Resumen de la Mesa Sectorial del 28 de abril de 2010
Hoy 28 de abril se ha reanudado la Mesa Sectorial de Justicia del pasado 30 de marzo, estando pendiente de debate el Plan Estratégico de la DGA para la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón. La anterior reunión había acabado tras la negativa de la DGA a negociar o modificar ni un solo punto del Plan Especial de Formación.
Tras la postura de la DGA en la última reunión, CCOO y CSIF decidieron constituir una plataforma reivindicativa conjunta, centrada en cuatro puntos principales (la participación en el diseño de la nueva Oficina Judicial, la negociación de las condiciones laborales básicas para la implantación de la nueva oficina judicial, el mantenimiento de los refuerzos y el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco 2008), recogiendo centenares de firmas de funcionarios de Justicia que reclaman al Consejero de Justicia el cumplimiento de dichos puntos. Decenas de funcionarios se han concentrado en la puerta de la Dirección General de Justicia exigiendo a la DGA que se abriera un verdadero proceso de negociación sobre dichos aspectos. Por eso, en la reunión del día de hoy y más que nunca, había centenares de razones para que la DGA abriese por fin la vía de la negociación.
Desde luego no es para echar las campanas al vuelo, ni siquiera para bajar la guardia ni desmovilizarnos, pero hoy la DGA ha aceptado, por fin, que se abra a la participación de los funcionarios, a través de sus representantes, el diseño, estructura y características de la nueva oficina judicial, así como el calendario y condiciones para su implantación. Falta concretar en qué forma se va a llevar a cabo dicha participación, si mediante nuestra integración en el grupo de trabajo que ya forman DGA, Jueces, secretarios y Fiscales (tal y como se nos afirmó en el mes de enero), o bien a través de la constitución de un grupo de trabajo propio y específico.
CCOO solicitó formalmente el día 18 de febrero la integración de los representantes de los trabajadores en el Grupo de Trabajo constituido por 2 representantes de la DGA, 2 Jueces, 2 Secretarios y 2 Fiscales para el diseño de la futura oficina judicial en Aragón. En el mes de enero el Sr. Director General se había comprometido a integrar a representantes de los trabajadores en dicho grupo, pero no sabemos bien si por presión de algún colectivo de dicho grupo de trabajo o por otro motivo que desconocemos luego se volvió atrás en dicho compromiso. Este grupo de trabajo carece de carácter institucional, pese a lo que quieran afirmar desde la DGA, ya es un grupo asesor de la DGA que es quien en definitiva tiene las competencias para aprobar un diseño u otro de la nueva oficina judicial, lo que desde este sindicato nunca se ha discutido. Pero dicha competencia no obsta para que nuestra voz sea oida, tal y como hemos manifestado reiteradas veces, porque si hay a un colectivo que realmente va a ser afectado por la reforma de la oficina judicial éste no es ni los jueces ni los fiscales, ni siquiera los Secretarios pues ahora la mitad van a pasar a ser “jefes” de algo, sino a los más de 1300 funcionarios de la Administración de Justicia que pueden ver cómo el concepto clásico de “juzgado” desaparece, se inicia un proceso de movilidad sin precedentes y al final somos los que damos la cara ante los ciudadanos.
Por eso es y será esencial nuestra participación en el diseño de la nueva oficina judicial. Resultaría totalmente incomprensible e injustificable que no se cuente con los representantes de los funcionarios de Justicia en el diseño de una reforma que va a afectar profundamente a sus condiciones de trabajo y al servicio público que prestamos. No olvidemos que la existencia de oficinas de mayor o menor tamaño, o de servicios de apoyo a las mismas, tendrá mucha influencia en el disfrute de vacaciones o permisos, en las posibilidades de promoción o movilidad de los funcionarios y, en definitiva, en las condiciones de trabajo de los mismos. CC.OO. no colaborará en una reforma de la oficina judicial que, con la intención de beneficiar a unos pocos perjudique a la gran mayoría, ni que lejos de mejorar la situación y funcionamiento de la justicia la dañe aún más; nadie mejor que quienes estamos cada día al pie del cañón para realizar nuestras aportaciones al respecto.
