Europa Press. Manuel Bellido ha mencionado la situación de los juzgados y tribunales aragoneses, manifestando que, como en años anteriores, la Justicia aragonesa "sale bien parada en términos comparativos con el resto de comunidades autónomas".
"Si tomamos en consideración las tasas que indican los asuntos pendientes de resolución, tenemos, junto a Navarra, las cifras más bajas, claramente mejores que la media nacional. Y si comparamos la tasa de resolución de asuntos, estamos en cabeza, por encima también de la media", ha expuesto.
"Esta situación es producto de un esfuerzo compartido". Por una parte, ha dicho, de los jueces y magistrados, "que actúan con independencia y responsabilidad", a los que se suman fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y profesionales del derecho. Por otra, del Gobierno de Aragón, que proporciona el soporte material para el funcionamiento de los juzgados y tribunales, "necesario para que estos puedan cumplir satisfactoriamente su función en interés de los ciudadanos".
No obstante, pese a esta buena posición comparativa, "no debemos acomodarnos, ya que la actual situación no invita al optimismo". Ha llamado la atención sobre el incremento de asuntos en todas las jurisdicciones, pero que resulta especialmente preocupante en la civil, "jurisdicción que lleva varios años con una importante sobrecarga de los juzgados de primera instancia".
Estos, en particular los de Zaragoza, que tradicionalmente han sido un modelo de funcionamiento por la rapidez en el señalamiento de los juicios --entre dos y tres meses-- se están retrasando por el incremento de litigiosidad, de manera que actualmente los juicios se celebran en un período de entre seis y nueve meses, como media, desde la admisión de la demanda.
Por ello, "si queremos revertir la situación, que puede agravarse como consecuencia de las dificultades económicas que ya está generando la guerra de Ucrania y su repercusión sobre la energía y los mercados, resulta imprescindible que para el próximo ejercicio se creen dos juzgados de primera instancia en Zaragoza".
ESFUERZO PRESUPUESTARIO
Bellido ha pedido al Gobierno de Aragón que, "pese a las dificultades", haga ese esfuerzo presupuestario "que revertirá positivamente en los ciudadanos y en la economía aragonesa, beneficiarios directos del trabajo de los órganos judiciales".
"Debemos ser conscientes de los beneficios que una Administración de Justicia rápida y previsible genera en la buena marcha de la economía, así como de los perjuicios que los retrasos en el funcionamiento de los tribunales ocasionan al crédito de un país, ahuyentando la inversión", ha comentado.
En su opinión, un aspecto esencial para la modernización de la Justicia "es el proceso de digitalización, en el que somos punteros dentro del conjunto de las comunidades autónomas".
Una vez implantado el Expediente Judicial Electrónico, el principal reto es conseguir la interoperabilidad entre todos los juzgados y tribunales. "Éste es uno de los aspectos clave para el éxito del proceso de transformación digital".
Según ha manifestado, se trata de conseguir que los órganos judiciales que operan con distintos sistemas en España puedan compartir datos e intercambiar información y conocimiento entre ellos y en su relación con otras administraciones, entidades y profesionales que colaboran con la Administración de Justicia.
"La actual multiplicidad de sistemas de gestión procesal en las comunidades autónomas y las diferencias entre los sistemas informáticos de las administraciones públicas dificultan el intercambio de información", ha apostillado.
SOLUCIÓN
El presidente del TSJA ha precisado que la solución a este problema va a acometerse en los próximos meses, comenzando, en primer lugar, por aquellas comunidades autónomas que utilizan el sistema AVANTIUS, "que son, además de la nuestra, Navarra y Cantabria, a las que se ha añadido este año el País Vasco, del que debemos decir que Aragón ha sido su modelo en el proceso de implantación".
Se ha referido, asimismo, a la reforma organizativa de la oficina judicial para llevar a cabo "una mejor gestión de los recursos personales y materiales" y que conduzca, "como meta última, a la colegiación de los juzgados mediante la creación de los tribunales de instancia".
PODER JUDICIAL Y ESTADO DE DERECHO
En su intervención, Bellido ha observado que la preocupación de la sociedad se ha desplazado de la COVID-19 a las consecuencias de la guerra de Ucrania, en especial a la inflación.
"Junto a estos problemas, hay otros, también muy relevantes, que persisten en nuestra vida democrática y que afectan profundamente al funcionamiento del Poder Judicial y al Estado de Derecho".
Ha aludido así a "las graves consecuencias en que se encuentra el Poder Judicial español por la contienda política que impide su renovación y que ha llevado a suprimir competencias esenciales del órgano constitucional".
"La falta de renovación del CGPJ por el desacuerdo de los grupos parlamentarios, tras casi cuatro años desde la finalización de su mandato, constituye una grave anomalía para el adecuado funcionamiento de este órgano constitucional", ha sostenido.
"Desgraciadamente, en vez de resolverse, sus efectos se han agravado por la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2021, que suprime competencias esenciales del CGPJ cuando está en funciones, impidiéndole nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a otros cargos judiciales, situación que genera un grave deterioro en el funcionamiento del Alto Tribunal que, de seguir así, se extenderá pronto al resto de los órganos judiciales", ha advertido.
EFECTOS DEVASTADORES
Bellido ha dicho que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha cuantificado los "devastadores efectos" que genera la imposibilidad de reponer las plazas vacantes en el Tribunal Supremo, "que pronto alcanzarán al 25% de sus efectivos. También están sin cubrir 49 presidencias de tribunales de las 116 existentes en nuestro país", ha glosado.
"Especialmente grave es la situación en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central que, si no se remedia, a finales de año dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar predeterminados en la Ley, ya que las vacantes no han podido ser repuestas", ha señalado el presidente del TSJA.
Esta situación supone, entre otras consecuencias, "una importante reducción del número de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, así como un grave retraso en la admisión de los recursos de casación, todo ello con efectos desoladores en la función de creación de la jurisprudencia, que repercute en el resto de órganos judiciales", ha constatado.
En el caso de Aragón, actualmente hay dos vacantes que no pueden cubrirse por este motivo, la presidencia de la Audiencia Provincial de Teruel y la plaza de magistrado del turno autonómico de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia.
