En el día de ayer la Directora General de Justicia de Aragón mantuvo
una reunión de trabajo con los
representantes de las organizaciones sindicales para tratar sobre el proyecto
de reordenación de efectivos (amortización en unos Juzgados y aumento de
plantilla en otros) que afecta a determinados Juzgados de las capitales de
Zaragoza, Huesca y Teruel, e implicaría la movilidad de más de 60 funcionarios.
En dicha reunión, CCOO manifestó su disconformidad con el
proyecto de reordenación de efectivos presentado, por cuanto en su conjunto
supone un empeoramiento de la Administración de Justicia, dada la mezcla de
órgano y servicios afectados, sin que la propuesta suponga dar mejor servicio a
los ciudadanos. Para CCOO la propuesta es inoportuna, ya que salvo que
se admita que la Nueva Oficina Judicial no puede implantarse en un plazo máximo
de 2 años no tiene sentido alguno hacer una reordenación de efectivos ahora,
que afectaría a más de 60 funcionarios y que precisa de un tiempo largo para
poder hacerse efectiva, y hacer otra cuando se implante la NOJ (que
según la Directora General debería ser antes de un año):basta recordar lo que
tardó en finalizar la amortización de un funcionario de Gestión y otro de
Tramitación realizado en los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza hace casi
ahora una década, con base a una legislación que sigue vigente hasta la implantación
de la NOJ.
CCOO defendió además que el
proceso de reordenación propuesto no puede suponer en ningún caso la reducción de la plantilla
existente (en el proyecto de la DGA se amortizaba una plaza de
Tramitación), ni disminución de efectivos por municipio, incluidos los
refuerzos ya existentes. CCOO reclamó que si se lleva a cabo cualquier
proceso de modificación de plantillas debe procederse al mismo tiempo a la consolidación
en plantilla de los refuerzos estructurales (al menos, dos de Tramitación
en Fiscalía Zaragoza, dos de Tramitación en la Sala de lo Contencioso del TSJA,
uno de Tramitación en Fiscalía de Huesca, los refuerzos que actualmente prestan
servicio en la Dirección Genera de Justicia y los del servicio de apoyo
indefinidos en Juzgados).
A juicio de CCOO, para que pueda haber aumento y reducción de
plantillas en oficinas judiciales es requisito indispensable que se den dos
circunstancias: que haya órganos judiciales cuya plantilla sea excesiva en
relación con la carga de trabajo; y que haya órganos judiciales cuya
plantilla sea deficitaria en relación con la carga de trabajo, todo
ello no atendiendo a razones coyunturales (por ejemplo, la crisis económica)
sino de carácter estructural general. Dichas condiciones, sobre todo la
primera, difícilmente se da a juicio de CCOO en los órganos cuya plantilla se
pretende amortizar.
Además, y tal y como hemos defendido insistentemente, todo proceso de
movilidad de plantilla debe realizarse de forma transparente y con estricto
respeto a la legalidad, y especialmente a lo
establecido en el RD 249/1996, tal y como se hizo en la amortización
de efectivos del año 2002 en los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza, que
implica que no cabe la adjudicación forzosa de destino que suponga cambio de
centro de trabajo ni de localidad. CCOO se opondrá a cualquier forma de
provisión de puestos de trabajo que sea forzosa e implique cambio de centro de
trabajo en los términos establecidos en el citado Real Decreto 249/1996.
Tras las críticas recibidas por las organizaciones sindicales al
proyecto presentado, y sin entrar en el detalle de los órganos que quedarían
afectados por la reordenación de efectivos, la Directora General acordó que
iba a consultar con el Ministerio de Justicia la viabilidad del proyecto desde
el punto de vista legal, pues desde la DGA se consideraba que existe un
vacío legal que permite la reordenación forzosa de efectivos fuera del centro
de trabajo, en contra de lo dispuesto en el art. 52 d) del Real Decreto
249/1996. Asimismo informó la Directora General que sólo seguiría adelante
con el proceso de reordenación si se puede hacer en un plazo rápido, no
superior a 2 meses, dado que tiene intención de implantar la NOJ en el
plazo de un año. En cuanto a los órganos afectados, la Directora General
manifestó que revisaría las cargas de trabajo de los Juzgados afectados y
recabaría informes de los Jueces Decanos y los Secretarios Coordinadores,
reconociendo que hasta la fecha no ha consultado la amortización con los
Secretarios de los órganos afectados ( de los Vigilancia Penitenciaria de
Zaragoza quiere amortizar 4 plazas y no ha hablado con ellos!!!) ni tenía
conocimiento sobre las tareas que realizan algunos de los funcionarios
afectados por la amortización (por ejemplo, las tareas de los funcionarios de
Auxilio en la jurisdicción penal).
En conclusión, el proyecto sigue en eso, en proyecto, a la
espera de su viabilidad legal, de su posible implantación en un plazo breve y
del estudio de las cargas y necesidades reales de personal de los órganos
supuestamente excedentarios. No se habló en la reunión de órganos o
jurisdicciones concretas, por lo que habrá que estar a la espera de una
segunda vuelta de contactos para poder anunciar si el proyecto avanza o queda
en suspenso.
Por tal motivo, de momento
CCOO no va a convocar asambleas en los
órganos y jurisdicciones afectados por el proyecto, porque hasta la fecha no
hay nada concreto, sin perjuicio de que los delegados y delegadas de CCOO
estamos abiertos de resolver cuantas dudas nos podáis plantear sobre lo tratado
en la reunión, y de nuestro compromiso de que en caso de que la DGA siga
adelante, total o parcialmente con el proyecto, convocaremos inmediatamente
asambleas en los órganos afectados.
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