El Sr. Borrás y sus compañeros de la Dirección General han perdido el norte con el tema de los cursos de formación sobre la Nueva Oficina Judicial. Como ya no saben cómo justificar por qué no se negoció la realización de estos cursos dentro del Plan Normalizado de Formación, negociado apenas hace 2 meses, cuando desde noviembre de 2009 se sabe que las nuevas leyes procesales entran en vigor en mayo de este año, han dirigido una nueva comunicación a los funcionarios en la que empiezan remitiéndose al Congreso de los Diputados (no sabemos que pinta en este entierro) para acabar “informándonos” que nuestra negativa a acudir a sus cursos puede ser constitutiva de un acto de insubordinación o rebeldía por desobediencia expresa a órdenes de un superior.
Resulta que ahora, no hace dos meses, se han dado cuenta de que “nos encontramos en una reforma legislativa de importancia trascendental en la Administración de Justicia”, lo que a su juicio “trasciende y desborda el plan anual de acción formativa…, demandando un plan de actuación extraordinario para satisfacer el imperativo de la modificación legislativa”. Nada que oponer, ya que esto mismo se lo venimos diciendo a Borrás desde el mes de noviembre del año pasado. Pero esta “aparición” que ha visto Borrás y compañía de repente no justifica que no se negocien con los representantes de los trabajadores ni la reforma de la oficina judicial ni los planes de formación precisos para su implantación. Porque insistimos: lo que hay detrás de todo esto es la negativa de Borrás a que los funcionarios participemos en el diseño de nuestra oficina judicial. Además, de formación “urgente” nada de nada: Borrás, en el mes de enero, ya había decidido la realización de estos cursos y no han querido negociarla, por lo que es falsa la argumentación de que es urgente e inaplazable de su imposición.
Sigue la comunicación de Borrás y compañía diciendo que “es obvio que las modificaciones legislativas producen una modificación sustancial en las condiciones de trabajo del personal perteneciente a los Cuerpos Nacionales al Servicio de la Administración de Justicia, que conllevan la necesidad y conveniencia de establecer un plan de formación extraordinario, inaplazable y de obligada asistencia…”. Lo que si tiene carácter inaplazable, que se enteren Borrás y compañía, es la negociación de la modificación de cualquier condición de trabajo, tal y como establece el art. 37.1 EBEP, y esas modificaciones se producen como consecuencia del cambio en el diseño de las oficinas judiciales que se siguen negando a negociar.
Que quede claro: no nos negamos a ser formados, ni a la reforma de la oficina judicial, pero sí que nos negamos a que se nos imponga sin negociación la formación, la nueva oficina judicial y las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que ellos mismos reconocen.
Borrás y compañía lo tienen tan sencillo como convocar una Mesa Sectorial de Justicia, no una mera reunión informal para imponernos sus ideas y de la que ni siquiera se levante acta, tal y como pretendía el viernes pasado, y empezar a negociar el diseño de la nueva oficina judicial, el proceso para su implantación y la formación precisa para adaptarnos a las nuevas leyes procesales. Leyes que por cierto son independientes de la reforma de la oficina judicial, porque lo único que hacen en la mayoría de los casos es repartir competencias entre Jueces y Secretarios, por lo que tal y como dice su preámbulo no se entra en cuestiones organizativas ni es precisa para su implantación que hayan comenzado a funcionar o no los servicios comunes. La Mesa Sectorial, pese a la cantidad de cuestiones pendientes, no se ha reunido desde el año pasado porque a quien corresponde su convocatoria, que es al Sr. Borrás, no le ha parecido oportuno. A estos efectos, CCOO ha presentado en el día de hoy una solicitud de convocatoria de Mesa Sectorial de Justicia, para debatir este asunto, del cual acompañamos copia en el siguiente link: solicitud de Mesa Sectorial.
Los delegados y las delegadas de CCOO no vamos a asistir a ningún curso que no haya sido previamente negociado en la Mesa Sectorial, tal y como se establece en el Acuerdo Marco. Borrás incumple dicho Acuerdo Marco porque no existe justificación alguna para que se impongan estos cursos sin previa negociación, cuando ha habido tiempo más que suficiente para ella. Desde el convencimiento de que la actuación de la Dirección General de Justicia no es ajustada a derecho, y ante su información de “posibles comisiones de faltas disciplinarias”, CCOO valorará si el comportamiento en esta materia de la Dirección General de Justicia del Gobierno de Aragón y la que parece anunciar a través de su última comunicación puede tener trascendencia, además de en el campo administrativo, en otros órdenes jurisdiccionales, y actuaremos en consecuencia.