La DGA por fin reconoce que la falta de información que estamos teniendo los funcionarios sobre la reforma de la oficina judicial, consecuencia directa de nuestra exclusión del Grupo de Trabajo, está perjudicando la cohesión y compromiso que debería haber de todos los actores judiciales, incluidos funcionarios, ante dicha reforma. Y es que el rosario de noticias que hemos tenido sobre la reforma de la oficina judicial en Aragón en los últimos tres meses no es para quedarse quietos:
- en el mes de febrero la DGA entendía prematuro hablar con los sindicatos de la reforma de la oficina judicial, pero no era prematuro hablar con Jueces, Secretarios y Fiscales sobre ello.
- en el mes de marzo el Consejero Silva confirma reiteradamente la exclusión de los representantes de los funcionarios del Grupo de Trabajo para el diseño de la reforma de la oficina judicial, afirmando que sólo se contará con nosotros una vez dicho Grupo de trabajo haya finalizado sus trabajos.
- Aparecen publicados en los medios de comunicación los servicios comunes que es posible que se creen en Zaragoza.
- En dicho mes sale publicado en un diario regional la intención de la DGA de que no haya amortizaciones de plantilla como consecuencia de la reforma.
- Aparece publicada la constitución de las Unidades Administrativas y la asunción de competencias en materia del personal por las Oficinas Delegadas de la DGA, sin previa negociación, participación o informe, unidades que la LOPJ enmarca dentro del proceso de reforma de la oficina judicial.
- Circulan desde hace un par de meses proyectos, selecciones de personal, estudios de reubicación de juzgados, etc, relativos a la creación de un servicio de ejecutorias civiles en Zaragoza, que la DGA une además a la supresión de los refuerzos en los Juzgados civiles.
Tras la postura de la DGA en la última reunión, CCOO y CSIF decidieron constituir una plataforma reivindicativa conjunta, centrada en cuatro puntos principales (la participación en el diseño de la nueva Oficina Judicial, la negociación de las condiciones laborales básicas para la implantación de la nueva oficina judicial, el mantenimiento de los refuerzos y el cumplimiento íntegro del Acuerdo Marco 2008), recogiendo centenares de firmas de funcionarios de Justicia que reclaman al Consejero de Justicia el cumplimiento de dichos puntos. Decenas de funcionarios se han concentrado en la puerta de la Dirección General de Justicia exigiendo a la DGA que se abriera un verdadero proceso de negociación sobre dichos aspectos. Por eso, en la reunión del día de hoy y más que nunca, había centenares de razones para que la DGA abriese por fin la vía de la negociación.
Desde luego no es para echar las campanas al vuelo, ni siquiera para bajar la guardia ni desmovilizarnos, pero hoy la DGA ha aceptado, por fin, que se abra a la participación de los funcionarios, a través de sus representantes, el diseño, estructura y características de la nueva oficina judicial, así como el calendario y condiciones para su implantación. Falta concretar en qué forma se va a llevar a cabo dicha participación, si mediante nuestra integración en el grupo de trabajo que ya forman DGA, Jueces, secretarios y Fiscales (tal y como se nos afirmó en el mes de enero), o bien a través de la constitución de un grupo de trabajo propio y específico.
CCOO solicitó formalmente el día 18 de febrero la integración de los representantes de los trabajadores en el Grupo de Trabajo constituido por 2 representantes de la DGA, 2 Jueces, 2 Secretarios y 2 Fiscales para el diseño de la futura oficina judicial en Aragón. En el mes de enero el Sr. Director General se había comprometido a integrar a representantes de los trabajadores en dicho grupo, pero no sabemos bien si por presión de algún colectivo de dicho grupo de trabajo o por otro motivo que desconocemos luego se volvió atrás en dicho compromiso. Este grupo de trabajo carece de carácter institucional, pese a lo que quieran afirmar desde la DGA, ya es un grupo asesor de la DGA que es quien en definitiva tiene las competencias para aprobar un diseño u otro de la nueva oficina judicial, lo que desde este sindicato nunca se ha discutido. Pero dicha competencia no obsta para que nuestra voz sea oida, tal y como hemos manifestado reiteradas veces, porque si hay a un colectivo que realmente va a ser afectado por la reforma de la oficina judicial éste no es ni los jueces ni los fiscales, ni siquiera los Secretarios pues ahora la mitad van a pasar a ser “jefes” de algo, sino a los más de 1300 funcionarios de la Administración de Justicia que pueden ver cómo el concepto clásico de “juzgado” desaparece, se inicia un proceso de movilidad sin precedentes y al final somos los que damos la cara ante los ciudadanos.
