma habitual (reforzando la ventilación natural y creándola donde sea preciso), debe hacerse la atención al público mediante barreras traslúcidas que eviten la propagación de los virus (los plásticos vinílicos que han colocado son adecuados para la protección del trabajador en instalaciones eléctricas, no están adecuados para su uso como mamparas), etc. Hace falta mucho trecho para iniciar una nueva normalidad, no basta con el alzamiento de la interrupción de los plazos procesales. 


El próximo día 9 de junio la Administración de Justicia de Aragón, como en el resto de España, comenzará con la fase 3, con el 100% de efectivos trabajando presencialmente en los juzgados, a salvo de lo que se establezca sobre la posibilidad de teletrabajar, que en Aragón se prevé que serán diarios 1 ó 2 personas por Juzgado. Según el borrador que regula la Fase 3, del que el Ministerio de Justicia ha dado traslado a las organizaciones sindicales previa a su discusión mañana 5 de junio, los aspectos fundamentales de la fase 3, que luego la DGA tendrá que adaptar para el ámbito de Aragón, (ver BORRADOR DE FASE 3)son son estos:

1.-Fecha efectos de la fase 3, el día 9 de junio de 2020.

2.- 100% de la plantilla en horario de mañana y tarde, salvo teletrabajadores que el Ministerio cifra en una horquilla entre el 30 y el 40 % por Juzgado.

3.- Estableciendo la generalidad de los turnos de tarde conforme a la Orden JUS 394/2020. Quedan excluidos de la presencialidad del 100%, las y los funcionarios con teletrabajo (con la siguiente excepción), los acogidos a la exención por pertenecer a grupos vulnerables al COVID-19 y los que estén en uso del permiso por deber inexcusable, vacaciones, incapacidad temporal, etc, este personal funcionario sumara para el cálculo del 100% pero no formaran parte de los turnos. En Aragón no se prevé turno de tarde, ya que su establecimiento se ideó cuando por las condiciones de la Oficina Judicial no fuese recomendable que trabajase todo el personal en un único turno de mañana, cosa que en Aragón no es preciso. La DGA tampoco parece que vaya a permitir el trabajo voluntario en turno de tarde de parte de su personal, más allá de determinadas actuaciones como el Registro Civil Bis de Zaragoza cuando se implante, o la celebración de juicios con mucha afluencia de público. 

4. El ministerio prevé que el permiso por deber inexcusable termine con el fin del estado de alarma, esto es el 21 de junio. A falta de ver el borrador, estos permisos no deben ser reiterados al inicio de la fase 3.

5. En cuanto al personal perteneciente a los grupos vulnerables al COVID-19, afirma que seguirán realizando la valoración de cada caso y en función del criterio del riesgo de exposición la decisión va a ser que se vayan incorporando al trabajo.En Aragón dicha valoración la realizan los servicios de prevención, que son quienes tienen que decidir cuándo y en qué condiciones se incorpora este personal a la atención presencial. 

Por cierto, el 9 de junio que nadie se asuste: esas personas que vienen a los Juzgados, algunos y algunas con traje, otros con corbatas, que no ven desde hace dos meses y medio, no son seres extraños, sino Jueces que vuelven a sus despachos. 
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Información del Ministerio sobre los procesos selectivos


3 jun. 2020



El Ministerio de Justicia, en la reunión mantenida durante el día de hoy por videoconferencia ha informado de lo siguiente en relación a los procesos selectivos de Tramitación y Auxilio Judicial:

Tramitación Procesal.

El examen de Word, tal y como ya informó CCOO, se prevé para la segunda quincena de julio (más probable el fin de semana del 18 de julio), salvo problemas de aulas y autorización para hacerlo por el número de opositores y para asegurar las distancias de seguridad.

Auxilio Judicial

Se plantean las fechas de finales de octubre, primeros de noviembre.

