En la Administración de Justicia
existe un doble rasero, todos lo sabemos: lo que se permite a unos, a otros les
está expresamente prohibido y duramente castigado. Por poner un ejemplo muy simple, jueces, fiscales y secretarios no fichan, con lo que no hay control de su horario y existen casos conocidos
por todos de incumplimientos de horarios (los secretarios tienen el mismo
horario que el resto de funcionarios de la Administración de Justicia; ¿para cuándo
su control?), de no estar en las horas de audiencia pública o incluso casos
flagrantes de ausencia al trabajo o de semanas “seudocaribeñas” ( 3 días de
trabajo a la semana), pero no pasa nada, si se les sanciona, están por encima de esas cosas que los normales funcionarios tenemos que cumplir a rajatabla. La verdadera reforma de la Administración de Justicia
pasa, en primer lugar, porque todos los que tienen más responsabilidad, y por
ello cobran más, trabajen lo que tienen que trabajar; cualquier otra componenda
(NOJ, servicios comunes, etc) no dejan de ser apaños.
Ese doble rasero aparece, con mayor
gravedad, en la actuación del Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial,
cuyas gastos privados en Puerto Banus han sido sufragados a costa del erario público, según la denuncia presentada por uno de los vocales del Consejo y no justificada por el propio interesado,
y tiene la cara de no dimitir ni dar explicaciones sobre los mismos. Ni que decir tiene qué habría pasado si un funcionario de Justicia hubiese utilizado fondos públicos para su uso privado.
Según todos los datos y tras la denuncia presentada
el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ ha utilizado miles de euros de dinero
público en viajes privados en una situación económica en la que el Gobierno
exige a los ciudadanos enormes recortes en sus derechos y en sus salarios.
Resulta mezquino que el
Presidente del CGPJ pretenda, en su calidad de máximo responsable de la
Administración de Justicia en España, dar lecciones a los demás afirmando
que la justicia es equilibrada e igual para todos los ciudadanos, mientras él
mismo se beneficia de su alto cargo pagando con fondos públicos los 13.000
euros de gastos suntuarios privados en hoteles de lujo (más de la mitad del
salario medio anual de un trabajador público), según la denuncia presentada.
Pero igual de grave es que una gran
parte de los vocales del CGPJ hayan solicitado la renuncia del denunciante en
vez de demandar la del denunciado, el cuál ha sido incapaz de negar los hechos
que se le imputan y al mismo tiempo se ha atrevido a despreciar a millones de
desempleados cuando ha definido como “una
miseria” lo gastado con dinero público, y se ha escondido detrás del
archivo de la investigación (no por falta de pruebas sino porque argumenta el
Fiscal que los asuntos no son constitutivos de causa penal) abierta por el uso
de los fondos públicos para gastos privados.
Esos vocales, que prefieren mirar
para otro lado en una gravísima situación de crisis económica en la que desde
el Gobierno se toman medidas de deterioro del Estado Social y Democrático de
Derecho contra los ciudadanos, y el Presidente del CGPJ, demuestran con su
actuación que les importa poco el deterioro más que justificado de la imagen de
la Administración de Justicia que ellos mismos
provocan, cuando se consideran especiales y actúan como si pudieran hacer con
los fondos públicos lo que les venga en gana.
Para el ministro de Justicia, y para
todo el Gobierno, sí puede ser delito la resistencia pasiva de los ciudadanos
cuando protestan con justicia por la defensa de sus derechos más básicos como
la educación pública y la sanidad universal y gratuita para todos, pero no lo es
que el más alto cargo de la máxima institución de la
Justicia en España pueda hacer lo que quiera con los fondos públicos, cuando
España está al borde del rescate por la UE.
Estas actuaciones, y la connivencia
del ministro de Justicia, que debía haberse colocado al lado de la verdadera
justicia criticando con la máxima dureza la actuación del Presidente del
Tribunal Supremo, son una de las expresiones de la desvergüenza del Gobierno,
que vende la imagen de que sus decisiones todos los viernes en el Consejo de
Ministros (reforma laboral, gravísimos recortes en Educación y Sanidad, inyección
de capital público de los ciudadanos a bancos arruinados por la mala gestión de
sus responsables…….) son actuaciones
equilibradas para todos los ciudadanos, mientras son incapaces de llevar a los
Tribunales de Justicia a los responsables que han hundido parte de la
Banca Española (Bankia, Caja del Mediterráneo, Bancaja….) con actuaciones
tan irresponsables como la del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid que utilizó Caja Madrid como si fuera suya,
han puesto en riesgo los ahorros de toda la vida de millones de ciudadanos
honrados y ahora España tenga que acudir a los fondos públicos para salvar a lo
que ha conducido las actuaciones irresponsables y muy lucrativas para esa
exigua minoría de los que ocupaban las direcciones de esos grupos financieros.
Señor Ministro: ¿con qué cara le podemos embargar el sueldo a un trabajador por no pagar un préstamo, si al presidente de todos los jueces se le permite utilizar dinero público en beneficio propio, sin castigo ni reproche alguno?
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