El Área Pública de CCOO (integrada por las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad) presentó el pasado 7 de junio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuncio de RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LOS ARTÍCULOS 28.1, en relación con los arts. 7 y 37.1 de la Constitución, por el atentado a la libertad sindical y al derecho a la negociación colectiva llevado a cabo por el Gobierno, al haber vulnerado el derecho a la negociación colectiva a la hora de llevar a cabo la tramitación y aprobación de una reducción generalizada de las retribuciones del personal de las Administraciones Públicas, con la aprobación y entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo.
En dicha demanda se solicita lo siguiente:
1. Se declare la lesión a la libertad sindical y la negociación colectiva,
2. Se declare la nulidad de la actuación del Gobierno,
3. Se acuerde el cese inmediato del comportamiento antisindical
4. Se acuerde la reposición de la situación al momento anterior a producirse el mismo, así como la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la indemnización de daños y perjuicios que proceda,
5. Y, además, se solicita igualmente del Tribunal Supremo que eleve cuestión de inconstitucional al Tribunal Constitucional frente al ya citado Real Decreto Ley 8/2010.
Esta es una más de las medidas que está llevando a cabo CCOO en la defensa de los derechos de los empleados y empleadas públicas contra los recortes salariales y sociales impuestos por el Gobierno y validados por el Parlamento, sin bien los instrumentos jurídicos no pueden ni deben convertirse en la única vía para conseguir retirar o minimizar los efectos perversos de una medida antisocial, antieconómica e injusta a la que estamos siendo sometidos los y las empleadas públicas.
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