El Departamento de Presidencia y Justicia de la DGA ha logrado, por primera vez desde la asunción de las competencias de medios personales y materiales de los tribunales aragoneses, cerrar con el Ministerio del Interior un convenio para regular la prestación de servicios de vigilancia en las sedes judiciales por efectivos de la Guardia Civil en situación de reserva.
La regulación de este servicio --la imposibilidad de hacerlo, más bien-- provocó la pasada legislatura tensiones entre la Consejería de Política Territorial, Justicia e Interior --en manos del PAR-- y la Delegación del Gobierno en Aragón --dirigida por el PSOE-- y el malestar de la judicatura, que reclamaba la presencia de efectivos del instituto armado en determinados juzgados como los de Violencia contra la Mujer y Vigilancia Penitenciaria.
El convenio, cuya aprobación figura en el orden del día del Consejo de Gobierno que la DGA celebra hoy, será firmado próximamente por el consejero de Presidencia y Justicia de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, y por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El documento, de duración anual, tendrá efectos retroactivos hasta el 1 de enero de este año. Eso permitirá regularizar la situación de los agentes que actualmente se encargan de la vigilancia de los juzgados de lo Contencioso Administrativo y los de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, el Palacio de Justicia de Teruel y el edificio de los tribunales de Calatayud. El grueso de la custodia de los juzgados es ejercido desde el traspaso de la competencia por guardias de una empresa privada de seguridad y por efectivos de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la DGA.
PLANTILLA El convenio contempla veinte destinos: un oficial, un suboficial y doce cabos y agentes para Zaragoza, tres para Huesca y otros tantos para Teruel. Interior seguirá pagándoles el sueldo de la reserva, mientras que la DGA asumirá la diferencia entre esa cifra y la que les corresponderá por prestar un servicio activo, además de un complemento de productividad.
El documento que hoy verá el Consejo de Gobierno propone crear un "marco de colaboración" entre las administraciones autonómica y central para "aprovechar la experiencia de los efectivos" de la Guardia Civil y "evitar duplicidades de actuación".
La Guardia Civil creará en cada Comandancia un destacamento específico para este servicio y, anualmente, anunciará las vacantes para que el personal en situación de reserva pueda solicitar las plazas.
Ese listado será acordado en las dos comisiones que contempla el documento: una Mixta de Seguimiento que se reunirá una vez al año y otra Técnica cuyas sesiones serán como mínimo trimestrales.
El convenio incluye la totalidad de los juzgados de la comunidad como posibles destinos.