Por eso es y será esencial nuestra participación en el diseño de la nueva oficina judicial. Resultaría totalmente incomprensible e injustificable que no se cuente con los representantes de los funcionarios de Justicia en el diseño de una reforma que va a afectar profundamente a sus condiciones de trabajo y al servicio público que prestamos. No olvidemos que la existencia de oficinas de mayor o menor tamaño, o de servicios de apoyo a las mismas, tendrá mucha influencia en el disfrute de vacaciones o permisos, en las posibilidades de promoción o movilidad de los funcionarios y, en definitiva, en las condiciones de trabajo de los mismos. CC.OO. no colaborará en una reforma de la oficina judicial que, con la intención de beneficiar a unos pocos perjudique a la gran mayoría, ni que lejos de mejorar la situación y funcionamiento de la justicia la dañe aún más; nadie mejor que quienes estamos cada día al pie del cañón para realizar nuestras aportaciones al respecto.
La DGA por fin reconoce que la falta de información que estamos teniendo los funcionarios sobre la reforma de la oficina judicial, consecuencia directa de nuestra exclusión del Grupo de Trabajo, está perjudicando la cohesión y compromiso que debería haber de todos los actores judiciales, incluidos funcionarios, ante dicha reforma. Y es que el rosario de noticias que hemos tenido sobre la reforma de la oficina judicial en Aragón en los últimos tres meses no es para quedarse quietos:
- en el mes de febrero la DGA entendía prematuro hablar con los sindicatos de la reforma de la oficina judicial, pero no era prematuro hablar con Jueces, Secretarios y Fiscales sobre ello.
- en el mes de marzo el Consejero Silva confirma reiteradamente la exclusión de los representantes de los funcionarios del Grupo de Trabajo para el diseño de la reforma de la oficina judicial, afirmando que sólo se contará con nosotros una vez dicho Grupo de trabajo haya finalizado sus trabajos.
- Aparecen publicados en los medios de comunicación los servicios comunes que es posible que se creen en Zaragoza.
- En dicho mes sale publicado en un diario regional la intención de la DGA de que no haya amortizaciones de plantilla como consecuencia de la reforma.
- Aparece publicada la constitución de las Unidades Administrativas y la asunción de competencias en materia del personal por las Oficinas Delegadas de la DGA, sin previa negociación, participación o informe, unidades que la LOPJ enmarca dentro del proceso de reforma de la oficina judicial.
- Circulan desde hace un par de meses proyectos, selecciones de personal, estudios de reubicación de juzgados, etc, relativos a la creación de un servicio de ejecutorias civiles en Zaragoza, que la DGA une además a la supresión de los refuerzos en los Juzgados civiles.
- Nos dicen que se van a suprimir los refuerzos de los Juzgados civiles de Zaragoza con la creación del servicio de ejecutorias civiles.
Ante la situación de inseguridad ante nuestro futuro laboral, y la falta de participación de los trabajadores en dicho diseño, no es precipitado ni alarmista ni desleal, tal y como nos acusó la DGA con el sorprendente apoyo de UGT (una que esta vez no podía salir en la foto), el haber hecho una recogida de firmas y una concentración en la puerta de la Dirección General para insistir en que los representantes de los trabajadores deben participar en el diseño de la nueva oficina judicial. No es desleal convocar una concentración el día que se negocia cuando llevamos muchos meses ante farsas y negativas de negociación. Al contrario, muchas de las metas que hemos conseguido en los últimos años habrían sido imposibles sin la movilización y el compromiso de los funcionarios de Justicia, y no podemos ni debemos permanecer cruzados de brazos y parados viendo cómo otros juegan con nuestros derechos y nuestro futuro profesional.
