En el acto de firma del protocolo para la creación y puesta en funcionamiento de una Comisión Mixta entre el Ejecutivo autónomo y el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) en el día de hoy, el consejero Rogelio Silva recordó que la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial es uno de los proyectos "importantes" que la Comunidad debe afrontar, un proceso en el que "agradezco la colaboración de los jueces, secretarios judiciales y magistrados" (a los demás nada tiene que agradecer, porque los excluye directamente).
En este sentido, indicó que la implantación de la Oficina Judicial se realiza en "dos fases". En una primera, se trabaja con los jueces, secretarios judiciales y fiscales; mientras que la segunda fase será "a nivel sindicatos, que tendrán su participación (en este proceso), como no puede ser de otra manera". Sin embargo, Silva aclaró que la organización, diseño y puesta en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial es competencia directa de la Comunidad autónoma y es "fundamental hacerlo de acuerdo con jueces, magistrados y secretarios judiciales" porque serán quienes tengan "una responsabilidad enorme" a la hora de hacer funcionar la nueva Oficina Judicial. (Debe ser que hasta ahora Jueces, Magistrados y Secretarios no tienen ninguna responsabilidad en el buen o mal funcionamiento de los Juzgados y demás oficinas).
Así, llegará "el momento de hablar sobre los puestos de trabajo, momento en el que tendremos que hablar con los sindicatos", porque para llevar este proyecto "a buen puerto es necesaria la participación de todos, pero cada uno con su responsabilidad", aseveró.
Es decir, Silva no cuenta con los funcionarios de Justicia en la organización, diseño y puesta en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial. Nuestro único papel debe ser acatar los errores constantes de su equipo, su desconocimiento de la materia y ocupar los puestos de trabajo que Jueces, Secretarios y Borrás, sin culpa ni mácula alguna sobre el actual funcionamiento de los Juzgados, diseñen para nosotros. A Silva no le importa que el Consejo General del Poder Judicial, con su reciente Reglamento para la homogeneidad de los servicios procesales comunes, interfiera en las competencias que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de diseño y organización de la nueva oficina judicial; lo que realmente le importa es que los funcionarios no participemos en dicho diseño.
Silva sabrá lo que dice. Solo los soberbios y los torpes excluirían de una reforma que va a afectar a la gran mayoría de trabajadores de una empresa o administración a sus representantes legales. Sólo los soberbios y los torpes despreciarían la experiencia de 1200 trabajadores en la búsqueda de cómo mejorar el servicio que se presta. Quizás debería aprender de su compañero de partido y Consejero de Industria Arturo Aliaga, reunido con directivos y sindicatos de la Opel España en la búsqueda de un acuerdo alcanzado tras horas de reunión. Pero es que Aliaga es inteligente.
