Tres años de transferencias han bastado a la Dirección General de Justicia de Aragón para cargarse la formación especializada dirigida a los funcionarios de la Administración de Justicia de Aragón. Basta con echar un vistazo al listado de cursos programados por el Instituto Aragonés de Administración Pública (IASS) para el año 2011 que son accesibles en el post anterior para constatar que de todos aquellos cursos a los que los funcionarios de Justicia solíamos asistir, para mejorar nuestra capacitación profesional, para conocer otras jurisdicciones, para actualizar nuestros conocimientos, para mejorar nuestra productividad, para formarnos, para especializarnos, han desaparecido, y hoy solo queda testimonialmente el Curso sobre Derecho Foral Aragonés que vete a saber quién lo dará.
Para la Dirección General de Justicia de Aragón la formación de sus funcionarios es una carga de la que se han desprendido en cuanto han podido, transfiriendo su gestión al IAAS. Nada que objetar al respecto, si al menos se hubieran mantenido cursos especializados en materias procesales a los cuales los funcionarios de Justicia pudiéramos acudir. Pero no; año tras año la Dirección General de Justicia de Aragón ha ido vaciando de contenido la formación especializada a la que teníamos derecho los funcionarios de Justicia de Aragón para transformarla, primero, en cuatro cursos de informática, y ahora diluirla en la formación que imparte el IASS, que asume la gestión de los fondos dirigidos a nuestra formación.
Atrás quedaron los tres cursos modulares sobre la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cursos sobre instrucción penal, sobre tramitación de procedimientos en materia de familia o concursal, sobre la Jurisdicción contenciosa administrativa o sobre Registro Civil, impartidos por Jueces, Secretarios y funcionarios cualificados. Hoy la DGA no da ni un curso sobre estos temas. ¿Dónde quedan ahora esas frases huecas, como la de “la estrategia compartida por los actores judiciales basa como objetivo prioritario para el cumplimiento de la entrada en vigor de estas reformas, la formación de todos los funcionarios que intervienen en el proceso judicial”, con las que pretendieron imponer una formación cutre y obligatoria sobre la reforma de la oficina judicial?
¿Ya han olvidado en la DGA eso de que “resulta evidente que nos encontramos ante una reforma legislativa de importancia trascendental, que en última instancia afecta a la actualización y puesta al día de conocimientos del personal al servicio de la Administración de Justicia y que supera, trasciende y desborda el plan anual de acción formativa y perfeccionamiento profesional, previsto en el Acuerdo Marco Administración-Sindicatos, de 22 de mayo de 2008, demandando un plan de actuación extraordinario para satisfacer el imperativo de la modificación legislativa”, y ahora no se programa ni un solo curso sobre cuestiones procesales? ¿ Qué hay de lo del “principio de conducta inspirador del Estatuto Básico del Empleado Público por el que los empleados públicos mantendrán actualizada su formación y cualificación (art 54.8 del EBEP)”?. ¿Dónde quedan ahora las charlas que el Director General de Justicia daba a los asistentes de sus cursos obligatorios de formación?
De nada vale que el Acuerdo Marco 2008, otra vez incumplido, establezca que “dentro del Plan de Formación anual del Instituto Aragonés de Administración Pública, se contemplarán acciones formativas que favorezcan el perfeccionamiento profesional del personal al servicio de la Administración de Justicia y, en especial, acciones formativas en materia de introducción y perfeccionamiento de nuevas tecnologías, todo ello al servicio de la mejora, simplificación, máximo rendimiento y funcionalidad de los procesos administrativos de la Administración de Justicia”.
Para la Dirección General de Justicia la formación no es un derecho de los funcionarios, sino un privilegio; por eso han permitido programar cursos que poco o nada tienen que ver con nuestras funciones, y por supuesto fuera del horario laboral, porque no entienden que tan importante es realizar nuestro trabajo diario como mejorar nuestras capacidades profesionales para poder llevarlo a cabo con mayor eficiencia, y que por eso, porque la formación como deber y como derecho forma parte de nuestro trabajo, debe realizarse mayoritariamente dentro del horario laboral y en relación con las materias en que trabajamos.
A la DGA ya solo les falta programar cursos de macramé con los fondos de formación de la Administración de Justicia. Eso sí, en horario de tarde.