En la reunión el Gobierno de Aragón ha manifestado que a día de la fecha no tiene tomada decisión alguna concreta sobre cómo se va a proceder a implantar la nueva oficina judicial en Aragón, que al parecer va a depender de poder disponer de instalaciones adecuadas para ello (Zaragoza y Huesca tienen pendientes sus ciudades de la Justicia, que no estarían hasta finales del 2012). Sí que nos transmitió la DGA que el grupo de trabajo antes mencionado ha sugerido que como experiencia piloto se empiece por la creación del Servicio Común de Ejecutorias Civiles en la ciudad de Zaragoza, a partir del mes de septiembre de este año, sin concretar las distintas secciones o equipos que podrían constituir dicho Servicio Común.
Tanto CCOO como CSIF hemos defendido la participación de los trabajadores en el diseño de la nueva oficina judicial, al que tenemos tanto derecho como los jueces, secretarios y fiscales que ya están debatiendo con la DGA sobre estos temas. Incomprensiblemente UGT ha manifestado que los representantes de los trabajadores no debemos participar en el diseño de la nueva oficina judicial en Aragón, sino que la DGA debe elaborar un proyecto de oficina judicial y luego darnos traslado.
Pero tal y como reclamamos CCOO, CSIF y la gran mayoría de trabajadores a través de sus escritos, asambleas y concentraciones, los funcionarios tendremos voz en el diseño de la nueva oficina judicial. Esto es esencial porque aun cuando la competencia para su aprobación corresponde a la DGA nuestra voz será escuchada y podremos aportar no sólo nuestra experiencia en el trabajo diario, sino opinar sobre la conveniencia o no de creación de servicios o secciones y ser garantes de que dicho diseño no supone ni menoscabo del servicio público que prestamos, ni lesiona los derechos de los trabajadores. Tal y como manifestaba hoy el Sr. Director General, el futuro de la oficina judicial en Aragón pasa por la cohesión y compromiso de todos sus actores, y es que no nos cansaremos de repetir que sin nosotros no hay reforma.
Aprobado pues dicho punto, que incluye nuestra participación en el calendario y forma de implantación de la reforma, en el desarrollo de las experiencias piloto, el estudio de planes de choque previos a la implantación de nuevas oficinas o servicios para que no empiecen con lastre de carga de trabajo retrasada, o el seguimiento de la implantación de la nueva oficina judicial, falta concretar (y aun estamos muy lejos en dichos temas) tanto todo lo relativo a las Unidades Administrativas aprobadas unilateralmente por la DGA sin participación alguna de los funcionarios y los mecanismos de participación y control en los protocolos de actuación que se elaboren desde la Secretaria de Gobierno en lo que puedan afectar a nuestras condiciones de trabajo.
También queremos dejar constancia, sin alarmismos pero para conocimiento general, que la DGA sueña con la integración completa de los funcionarios de Justicia en el sistema funcionarial de la DGA. Nos lanzan “cantos de sirena” como que de esta forma podremos integrarnos en la carrera profesional de la DGA, que tendremos más jefaturas, más responsabilidad, niveles etc. No es el momento ni el lugar de entrar en un debate sobre este tema, sino simplemente recordar que nuestro estatuto jurídico está regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que no depende a día de hoy ni de la DGA ni de los trabajadores su integración plena en su sistema funcionarial. Pero al menos sí que es importante que los funcionarios de Justicia tengamos conocimiento, sin alarmismos, de la pretensión de la DGA.
