La Guardia Civil dejará de prestar servicio en los juzgados el miércoles 19 de enero y será sustituida por vigilancia privada en registro civil, juzgados de vigilancia penitenciaria, de violencia sobre la mujer y de lo contencioso administrativo de Zaragoza capital, así como en otros Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Aragón en que vienen prestando sus servicios.
En mayo del año pasado el Ministerio del Interior remitió un borrador de convenio ( como el que han firmado con otras comunidades autónomas ) a la DGA, para la prórroga del servicio que se viene prestando de vigilancia de los Juzgados y de seguridad de sus instalaciones durante el horario de atención al público con agentes de la Guardia Civil, sin que la DGA haya dado respuesta alguna en uno u otro sentido.
No se sabe muy bien si ello se debe a que el Consejero Silva está muy liado, entre los desaguisados de la atención médica en las vaquillas de los pueblos, las máquinas para jugar por internet de los bares y las luces de nuevo estropeadas de la Plaza del Torico de Teruel, que no ha tenido tiempo para dedicarse a dar una respuesta sobre la renovación de las tareas que la Guardia Civil presta en los Juzgados y por la cual paga un complemento a dichos agentes de 487 euros ( y sólo ese complemento, pues el resto del salario se lo paga a los Guardias Civiles el Ministerio del Interior), que dicho sea de paso es el más bajo de toda España con relación a los Guardias civiles que realizan iguales cometidos. O es que, lisa y llanamente, en este tiempo de crisis, la DGA prefiere que sea seguridad privada, con un coste mayor, quien se haga cargo de las funciones que vienen realizando los Guardias Civiles. Y luego dicen que no hay dinero para nada.
Corresponde a la DGA decidir qué tipo de seguridad y vigilancia se presta en los Juzgados y Registros Civiles durante las horas de audiencia, y a nosotros los funcionarios la exigencia de que la misma se preste de forma eficaz y efectiva, cualquiera que esté a su cargo. Pero no puede menos dejar de reconocerse el trabajo realizado durante estos años por José, Tomás, Teodoro, Manolo y demás agentes de la Guardia Civil, yendo mucho más allá de su cometido de vigilancia y seguridad, apoyando a los funcionarios de forma eficaz, seria y rigurosa con el servicio de la Administración de Justicia, incluido el Registro Civil de Zaragoza, de forma encomiable.
Si en verdad el problema es que la DGA no ha dado respuesta a la propuesta de convenido remitido por el Ministerio del Interior en mayo del año pasado, y por este motivo dejan de prestar su colaboración, o que les parece excesivo el coste de 487 euros por mes por funcionario de la Guardia Civil (el más bajo de toda España, insistimos), la DGA y su Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior habrían pedido el rumbo .
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