La rebaja del salario de los funcionarios públicos ha puesto sobre la mesa importantes debates que desde hace tiempo deberían haber sido abordados en el seno de las organizaciones sindicales, la función pública en general, y de la aragonesa en particular.
Sin entrar en otros debates de mayor enjundia, entre ellos si las organizaciones sindicales defendemos correctamente los intereses de los funcionarios públicos, sí que debe traerse a debate un tema relacionado con la necesidad de modernización de la Administración de Justicia de Aragón, que es la productividad, al hilo que dirigentes políticos de este país han manifestado la necesidad de crecer y mejorar la productividad como una de las recetas para salir de la crisis y mejorar los salarios.
Los funcionarios de Justicia de Aragón hemos tenido durante muchos años fama de ser muy productivos, sin por ello cobrar más. Ello tenía su reflejo, en un secreto de todos sabido, en que el trabajo de los Juzgados salía adelante aun cuando no se cumpliese estrictamente el horario de trabajo porque las horas que estábamos en la oficina trabajábamos a destajo. Basta pasearse a día de hoy por dependencias de la DGA en Zaragoza y por los Juzgados de Plaza del Pilar o el Registro Civil de Zaragoza para ver la tremenda diferencia en cuanto a ritmo de trabajo y rendimiento de unos y otros funcionarios públicos. El control horario implantado en Aragón una vez que fuimos transferidos no ha supuesto bajar el rendimiento de los funcionarios de Justicia para acomodarlo al cumplimiento del horario, pues en estos dos últimos años ha aumentado mucho el trabajo pero no el número de funcionarios ni el de órganos judiciales, y el trabajo, aunque a duras penas, sigue saliendo.
Pero para que se pueda seguir manteniendo cierta productividad elevada, la Administración tiene que poner en funcionamiento los mecanismos para el trabajo del funcionario público pueda ser productivo. Y en este sentido, la situación de la Justicia en Aragón ha empeorado desde que la DGA se hizo cargo de las transferencias.
En primer lugar, en materia de formación. Antes se programaban la mayoría de los cursos sobre materias procesales que permitían tener actualizados nuestros conocimientos en las diversas jurisdicciones, los profesores de dichos cursos eran elegidos conforme su méritos profesionales, había Jueces y Secretarios que impartían nuestros cursos y la formación se impartía en horario de trabajo porque se entendía consustancial al mismo. En cambio, ahora con la DGA la mayoría de los cursos son sobre cuestiones informáticas (que pueden aprenderse en cualquier academia informática), no se imparten cursos sobre temas procesales con lo que no se mejora o potencia nuestra capacitación técnico-procesal, los Jueces y Secretarios han desaparecido como profesores de nuestros cursos de formación, y ésta se imparte principalmente en horario de tarde, tratando a la formación de los funcionarios más como un privilegio que como un derecho. Resulta lamentable ver cómo se han cambiado muchas de las leyes procesales y no se ha formado adecuadamente a los funcionarios que ha de aplicarlas.
En segundo lugar, en materia de herramientas informáticas. Tras realizar numerosos cursos sobre el Libra y la primera versión del Minerva, nos instalan un programa como el Minerva NOJ del que ni nos dan manuales, ni nos dan cursos sino solamente tutorías de una hora. No basta con abrir páginas o enlaces donde la Administración pega el trabajo que hacen los informáticos con los atajos y trucos de un programa. Hace falta una formación específica y detallada de dicho programa, para poder sacarle todo el rendimiento. Esto es como si te dan el coche de Formula I de Fernando Alonso y te dicen que lo pilotes, pero no te dicen cómo funciona: el coche (o el programa) correrá mucho, pero no sabes cómo sacarle rendimiento. Si a ello le añadimos que además el programa informático (como el coche) da muchos problemas, es lento, sigue en fase de experimentación, etc, todo ello repercute en un descenso de la productividad del funcionario, que ya iba sobrecargado de trabajo antes del cambio del programa. ¿De qué vale tanto presumir la DGA de que nos han cambiado los ordenadores si luego los programas no funcionan?
Lo peor de todo es observar la incapacidad del “ingeniero” (la DGA) de dar solución a estos dos problemas. Al primero, por menospreciar la formación, y al segundo, por no haber probado antes el programa Minerva NOJ, no ofrecer formación adecuada y limitarse a pasarle la responsabilidad al “fabricante” (el Ministerio de Justicia), cuando se podía haber optado bien por otros programas ofrecidos por otras Comunidades Autónomas, bien por mantener la anterior versión del Minerva con una colección de textos actualizados hasta que se superasen todos los problemas.
La DGA aún está a tiempo de cambiar la inercia en que se ha metido, aunque para ello deberían reconocer su culpa por el atasco en que nos han metido. Pero si no cambia, con el tiempo conseguirá que los funcionarios de Justicia de Aragón nos “dgalicemos” en cuanto a rendimiento y productividad en el trabajo, y donde ahora bastan con 8 funcionarios serán precisos 12 ó 13. Ellos sabrán.
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