La jornada de huelga en el Sector Público del 8-J convocada por CCOO, UGT y CSIF fue secundada por cientos de miles de empleados públicos de sectores tan cruciales para los ciudadanos como la Educación, Sanidad, Justicia, Administración General del Estado, Ayuntamientos, Administración Autonómica, Puertos y Salvamento marítimo, Correos, Prisiones, AENA, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre….
Los trabajadores del Sector Público no solo hemos rechazado las medidas de recorte salarial que se nos impondrá por Decreto en la nómina del mes de Junio, vulnerando así nuestro derecho a la negociación colectiva y el respeto a los acuerdos firmados el pasado mes de septiembre (por cierto aclaramos a Diaz Ferrán que en el 2009 sólo se incrementó nuestro salario en un 0,3% y no un 5% como asegura públicamente) sino que hemos puesto en valor nuestra dignidad como trabajadores y nuestra absoluta defensa por los servicios públicos que prestamos a la población.
Las medidas acordadas por el Gobierno no solo van dirigidas a un recorte salarial, sino que supondrán un importante recorte en el empleo público y en la inversión pública que, indudablemente, van a repercutir negativamente en la calidad de los servicios públicos que prestamos y seguramente en una más que pretendida amenaza al Estado del Bienestar que orgullosamente disfrutamos.
En el Sector de la Administración de Justicia, la participación en esta jornada de huelga, pese a tener un seguimiento desigual, ha sido muy importante en CCAA como Galicia que ha superado el 73%, Cataluña ha rondado el 65%, País Valenciano el 70%, Asturias el 62%, La Rioja el 62%, Madrid un 61%, entre otras.
Durante todo el día, se han sucedido numerosas concentraciones y manifestaciones en todas las provincias, tanto en los centros de trabajo más representativos de órganos judiciales, como a lo largo del día en conexión con el resto de empleados y empleadas públicas. Y finalmente, la manifestación llevada a cabo por la tarde en Madrid ha logrado concentrar a miles y miles de trabajadores públicos y ha supuesto un claro rechazo a las políticas antisociales, injustas y poco equitativas de un gobierno claramente supeditado a los dictados de los mercados financieros y especulativos.
Los empleados públicos, los servicios públicos al servicio de los ciudadanos, no podemos ser los que paguemos en silencio la crisis generada por otros.
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