La escasa asistencia a los cursos de formación organizados por la Dirección General de Justicia, forzada en casi todos los casos por la amenaza de incoación de expedientes disciplinarios, pone de manifiesto el rotundo fracaso de dichos cursos de formación.
Asamblea tras asamblea, allá donde se celebren, los funcionarios de Justicia ponen de manifiesto su rechazo más absoluto a unos cursos de formación no negociados, impuestos por la Dirección General de Justicia, presentando escritos dirigidos a los Secretarios Judiciales y al Consejero de Justicia de Aragón en el que manifiestan su negativa a asistir a esta formación impuesta. Al efecto adjuntamos los últimos escritos acordados en las Asambleas de funcionarios de Zaragoza capital, dirigidos al Consejero de Justicia, diferenciados según les hayan trasladado o no sus Secretarios la obligatoriedad de asistir a los cursos, para presentarlos hoy día 16 de marzo.
Funcionarios a los que sí le han notificado los cursos
Incluso muchos Secretarios Judiciales ya han manifestado su hartazgo de tener que actuar como “mandatarios de los desvaríos de la Dirección General de Justicia y de la Secretaría de Gobierno”, que les ponen constantemente en frente de los funcionarios que trabajan en sus órganos judiciales. Por mucho comunicado que Borrás y compañía sigan escribiendo y mandando a los Secretarios (creemos que van por el tercero), los hechos son tozudos: pretenden imponer unos cursos de formación obligatorios para implantar la nueva oficina judicial sin haber negociado con los representantes de los trabajadores, sin motivo de urgencia alguno pues han tenido cuatro meses para hacerlo, lo que motiva la nulidad de la convocatoria de los cursos por incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Marco del año 2008 y en el Estatuto Básico del Empleado Público. No hay urgencia que justifique la falta de negociación pues hace dos meses se negociaron los demás cursos de formación del año 2010, y fue la propia DGA la que optó por impartir cursos de informática frente a la posibilidad de impartir los cursos que ahora nos quiere imponer.
La solución a este embrollo es bien sencilla: convocar formalmente a los representantes de los funcionarios a una negociación real sobre estos cursos de formación y los diversos aspectos relacionados con los mismos (horarios, compensaciones horarias, lugar de su impartición, desplazamientos, etc). Mientras no se negocie, podrán sacar 50 comunicados, que seguirá siendo nula la convocatoria.
DI NO A LOS CURSOS DE BORRAS
Incluso muchos Secretarios Judiciales ya han manifestado su hartazgo de tener que actuar como “mandatarios de los desvaríos de la Dirección General de Justicia y de la Secretaría de Gobierno”, que les ponen constantemente en frente de los funcionarios que trabajan en sus órganos judiciales. Por mucho comunicado que Borrás y compañía sigan escribiendo y mandando a los Secretarios (creemos que van por el tercero), los hechos son tozudos: pretenden imponer unos cursos de formación obligatorios para implantar la nueva oficina judicial sin haber negociado con los representantes de los trabajadores, sin motivo de urgencia alguno pues han tenido cuatro meses para hacerlo, lo que motiva la nulidad de la convocatoria de los cursos por incumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Marco del año 2008 y en el Estatuto Básico del Empleado Público. No hay urgencia que justifique la falta de negociación pues hace dos meses se negociaron los demás cursos de formación del año 2010, y fue la propia DGA la que optó por impartir cursos de informática frente a la posibilidad de impartir los cursos que ahora nos quiere imponer.
La solución a este embrollo es bien sencilla: convocar formalmente a los representantes de los funcionarios a una negociación real sobre estos cursos de formación y los diversos aspectos relacionados con los mismos (horarios, compensaciones horarias, lugar de su impartición, desplazamientos, etc). Mientras no se negocie, podrán sacar 50 comunicados, que seguirá siendo nula la convocatoria.
Por eso,
Desde la nulidad de pleno derecho de la convocatoria de cursos no negociada con los representantes de los funcionarios.
Desde el convencimiento de que no se nos puede sancionar por no acudir a unos cursos cuya convocatoria es nula.
Desde el rechazo a la supuesta urgencia para su convocatoria sin previa negociación cuando han tenido desde primeros de noviembre para reunirse con los representantes de los trabajadores.
Desde la exigencia de la negociación para establecer una formación obligatoria a los funcionarios de la Administración de Justicia.
Desde el rechazo a las mentiras constantes de Borrás, que ni informó ni negoció con los representantes de los trabajadores la realización de estos cursos.
Desde la negativa a acudir a cursos fuera de nuestras localidades de trabajo sin las oportunas compensaciones, tanto horarias como por los desplazamientos a realizar.
Desde la oposición a cursos de formación obligatoria impartidos fuera del horario de trabajo o en horas a las que es imposible que acudan los que viven fuera del lugar donde se imparten.
Desde la firmeza frente a las amenazas de quien no tienen otro argumento para convencernos para asistir a unos cursos de formación.
Desde la reclamación de negociación con nuestros representantes todo lo que ataña a la implantación de la nueva oficina judicial, incluido su diseño y los cursos de formación.
DI NO A LOS CURSOS DE BORRAS