Tal y como CCOO ha reclamado se quiere aprovechar para la realización de las pruebas optativas de lengua y/o derecho foral el mismo día que se haga la prueba de word. Asimismo, se quiere agilizar la realización de las pruebas optativas de lengua y/o derecho foral para los procesos selectivos de promoción interna y de Gestión turno libre.
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Fase 3 en la Administración de Justicia: entrará en vigor el 9 de junio



  • El Ministerio de Justicia convoca para el viernes 5 a las 9,30 reunión por videoconferencia para discutir las alegaciones que sean presentadas por las organizaciones sindicales representativas sobre el borrador de Orden remitido.

  • En la reunión se ha anticipado verbalmente por el Subdirector los aspectos sustanciales de la fase 3 de la desescalada, si bien se ha comprometido a remitirnos un borrador para que podamos formular alegaciones; se le ha recordado la obligación de negociar las condiciones de la FASE 3, si bien, ha reconocido que salvo orden en contrario "no hay hueco en la agenda para esta negociación".
Los aspectos fundamentales de la fase 3 que ha adelantado, son estos:

1.-Fecha efectos de la fase 3, el día 9 de junio de 2020.

2.- 100% de la plantilla en horario de mañana y tarde.

3.- Estableciendo la generalidad de los turnos de tarde conforme a la Orden JUS 394/2020. Quedan excluidos de la presencialidad del 100%, las y los funcionarios con teletrabajo (con la siguiente excepción), los acogidos a la exención por pertenecer a grupos vulnerables al COVID-19 y los que estén en uso del permiso por deber inexcusable, vacaciones, incapacidad temporal, etc, este personal funcionario sumara para el cálculo del 100% pero no formaran parte de los turnos.

4. El ministerio prevé que el permiso por deber inexcusable termine con el fin del estado de alarma, esto es el 21 de junio. A falta de ver el borrador, estos permisos no deben ser reiterados al inicio de la fase 3.

5. En cuanto al personal perteneciente a los grupos vulnerables al COVID-19, afirma que seguirán realizando la valoración de cada caso y en función del criterio del riesgo de exposición la decisión va a ser que se vayan incorporando al trabajo.

6. En cuanto al teletrabajo, afirman que se va a realizar un control de la intensidad del trabajo, que en cuanto al personal que acogido al permiso por deber inexcusable y grupos vulnerables, se verificará la cantidad y calidad de su trabajo, y el cumplimiento del horario en sus domicilios en la franja de 9 a 2:30 y 2 horas más en la franja horaria que queda por determinar; respecto de los que teletrabajan y no pertenecen a esos grupos se les va a exigir una presencialidad de 2 días por semana. 

Van a revisar las autorizaciones.

Esta tarde han remitido el borrador comprometido, al que CCOO realizará alegaciones para la reunión convocada el próximo viernes.



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Mugeju: nota sobre el pago de los subsidios por incapacidad temporal y permanente que estaban pendientes de abonar desde marzo



  • Nota del Área de Prestaciones Económicas de Mugeju sobre el pago del subsidio de Incapacidad Temporal e Incapacidad Permanente, que estaban pendientes de abonar desde marzo, que CCOO lleva reclamando durante semanas.
  • Hemos conocido esta nota del Área de Prestaciones Económicas de Mugeju, que esperamos publiquen en las próximas horas en su web.

NOTA PARA INFORMAR DEL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
DURANTE EL ESTADO DE ALARMA

En relación a la prestación del Subsidio de Incapacidad temporal se  están realizando los pagos que corresponden a los mutualistas que cumplieron los 180 días de baja antes del 14 de marzo que es cuando se decretó el estado de alarma, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Ley 13/2020 de 7 de abril de 2020 en su disposición adicional quinta.

En la actualidad, se están realizando los pagos correspondientes al mes de abril.

Es importante que los mutualistas que hayan cumplido los 180 días antes del 14 de marzo de 2020, comprueben que han presentado la solicitud de la prestación del subsidio de Incapacidad Temporal en la Mutualidad General Judicial, así como que sus órganos de personal hayan remitido las licencias correspondientes. En el caso en que no hayan presentado la solicitud del subsidio de Incapacidad Temporal deberán hacerlo a la mayor brevedad posible.