Pasando al segundo punto de la plataforma, la DGA ha manifestado su disposición a la apertura inmediata de negociaciones para alcanzar un acuerdo que regule las condiciones laborales y profesionales básicas de los funcionarios de Justicia en el proceso de implantación de la reforma en Aragón tal y como reclaman CCOO y CSI.F, se implante cuando se implante. En esta línea, y tal y como hizo el Ministerio de Justicia con los sindicatos, se van a negociar los aspectos contenidos en la plataforma reivindicativa conjunta presentada por CCOO y CSIF (de la cual por un error administrativo no habían tenido conocimiento hasta el día de hoy). Todo ello con la oposición de los representantes de UGT, que insistían en que no se pueden negociar dichas condiciones básicas sin conocer la estructura final de la nueva oficina judicial, pero si UGT, junto a CC.OO. y STAJ ha suscrito el Acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre dichas condiciones básicas en el territorio…
Se ha acordado constituido un grupo técnico de trabajo que empezará a debatir los puntos de dicho Acuerdo la próxima semana, empezando por el mantenimiento de plantillas (sorprendentemente UGT llegó a afirmar que “podrían amortizarse algunos puestos en Huesca o Teruel !!! ), la imposibilidad de traslados forzosos, la garantía de las remuneraciones actuales, el sistema de guardias, regulación del proceso de acoplamiento y el proceso de reordenación y redistribución de efectivos, etc….
En definitiva, se abre la negociación tal y como ha venido reclamando CCOO desde hace meses de cara a la implantación de la nueva oficina judicial. Ahora es cuestión de pasar de las palabras a los hechos, y de ver si existe una voluntad real de llegar a acuerdos (y de cumplir los ya existentes como el Acuerdo Marco 2008), sin olvidar los demás aspectos de la plataforma conjunta de CCOO y CSIF (mantenimiento de los refuerzos, abono de los atrasos del cuarto punto, etc) que no han sido debatidos ni tratados al no haber tenido conocimiento la DGA de ella hasta la reunión. Por ello quedan desconvocadas las movilizaciones previstas, si bien permaneceremos vigilantes e informaremos puntualmente a los trabajadores del resultado de las negociaciones, por si fuese preciso retomarlas. CCOO reitera su voluntad de negociar y llegar a acuerdos, pero también su firmeza en la defensa de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia y de sus legítimos derechos, y del cumplimiento de los acuerdos vigentes.
Por último, no podemos dejar de informar sobre la actitud de UGT durante toda la reunión. Ayer CCOO y CSI.F vinieron a la reunión con una plataforma reivindicativa para la defensa de los derechos de los trabajadores; la propia DGA venía con el texto del Acuerdo firmado en el territorio Ministerio; la UGT vino sin nada. Vino simplemente a torpedear todas las iniciativas de CCOO y CSI.F, pese a que en semanas pasadas les invitamos a que se unieran en el trabajo y diseño de nuestra plataforma. Para UGT ni es preciso que los representantes de los trabajadores participen en el diseño de la nueva oficina judicial (aunque cuando se abra la participación serán los primeros que corran a pedir un puesto en el Grupo de trabajo), ni es preciso que se negocien las condiciones para su implantación en contraposición con lo que defienden en Madrid junto con las demás organizaciones sindicales. Cuando se les preguntó que qué opinaban sobre la amortización de efectivos llegaron a oponerse al punto de la plataforma conjunta de CCOO y CSI.F porque les parecía bien que por ejemplo se puedan amortizar plantillas en Huesca y Teruel… En definitiva, UGT, lastrada por la actitud de su liberada con el tema de los cursos de formación especial, juega a defender más que nadie a la Administración, a poner trabas a lo que defienden los demás sindicatos, juega a ser más Administración que la propia DGA (incluso la DGA se veía incómoda con el apoyo de UGT a sus posturas). No sabemos a qué aspira UGT con su postura, pero hay algo de lo que no tenemos ninguna duda: su liberada desde hace tiempo ya no defiende los derechos de los trabajadores a los que se supone que representa.
