El acuerdo de la comisión permanente del CGPJ fue adoptado tras analizar la propuesta de la dirección general del Servicio Público de Justicia y los informes de Inspección del CGPJ y de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia afectados (Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón). El presidente del TSJA, Manuel Bellido, dijo durante la inauguración del Juzgado de Violencia 3 de Zaragoza que en la reunión en la que se trató el tema "no hubo unanimidad" y que la propuesta "podría no ser bien recibida en Aragón".
Y acertó de pleno, porque desde el primer momento la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, mostró su más absoluto rechazo y envió un informe (no vinculante) a la ministra de Justicia, Pilar Llop, explicándole lo contraproducente que la medida, de salir adelante, podría ser para las víctimas. Y recalcó lo disuasorio que resultaría para que den el difícil paso de denunciar, además de que la propuesta es opuesta a la política de promoción de los servicios públicos locales y la lucha contra la despoblación.
"Se trata de acercar servicios"
A la consejera se sumaron los alcaldes de las tres localidades, la Diputación Provincial, el Colegio de Abogados de Zaragoza y la mayoría de los profesionales que trabajan con las mujeres maltratadas, desde la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), pasando por trabajadoras sociales o abogadas.
"Nosotras estamos rotundamente en contra", afirma Carolina Llaquet, técnica de Fademur en Aragón. "La propuesta contribuye a desincentivar a las víctimas para que denuncien. Si ya les resulta complicado dar el paso, si tienen que ir a la ciudad, todavía más", afirma. Llaquet subraya que de lo que se trata en la lucha contra la violencia machista es de acercar servicios, no de quitar los que hay. "Si estamos defendiendo facilitar las cosas a las mujeres, esto es todo lo contrario", dice.
Amaya Betore, abogada con gran experiencia que asiste a diario a maltratadas en los juzgados de Ejea y Tarazona, es de la misma opinión: "Lo que va a hacer la mujer es aguantar más. Va a agrandar más la brecha y la situación empeorará porque son más obstáculos a combatir", afirma. Y añade: "Obligar a las maltratadas a ir a un juzgado de Zaragoza es invitarlas a no denunciar". Testigo durante estos años de lo que ha costado desarrollar los servicios para "activar los pueblos, descentralizar y desarrollar recursos", para Betore un "grave error" eliminar esta jurisdicción esencial.
"La situación empeorará"
"En la comarca se creó una red de asistentes sociales que hacen las valoraciones, hay una casa de acogida, un punto de encuentro y medios dirigidos a incentivar las denuncias. Es decir, se ha gastado dinero, se ha invertido y ahora dice el CGPJ que se vayan a Zaragoza y se dilapide. Con todos mis respetos, estoy en contra, además de que todo conduce a lo mismo, la desaparición de los pueblos", señala la letrada.
Una de las razones que alega el CGPJ para eliminar la jurisdicción es que "puede ser bueno sacar a la víctima de su entorno". "Eso es una doble pena. Encima de que eres víctima del delito te tienes que ir de tu casa y el maltratador se queda en su pueblo", subraya.
Beatriz Berné, comandante jefa de Policía Judicial e Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, coincide con las profesionales anteriores. Le llama la atención que, a diferencia de las ciudades, en los lugares pequeños muchas veces es la víctima la que, si quiere una nueva vida, tiene marcharse del pueblo, en vez de los agresores. "Es difícil de entender que sea ella la que tenga que buscar nueva casa, trabajo, cambiar de colegio a los niños, de médico y, en definitiva, desarraigarse", afirma. En su opinión, las víctimas de violencia de género en el medio rural tienen más dificultades para acceder a los recursos que en el ámbito urbano y alejar los juzgados no las va a ayudar. Explica que están más expuestas a la "vulneración de su derecho a la intimidad y al honor" porque en cuanto denuncian están en "boca de todos" y "son juzgadas públicamente sin saber qué ha pasado", pues persiste la creencia de que la violencia que ejercen sobre ellas sus parejas (a veces primero sus padres) es algo a ventilar de puertas para adentro. "Y hay gente que sigue mirando a otro lado. Por eso, cuando hay un asesinato y los vecinos dicen que todo era ‘normal’ y no habían visto ningún indicio puede que lo que tengan sean remordimientos por no haber dicho nada", manifiesta.
Beatriz Berné pone de relieve lo difícil que resulta a veces hacer cumplir las órdenes de alejamiento o los problemas añadidos que tienen las mujeres extranjeras, sin redes familiares cerca, sin madres o hermanas que las ayuden y apoyen a dar el paso de denunciar. "Su vida se desmorona y están solas", subraya. Y, sobre todo, incide en un punto clave: "Educación, educación, educación. Hay que hacer ver a los jóvenes que hay conductas que no son aceptables; decirles a los chicos que las chicas tienen sus mismos derechos, que no tienen por qué controlar su móvil, la ropa o sus amistades. Y a las jóvenes que el control no es amor, que no las quieren más quienes coartan su libertad. Las redes sociales y determinados programas televisivos no ayudan a modificar las conductas", advierte la comandante. A la pregunta de qué le diría a una mujer que piensa que si se acerca al cuartel de la Guardia Civil la van a señalar con el dedo, responde: "Que lo que van a a decir de ella es que es muy valiente, y dentro va a encontrar gente que la va a ayudar".
"Aquí no hay cercanías y el transporte público es deficiente"
El CGPJ, para hacer su propuesta, concluyó que, para una víctima, una distancia "razonable" a un juzgado son 50 kilómetros o 40 minutos. En el caso de Aragón, el desconocimiento que muestra del territorio es supino, pues solo de Ejea a Zaragoza hay 75 kilómetros, o 2 horas y cuarto desde Salvatierra de Esca, el más alejado. El informe elaborado por la Federación de Mujeres Rurales (Fademur) sobre violencia machista reveló que uno de los principales obstáculos para denunciar es la dispersión geográfica y la carencia de transporte público, al menos así lo manifestó el 39,57% de las encuestadas. "Piensan con la cabeza de Madrid y creen que aquí hay metro, cercanías, que todas las mujeres conducen y tienen coche", indica Carolina Llaquet. Para la técnico de Fademur Aragón hay una conclusión muy preocupante del estudio:en 2021, el 38% de los casos de violencia de género se registraron en ciudades de menos de 20.000 habitantes. En 2022, el 46% de las mujeres que han sido asesinadas vivían en pueblos. "Y hay que tener en cuenta que en medio rural reside solo el 20% de la población de España", advierte.
"Muchas mujeres tardan hasta 20 años en contarlo"
"Trabajamos para que las denuncias aumenten, ese es nuestro objetivo, y la propuesta del poder judicial no ayuda", afirma Carolina Llaquet, técnica de la Federación de Mujeres Rurales en Aragón. El informe elaborado por Fademur con el Ministerio de Igualdad demuestra que la mayoría de las mujeres que denuncian llevan 20 años aguantando el maltrato (bien físico, psicológico o económico) por falta de independencia económica. "Faltan oportunidades, tienen mucha presión familiar y todo les conduce a callarse. La medida del CGPJ puede añadir un maltrato institucional", dice.
El decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, considera desacertada la propuesta y destaca la "incoherencia del sistema". "En 2004 se hace una ley de violencia, se crean juzgados especializados y después de años de inversión y desarrollo llega esta iniciativa y obligan a las víctimas a desplazarse a Zaragoza", critica y añade que la ciudadanía no va a entender una medida así que toma un poder público.
