Tal y como CCOO ha venido informando, finalmente, y con mucho retraso, el Consejo de Ministros del viernes 4 de junio de 201 aprobó la modificación del Reglamento de Ingreso del personal al servicio de la Administración de Justicia (RD 1451/2005) en relación con la modificación del artículo 39 y la introducción de uno nuevo, el 39 bis, que reestablece los derechos conculcados por la modificación unilateral pactada por PSOE y PP en el Parlamento, en septiembre de 2009, que recortaba los derechos de los trabajadores, pues esa modificación unilateral había cambiado el Centro destino de las unidades procesales de apoyo directo extendiéndolo a todo el municipio.
Esta modificación del Reglamento aprobada, fruto del acuerdo de 28 de octubre de 2009 (con esta modificación se reestablece la diferenciación obligatoria por jurisdicciones de las unidades procesales de apoyo directo del mismo municipio y además se limita la atribución de funciones al orden jurisdiccional concreto, pudiendo optar en los concursos de traslado a puestos de otra jurisdicción), que debe publicarse en el BOE en los próximos días, es, junto al Acuerdo de 10 de marzo de 2010 y publicado en el BOE de 3 de mayo de este año (ambos logrados por CCOO, UGT y STAJ, y arrancados al Ministerio de Justicia contra su voluntad), el logro de garantías fundamentales para los derechos de los trabajadores en la implantación de la oficina judicial.
No obstante, ante los recortes salariales sin precedentes a los empleados públicos aprobados por el Gobierno justificados por el déficit existente, CCOO considera que en estos momentos es una decisión intolerable del Ministerio de Justicia el mantenimiento de la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, por lo que hemos exigido y seguimos exigiendo al Ministerio que paralice la misma y no se produzca ninguna inversión que no sea imprescindible, y la Nueva Oficina judicial no lo es.
Además, CCOO es el único sindicato que ha exigido al Ministerio que si, a pesar de nuestras exigencias, implanta unilateralmente la nueva oficina judicial debe respetar escrupulosamente el Acuerdo de 10 de marzo de 2010, tanto en lo referente a plantillas como a retribuciones.
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