En cuanto a los mutualistas que cumplieron los 180 días de baja con posterioridad al 14 de marzo, cuando se decretó el Estado de Alarma, las Gerencias y los Órganos de Personal no van a realizar ningún descuento en las nóminas. Con independencia de ello, los mutualistas tienen que realizar la solicitud del subsidio de Incapacidad temporal en la MUTUALIDAD GENERAL JUDICIAL, por correo, por la Sede electrónica o por correo electrónico sino les fuera posible hacerlo presencialmente.


En relación a las Prestaciones de Incapacidad Permanente, Gran Invalidez e Hijo a Cargo con Discapacidad se ha retrasado el pago del mes de abril y de mayo, por la situación excepcional que se ha producido en el país, dada la crisis sanitaria.

La Semana próxima se pagará el mes de abril y la semana siguiente el mes de mayo 


En relación a las Prestaciones del Fondo Especial: Pensiones de Jubilación, Viudedad y Orfandad, así como Hijo a cargo con Discapacidad de las tres mutualidades (Mutualidad Benéfica de Auxiliares de Administración de Justicia, Mutualidad Benéfica de Funcionarios de Justicia Municipal, Mutualidad de Previsión de Funcionarios de la Administración de Justicia) se ha retrasado el pago del mes de abril y de mayo, por la situación excepcional que se ha producido en el país, dada la crisis sanitaria.

La Semana próxima se pagará el mes de abril y la semana siguiente el mes de mayo 
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Oposiciones LAJ: nota sobre la reanudación del proceso selectivo


1 jun. 2020




Se ha publicado en la página web del Ministerio de Justicia:

LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Orden JUS/402/2019, de 19 de marzo. (BOE de 8 de abril de 2019)

Nota sobre la reanudación del proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

1 de junio de 2020

Reanudación plazos oposición LAJ (PDF. 55 KB)
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Alzamiento de plazos Administrativos en la Administración de Justicia



ALZAMIENTO SUSPENSIÓN PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Como hemos ido informando, en el BOE del sábado 23 de mayo se publicó el alzamiento de la suspensión de los plazos administrativos con fecha de 1 de junio de 2020:

"Con efectos desde el 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas".

Dicha medida tiene una repercusión en distintos procesos administrativos en la Administración de Justicia que os pasamos a recordar:

1. CONCURSO DE TRASLADOS DE 2019

La declaración del estado de alarma provocó la suspensión de los plazos de toma de posesión del concurso de traslados de 2019, en concreto, los supuestos afectados son:

  • Si implica cambio de Comunidad Autónoma con plazo de toma de posesión de 20 días hábiles.
  • Si implica cambio de Comunidad Autónoma con origen o destino en Canarias, Baleares, Ceuta o Melilla, que el plazo de toma de posesión es de un mes. 
  • Reingreso al servicio activo con plazo de toma de posesión de 20 días hábiles. 

Desde CCOO remitimos el 24 de mayo escrito al Ministerio de Justicia reclamando que se facilitase la toma de posesión y el desplazamiento a los/as concursantes que se encuentran en distinta provincia a la que deben tomar posesión, dadas las restricciones actualmente existentes en todo el territorio nacional. Reclamación a la que hasta ahora no se ha respondido, por lo que, salvo que se publique algo por parte del Ministerio, desde hoy se reanudan los plazos administrativos para la toma de posesión.

2. ALEGACIONES DE MÉRITOS DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA (PROMOCIÓN INTERNA)

Tras numerosos retrasos, el pasado día 20 de mayo se publicaron los listados provisionales de méritos de Gestión Procesal y Administrativa (promoción interna) y en el acuerdo del Tribunal se establecía que el plazo de alegaciones de 10 días hábiles comenzaría desde el día siguiente de la publicación del acuerdo en la web del Ministerio de Justicia.