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Ante la situación de inseguridad ante nuestro futuro laboral, y la falta de participación de los trabajadores en dicho diseño, no es precipitado ni alarmista ni desleal, tal y como nos acusó la DGA con el sorprendente apoyo de UGT (una que esta vez no podía salir en la foto), el haber hecho una recogida de firmas y una concentración en la puerta de la Dirección General para insistir en que los representantes de los trabajadores deben participar en el diseño de la nueva oficina judicial. No es desleal convocar una concentración el día que se negocia cuando llevamos muchos meses ante farsas y negativas de negociación. Al contrario, muchas de las metas que hemos conseguido en los últimos años habrían sido imposibles sin la movilización y el compromiso de los funcionarios de Justicia, y no podemos ni debemos permanecer cruzados de brazos y parados viendo cómo otros juegan con nuestros derechos y nuestro futuro profesional.
En la reunión el Gobierno de Aragón ha manifestado que a día de la fecha no tiene tomada decisión alguna concreta sobre cómo se va a proceder a implantar la nueva oficina judicial en Aragón, que al parecer va a depender de poder disponer de instalaciones adecuadas para ello (Zaragoza y Huesca tienen pendientes sus ciudades de la Justicia, que no estarían hasta finales del 2012). Sí que nos transmitió la DGA que el grupo de trabajo antes mencionado ha sugerido que como experiencia piloto se empiece por la creación del Servicio Común de Ejecutorias Civiles en la ciudad de Zaragoza, a partir del mes de septiembre de este año, sin concretar las distintas secciones o equipos que podrían constituir dicho Servicio Común.
Tanto CCOO como CSIF hemos defendido la participación de los trabajadores en el diseño de la nueva oficina judicial, al que tenemos tanto derecho como los jueces, secretarios y fiscales que ya están debatiendo con la DGA sobre estos temas. Incomprensiblemente UGT ha manifestado que los representantes de los trabajadores no debemos participar en el diseño de la nueva oficina judicial en Aragón, sino que la DGA debe elaborar un proyecto de oficina judicial y luego darnos traslado.
Pero tal y como reclamamos CCOO, CSIF y la gran mayoría de trabajadores a través de sus escritos, asambleas y concentraciones, los funcionarios tendremos voz en el diseño de la nueva oficina judicial. Esto es esencial porque aun cuando la competencia para su aprobación corresponde a la DGA nuestra voz será escuchada y podremos aportar no sólo nuestra experiencia en el trabajo diario, sino opinar sobre la conveniencia o no de creación de servicios o secciones y ser garantes de que dicho diseño no supone ni menoscabo del servicio público que prestamos, ni lesiona los derechos de los trabajadores. Tal y como manifestaba hoy el Sr. Director General, el futuro de la oficina judicial en Aragón pasa por la cohesión y compromiso de todos sus actores, y es que no nos cansaremos de repetir que sin nosotros no hay reforma.
Aprobado pues dicho punto, que incluye nuestra participación en el calendario y forma de implantación de la reforma, en el desarrollo de las experiencias piloto, el estudio de planes de choque previos a la implantación de nuevas oficinas o servicios para que no empiecen con lastre de carga de trabajo retrasada, o el seguimiento de la implantación de la nueva oficina judicial, falta concretar (y aun estamos muy lejos en dichos temas) tanto todo lo relativo a las Unidades Administrativas aprobadas unilateralmente por la DGA sin participación alguna de los funcionarios y los mecanismos de participación y control en los protocolos de actuación que se elaboren desde la Secretaria de Gobierno en lo que puedan afectar a nuestras condiciones de trabajo.
También queremos dejar constancia, sin alarmismos pero para conocimiento general, que la DGA sueña con la integración completa de los funcionarios de Justicia en el sistema funcionarial de la DGA. Nos lanzan “cantos de sirena” como que de esta forma podremos integrarnos en la carrera profesional de la DGA, que tendremos más jefaturas, más responsabilidad, niveles etc. No es el momento ni el lugar de entrar en un debate sobre este tema, sino simplemente recordar que nuestro estatuto jurídico está regulado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que no depende a día de hoy ni de la DGA ni de los trabajadores su integración plena en su sistema funcionarial. Pero al menos sí que es importante que los funcionarios de Justicia tengamos conocimiento, sin alarmismos, de la pretensión de la DGA.
