La Dirección General de Justicia de Aragón ha decidido no renovar a partir del 30 de junio el contrato de cuatro Tramitadores de refuerzo destinados en el Juzgado de 1ª Instancia 12 bis de Zaragoza, dedicado en exclusividad a la tramitación de las miles de demandas presentadas contra las entidades bancarias para la declaración de nulidad de las cláusulas suelo y devolución de las cantidades abonadas por los ciudadanos, lo que va a suponer un mayor retraso en la resolución de estas demandas, que actualmente tardan más de año y medio en resolverse, con grave perjuicio para la ciudadanía.
El Juzgado de 1ª Instancia 12 bis de Zaragoza, creado por acuerdo del CGPJ en mayo de 2017, está compuesto en la actualidad por 3 Jueces, 1 Letrado, 1 Gestor, 6 Tramitadores (5 de ellos contratados en régimen de refuerzo) y 2 Auxilios, además de 1 Gestor del Juzgado de 1ª Instancia 12 de Zaragoza que colabora en los señalamientos. Este Juzgado conoce en exclusividad de las demandas de cláusulas suelo presentadas en la provincia de Zaragoza hasta el 31 de diciembre de 2018, pues a partir de dicha fecha la competencia es del Juzgado de 1ª Instancia 12 (que ya tiene pendiente de resolver más de 1000 demandas presentadas este año). A 31 de diciembre de 2018 el número de asuntos pendientes en trámite, según estadística del CGPJ, era de 7.071 asuntos. En lo que va de año se han puesto más de 1100 sentencias y la previsión, en caso de poder continuar con su actual plantilla, era que al final de este año quedaran sentenciados todos los asuntos presentados a lo largo del año 2017. En estos momentos el Juzgado tiene más de 2.500 asuntos en trámite y unas 1.300 demandas del año 2018 pendientes de inicio.
La decisión de la Dirección General de Justicia de no renovar el contrato de los 4 Tramitadores en régimen de refuerzo hará imposible mantener el ritmo de incoación de asuntos, admisiones a trámite y señalamientos actual y ocasionará un retraso en la tramitación de las demandas presentadas hasta el 31 de diciembre de 2018 no inferior a 6 meses, cuando ya se tarda más de año y medio en resolver estos asuntos (se están resolviendo las demandas presentadas en noviembre de 2017). Miles de ciudadanos verán cómo la resolución de sus demandas y la devolución de las cantidades abonadas se retrasa aún más.
La Directora General de Justicia de Aragón María Ángeles Júlvez reclamó en octubre de 2018 al Consejo General del Poder Judicial un nuevo juez de refuerzo (en ese momento tenía 2 jueces) para dar salida al ingente volumen de demandas presentadas y que se pudieran dictar las sentencias a la mayor brevedad posible (Aragón_hoy 17.10.2018). El CGPJ destinó un tercer juez a este Juzgado. A juicio de CCOO, resulta sorprendente y contradictorio que quien hace apenas 9 meses reclamó al CGPJ mayor dotación de jueces suprima ahora gran parte de la dotación del personal precisa para que la tramitación de estos asuntos llegue hasta la fase de juicio, en la que intervienen los jueces.
La decisión del Gobierno de Aragón supondrá la falta de medios humanos necesarios para el correcto funcionamiento del Juzgado de 1ª Instancia 12 bis de Zaragoza, creándose un cuello de botella en la fase de incoación – admisión a trámite – señalamiento de audiencia previa y juicio (se incoarán y señalarán muchos menos), lo que llevará al colapso del Juzgado y al retraso injustificado en la resolución de las demandas ante el mismo planteadas.
CCOO ha hecho gestiones ante la Dirección General de Justicia de Aragón para la renovación de este personal, obteniendo la callada por respuesta.