Tras la reclamación efectuada por CCOO, el pasado día 29 de mayo el Tribunal Calificador Único sacó una nota aclarando que el plazo de toma de posesión comenzaría con el alzamiento de la suspensión de los plazos administrativos, es decir, desde hoy 1 de junio de 2020:

Tras la reclamación de CCOO, el plazo de alegaciones al listado provisional de méritos del proceso selectivo de Gestión Procesal y Administrativa, promoción interna, se empezará a computar desde el 1 de junio


3. LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (PROMOCIÓN INTERNA)

El 11 de marzo de 2020 se publicó, en relación al proceso selectivo de Letrados de la Administración de Justicia (promoción interna) orden por la que los aspirantes que no prestasen expresamente su consentimiento en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas para poder consultar de oficio por el órgano competente los datos referidos a su titulación o certificación académica, deberían aportar la documentación que corresponda, abriéndose un plazo para la presentación de dicha documentación.

Con el alzamiento de la suspensión de plazos administrativos, se reanuda el plazo para la presentación de dicha documentación para los/as aspirantes que no lo hubiesen presentado, a pesar de que la nota del Área de Letrados del Ministerio de Justicia remitida la pasada semana lo omita:

Información del Área de Letrados del Ministerio de Justicia sobre reanudación de plazos administrativos


4. ACCIÓN SOCIAL 2020 (ÁMBITO NO TRANSFERIDO)

Desde CCOO hemos venido informando desde el inicio del estado de alarma de que, a pesar de la suspensión de los plazos administrativos, se podían seguir presentando las solicitudes de acción social 2020 a través de AINOA. Asimismo, la semana pasada informamos de que por parte del Área de Acción Social se estaba valorando la posibilidad de a partir del 1 de junio y la reanudación de los plazos administrativos, aumentar el plazo de presentación de la acción social. El pasado viernes se recibía comunicación que establecía:

"Con efectos desde el 1 de junio de 2020 el cómputo de los plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se reanudara, articulo 9, Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo . De ahí que el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social se reanuda el 1 hasta el 20 de junio, ambos inclusive, de 2020, si bien , quienes lo deseen, pueden continuar formulando las solicitudes, sin interrupción, hasta el último día del plazo habilitado en esta comunicación .”

Ámbito no transferido: Reanudación de plazo presentación solicitudes Acción Social 2020

Asimismo, hay que recordar que el alzamiento de plazos administrativos tiene repercusiones en numerosos procesos más allá de los aquí mencionados (que son los principales en la Administración de Justicia) pero van desde plazos para alegaciones, reclamaciones, bolsas de interinos, etc.
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Letrados de la Administración de Justicia: convocatoria de puestos de libre designación




MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia


Orden JUS/483/2020, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

PDF (BOE-A-2020-5514 - 3 págs. - 229 KB)    Otros formatos



Orden JUS/484/2020, de 19 de mayo, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

PDF (BOE-A-2020-5515 - 2 págs. - 226 KB)    Otros formatos
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Instrucción del Ministerio sobre el levantamiento de la suspensión de plazos administrativos




En el BOE de 30 de mayo, se ha publicado:

MINISTERIO DE JUSTICIA

Plazos administrativos

Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos administrativos.

PDF (BOE-A-2020-5475 - 4 págs. - 243 KB)       Otros formatos
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CCOO celebra la aprobación del Ingreso Mínimo Vital y no cejará en el empeño de implementar la ILP sindical de Prestación de Ingresos Mínimos




  • CCOO y UGT la valoran positivamente por tres razones: es una reclamación histórica de ambas organizaciones, su puesta en marcha es inmediata y completa uno de los vacíos de cobertura de la red de protección social en nuestro país.
  • Esta renta se hacía imprescindible desde el inicio de la crisis, hace ya más de dos meses, con el fin de que las familias sin ingresos contaran con unos recursos mínimos para vivir.
  • La aprobación de este ingreso mínimo no debe excluir que se mejore su regulación durante su trámite parlamentario, y debe ser acompañado de la tramitación parlamentaria de la ILP de CCOO y UGT para una Prestación de Ingresos Mínimos que lleva parada en el Congreso cuatro años.
En el BOE de 1 de junio, se publica:

JEFATURA DEL ESTADO

Ingreso mínimo vital

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital.