Pasando al segundo punto de la plataforma, la DGA ha manifestado su disposición a la apertura inmediata de negociaciones para alcanzar un acuerdo que regule las condiciones laborales y profesionales básicas de los funcionarios de Justicia en el proceso de implantación de la reforma en Aragón tal y como reclaman CCOO y CSI.F, se implante cuando se implante. En esta línea, y tal y como hizo el Ministerio de Justicia con los sindicatos, se van a negociar los aspectos contenidos en la plataforma reivindicativa conjunta presentada por CCOO y CSIF (de la cual por un error administrativo no habían tenido conocimiento hasta el día de hoy). Todo ello con la oposición de los representantes de UGT, que insistían en que no se pueden negociar dichas condiciones básicas sin conocer la estructura final de la nueva oficina judicial, pero si UGT, junto a CC.OO. y STAJ ha suscrito el Acuerdo con el Ministerio de Justicia sobre dichas condiciones básicas en el territorio…
Se ha acordado constituido un grupo técnico de trabajo que empezará a debatir los puntos de dicho Acuerdo la próxima semana, empezando por el mantenimiento de plantillas (sorprendentemente UGT llegó a afirmar que “podrían amortizarse algunos puestos en Huesca o Teruel !!! ), la imposibilidad de traslados forzosos, la garantía de las remuneraciones actuales, el sistema de guardias, regulación del proceso de acoplamiento y el proceso de reordenación y redistribución de efectivos, etc….
En definitiva, se abre la negociación tal y como ha venido reclamando CCOO desde hace meses de cara a la implantación de la nueva oficina judicial. Ahora es cuestión de pasar de las palabras a los hechos, y de ver si existe una voluntad real de llegar a acuerdos (y de cumplir los ya existentes como el Acuerdo Marco 2008), sin olvidar los demás aspectos de la plataforma conjunta de CCOO y CSIF (mantenimiento de los refuerzos, abono de los atrasos del cuarto punto, etc) que no han sido debatidos ni tratados al no haber tenido conocimiento la DGA de ella hasta la reunión. Por ello quedan desconvocadas las movilizaciones previstas, si bien permaneceremos vigilantes e informaremos puntualmente a los trabajadores del resultado de las negociaciones, por si fuese preciso retomarlas. CCOO reitera su voluntad de negociar y llegar a acuerdos, pero también su firmeza en la defensa de las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia y de sus legítimos derechos, y del cumplimiento de los acuerdos vigentes.
Por último, no podemos dejar de informar sobre la actitud de UGT durante toda la reunión. Ayer CCOO y CSI.F vinieron a la reunión con una plataforma reivindicativa para la defensa de los derechos de los trabajadores; la propia DGA venía con el texto del Acuerdo firmado en el territorio Ministerio; la UGT vino sin nada. Vino simplemente a torpedear todas las iniciativas de CCOO y CSI.F, pese a que en semanas pasadas les invitamos a que se unieran en el trabajo y diseño de nuestra plataforma. Para UGT ni es preciso que los representantes de los trabajadores participen en el diseño de la nueva oficina judicial (aunque cuando se abra la participación serán los primeros que corran a pedir un puesto en el Grupo de trabajo), ni es preciso que se negocien las condiciones para su implantación en contraposición con lo que defienden en Madrid junto con las demás organizaciones sindicales. Cuando se les preguntó que qué opinaban sobre la amortización de efectivos llegaron a oponerse al punto de la plataforma conjunta de CCOO y CSI.F porque les parecía bien que por ejemplo se puedan amortizar plantillas en Huesca y Teruel… En definitiva, UGT, lastrada por la actitud de su liberada con el tema de los cursos de formación especial, juega a defender más que nadie a la Administración, a poner trabas a lo que defienden los demás sindicatos, juega a ser más Administración que la propia DGA (incluso la DGA se veía incómoda con el apoyo de UGT a sus posturas). No sabemos a qué aspira UGT con su postura, pero hay algo de lo que no tenemos ninguna duda: su liberada desde hace tiempo ya no defiende los derechos de los trabajadores a los que se supone que representa.
