Tras mes y medio de nueva oficina judicial en Burgos y Murcia, puede afirmarse sin lugar a dudas que la situación actual es de total caos y desorden. Los Abogados, procuradores, funcionarios y sindicatos de las ciudades piloto donde el Ministerio de Justicia ha implantado la nueva Oficina Judicial coinciden en señalar que ha supuesto un retroceso.
Para CCOO, la pertinaz insistencia del equipo de dirección del Ministerio de Justicia de poner en marcha la Nueva Oficina Judicial sin contar con los trabajadores y con sus apreciaciones y sugerencias, además de la altanería y soberbia del equipo ministerial al no hacer ningún caso a las críticas que ejercen legítimamente cientos de compañeros y compañeras con los problemas que se están produciendo en su implantación, sin mencionar los cientos de millones de euros que se siguen gastando para vender la imagen de la NOJ en una época de acuciante déficit público en donde la inversión de dinero público debería ir dirigido solamente a la creación de empleo, sólo podemos calificarla desde CCOO como una decisión de absoluta obscenidad que está perjudicando gravemente a los trabajadores y a sus derechos, pero también va a repercutir de forma muy negativa en el acceso y la rapidez de la justicia para los ciudadanos.
Los "Protocolos de Actuación" no están dando solución a la larguísima lista de problemáticas que están surgiendo en las distintas dependencias. En Murcia estos Protocolos han sido aprobados por el TSJ de la Región de Murcia y elaborados sin la participación de los funcionarios afectados. No quedan claras muchas tareas de qué Servicio Común o Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) son, estando los procedimientos "viajando" de un lado para otro.
Los Servicios Comunes han nacido colapsados desde su inicio, con un número de funcionarios totalmente insuficiente. El número de funcionarios asignados a las UPAD es insuficiente a todas luces, 2 funcionarios por UPAD.
CCOO apuesta por la modernización de la Administración de Justicia, pero este proyecto no sirve para la modernización, no sirve ni a ciudadanos ni a trabajadores, porque no se ha querido por el Ministerio de Justicia consensuar con todos los actores de la Administración de Justicia, especialmente con los representantes de los trabajadores, las medidas imprescindibles para la puesta en marcha de la NOJ.
De dicho caos que está suponiendo la implantación de la Oficina Judicial se vienen haciendo eco los medios de comunicación. Según informa el periódico La Razón en relación con la nueva Oficina Judicial en la ciudad de Murcia, desde el Ministerio de Justicia, con su máximo responsable a la cabeza, se ponderó con intensidad las “numerosas” ventajas que iba a suponer la instauración de la Oficina Judicial sobre todo en lo referente a simplificar los procesos judiciales y ahorrar tiempo de trabajo. Se hablaba de la llegada de la justicia del siglo XXI y se aseguraba a capa y espada que no respondía a una medida improvisada porque llevaba tras de sí siete años de trabajo y planificación. … Al mismo hilo, el ministro Caamaño mostraba orgulloso el pasado 1 e diciembre el funcionamiento que se venía desarrollando en Murcia y Burgos tras la implantación de la Oficina Judicial, y anunciaba que el proyecto se iba a expandir a otras ciudades a lo largo del año. El Ministro arremetió contra los que consideraban la iniciativa de “poco realista” y declaró que se había convertido en una “realidad tangible”.
Sin embargo, sobre el terreno y la práctica las palabras de Caamaño parecen no ajustarse a la realidad. Fuentes judiciales aseguraron a la La Razón que el primer de funcionamiento de la Oficina Judicial se ha caracterizado por “el caos, el desorden y el desconocimiento”. La realidad choca de bruces con las promesas del ministro y la solución de los problemas no se atisba dentro del corto plazo. … Las fuentes consultadas achacaron el caos que reina en la Oficina a la falta de personal y medios técnicos.
Sin personal suficiente y medios técnicos adecuados no hay nueva oficina judicial que valga. No se agiliza la gestión por tramitarse una ejecutoria en un servicio específico de ejecutorias, cuando su personal es claramente insuficiente, lo que supone en la práctica el colapso de todas las ejecutorias civiles frente al colapso singular que antes podía haber en uno o varios Juzgados.
Sigue denunciando La Razón que, al margen de las incidencias de carácter técnico, la nueva estructura de trabajo que se desprende de la Oficina Judicial no convence a los profesionales de la materia consultados. De esta forma, las mencionadas fuentes aseguraron que la nueva Oficina “despersonaliza todavía un poco más la tramitación del expediente. En el Juzgado ya había una suficiente sobrecarga de trabajo pero existían funcionarios que se encargaban de la tramitación de esos expedientes y los tenían un poco como suyos. Ahora todo está mucho más despersonalizado, la Oficina recibe el trabajo que antes de los juzgados y la tramitación es poco más abstracta, sobre todo la ejecución”. Asimismo declararon que la actual situación de desorden se traslada de unos implicados a otros. De esta manera, los funcionarios se ven ahora en la obligación de trabajar con diferentes jueces porque ha desaparecido la división de funciones y expedientes por Juzgados. Esta situación ha propiciado que “los funcionarios no tengan claras muchas cocas de la Oficina y el profesional que acude a ella (abogados por ejemplo) se encuentra más perdido todavía”.
El problema también alcanza una índole organizativa en la puesta en marcha de la Oficina que presagia una improvisación que desde el Ministerio niegan taxativamente. Aún así, las fuentes consultadas por La Razón recordaron que Justicia prometió que se iban a poner ocho oficinas de presentación de escritos y están puestas sus ventanillas, pero no funciona ni una. Por otra parte, los servicios puestos en marcha carecen de los mínimos exigibles de personal, como el de información al litigante y a los profesionales que sólo cuenta con una persona. Además graduados sociales, abogados y procuradores achacan al Ministerio no haber contado con su opinión en el momento de poner en funcionamiento la Oficina porque “nosotros conocemos de primera mano la Administración de Justicia y podríamos haber ayudado a aportar soluciones a los problemas que iban surgiendo”.
La Razón 13.12.2010
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