PDF (BOE-A-2020-5493 - 44 págs. - 699 KB)       Otros formatos

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CCOO y UGT celebran la aprobación, por fin, del Ingreso Mínimo Vital para intentar proteger a 850.000 hogares, que además están sufriendo muy intensamente esta crisis del coronavirus. Valoran positivamente esta medida porque es una reclamación histórica de ambas organizaciones (hace treinta años promovimos, tras la Huelga General del 14D de 1988, las pensiones no contributivas y, como última manifestación del compromiso sindical en esta materia, hace cuatro años presentamos la ILP de Prestación de Ingresos Mínimos en el Congreso, avalada por 710.000 firmas); porque su puesta en marcha va a ser inmediata, empezando a proteger a un colectivo prioritario; y porque completa uno de los vacíos de cobertura que existen en la red de protección social existente en nuestro país.

Una renta que refuerza el Estado de Bienestar y es un hito social en la lucha contra la pobreza, con una prestación que perdurará mientras persista la situación de vulnerabilidad familiar y que debe posibilitar que, quienes accedan a la misma, a través de medidas de fomento del empleo, puedan finalmente ingresar de nuevo en el mercado de trabajo, o en su caso, de inserción social. Por ello, sin perjuicio de la labor de acompañamiento de los servicios sociales, cuando corresponde, CCOO y UGT exigen un seguimiento permanente de cada caso por parte de los orientadores de los Servicios Públicos de Empleo, con un desarrollo de los itinerarios de formación específicos para conseguir la mayor empleabilidad a corto plazo.

Además, esta prestación debe ser independiente del cobro de otras prestaciones asistenciales y del subsidio por desempleo, con el fin de proteger a todas las personas que peor lo están pasando debido a esta pandemia.
Medida urgente

Desde el inicio de esta crisis, UGT y CCOO han insistido en reivindicar de manera constante la necesidad de extender de manera urgente la protección a todos los colectivos desfavorecidos, pues la cobertura de la protección por desempleo deja fuera a muchos desempleados sin ingresos (casi el 40%, y la red social aprobada por el Gobierno, exigida por ambos sindicatos y acordada en buena medida en el ámbito del Diálogo Social, a pesar de su extensión, tampoco ha llegado a todas estas personas.

Los sindicatos habíamos exigido una renta para dotar de unos recursos mínimos a las familias que estaban en situación de pobreza, exclusión o riesgo de exclusión social. Las personas que las integran, han sido golpeadas con dureza por esta crisis y en muchos casos no tan tenido ningún ingreso para poder sobrevivir.

Los sindicatos hubiéramos preferido que se hubiera articulado como una medida urgente y extraordinaria desde hace más de dos meses. Un millón de desempleados más debido a la COVID-19, de los cuales el 40% no cobra ninguna prestación; uno de cada cuatro hogares en riesgo de pobreza o exclusión social; 700.000 hogares sin ningún ingreso; más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro; 33.000 personas sin hogar; y 12 millones de personas en riesgo de pobreza. Una realidad, que agravaba la situación precedente, ya grave, de una parte importante de la población, exigía el impulso de esta renta desde hace ya dos meses.

El Gobierno ha preferido anticipar la creación de una medida más estructural, lo que ha provocado serias y evidentes deficiencias en los mecanismos de participación propios de la Seguridad Social, para diseñar una prestación nueva dentro de la misma, con un escaso margen de tiempo.
Para CCOO y UGT, se hacía necesaria esta Renta Mínima Vital, con requisitos específicos debidos a la crisis del COVID19, para una situación muy concreta por un periodo determinado, ya que articulada de la manera correcta puede alcanzar a todos los colectivos desfavorecidos y convertirse en un elemento determinante para que la salida de la crisis de nuestro país sea más rápida sin que nuestra sociedad pague una mayor factura en términos de pobreza.

Una ley específica para esta crisis y, después, desarrollar la ILP para una Prestación de Ingresos Mínimos
CCOO y UGT señalan que la Renta Mínima aprobada por el Gobierno no es la ley que ambas organizaciones hubieran esperado, pero consideran que su aprobación era necesaria para que los más afectados por esta crisis tuvieran recursos para poder sobrevivir.

Por ello, UGT y CCOO abogan, a la espera de conocer el texto final publicado en el BOE, por su tramitación parlamentaria en la que su contenido y diseño deben mejorarse, para permitir un mejor acceso a la prestación de la población vulnerable, incluidas las personas jóvenes emancipadas hace menos tiempo y a otros colectivos vulnerables; garantizar sin menoscabo alguno, el papel de los interlocutores sociales en los ámbitos de participación de la Seguridad Social; así como garantizar la mejor adaptación constitucional de la nueva prestación.

CCOO y UGT trabajaremos para que la compatibilidad de la nueva prestación con los salarios procedentes del trabajo, no produzca un incremento del fraude laboral y salarios aún más bajos, tal y como ya ha ocurrido en otros países que han implementado dicha compatibilidad. Igualmente, exigiremos que la nueva prestación de IMV tenga una revalorización automática, que como mínimo garantice su poder adquisitivo, pues es esencial en tanto que esta prestación se configura como un mínimo de ingresos, que no puede reducirse en términos reales por la subida de precios. Revalorizar anualmente, al menos en el IPC es, por tanto, una cuestión clave.

Al mismo tiempo, ambas organizaciones sindicales exigen que se inicie, sin más dilación la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Prestación de Ingresos Mínimos que ambos sindicatos llevamos al Congreso hace cuatro años, avalada por 710.000 firmas de la ciudadanía de nuestro país, y que ha sido retrasada y bloqueada desde hace varios años.

UGT y CCOO recuerdan que las políticas de austeridad de la última década, con especial intensidad durante los gobiernos del PP, recortaron el gasto público social y multiplicaron la pobreza en nuestro país, hasta tal punto que hoy el gasto social en España sigue siendo muy inferior a la media europea y muy por debajo de nuestro nivel de desarrollo económico. Resulta urgente e imprescindible impulsar la protección social de las personas, más aún después de esta crisis, mediante una nueva prestación no contributiva de la Seguridad Social y un elemento de enorme importancia para reforzar nuestro Estado de Bienestar, con el que muchas personas podrían salir de los índices de pobreza severa que acucian a una parte importante de la ciudadanía.

La ILP promovida por CCOO y UGT dará cobertura, de aprobarse, a un número mucho más amplio de personas en situación de necesidad. En su trámite parlamentario, el apoyo de las fuerzas políticas que ya la apoyaron en su día, y hoy cuentan con mayoría absoluta en la Cámara, debe hacerlo realidad.
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Planta Judicial: retraso de la entrada en funcionamiento de varios Juzgados previstos desde 2019





Se ha publicado en el BOE de 30 de mayo:

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial

Orden JUS/460/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 juzgados correspondientes a la programación del año 2019, y de efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de Apelación Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid.

PDF (BOE-A-2020-5474 - 2 págs. - 221 KB)    Otros formatos


Artículo único. Modificación de la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, por la que se dispone la fecha de efectividad de 22 plazas de Magistrado en órganos colegiados, de entrada en funcionamiento de 45 Juzgados correspondientes a la programación del año 2019, y de efectividad de 2 plazas de Magistrado en la Sección de Apelación Penal de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid.

1. Se deja sin efecto la fecha de entrada en funcionamiento, inicialmente establecida para el 31 de mayo de 2020 en el artículo 4, apartado 7, letras a), b) y c), de la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, para el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Murcia, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Toledo y el Juzgado de lo Penal número 2 de Segovia. 

2. Se deja sin efecto la fecha de entrada en funcionamiento, inicialmente establecida para el 30 de junio de 2020 en el artículo 4, apartado 8, letras a), b) y c), de la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, para los siguientes órganos judiciales: los Juzgados de Primera Instancia número 9 de Huelva y número 21 de Málaga, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Chiclana de la Frontera y el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga. Se establece como nueva fecha de entrada en funcionamiento para estos Juzgados el 31 de octubre de 2020. 

3. Se deja sin efecto la fecha de entrada en funcionamiento, inicialmente establecida para el 30 de septiembre de 2020 en el artículo 4, apartado 9, de la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio, para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Molina de Segura.
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