Sin embargo, el Ministerio no dice que esos miles de expedientes estaban atascados por culpa del propio Ministerio, que nada más empezar con el mandato de Gallardón y el del actual Director General de los Registros y del Notariado, que es Registrador de la Propiedad, acabó con el plan de actuación que servía para tener al día los expedientes de nacionalidad, lo que dio lugar a su acumulación sin resolver. Así durante el primer semestre del año 2012 se concedió la nacionalidad española a 22.225 personas (BOE de 7 de septiembre de 2012), lo que representa el 40,58 % respecto del mismo semestre del año 2011 y el 37,14 % respecto del segundo semestre del año 2011. El Ministerio de Justicia nunca ha dado justificación alguna del motivo de dicho descenso en la resolución de los expedientes de nacionalidad.
Desde finales de diciembre del año pasado, los Registradores de la Propiedad han empezado a resolver los expedientes, y éstos llegan por vía telemática a mansalva a los Registros Civiles. Las exiguas plantillas de los Registros Civiles son incapaces de tramitar los miles de expedientes que les están llegando, de citar a los interesados para notificarles las resoluciones, hacer el juramento de nacionalidad y practicar la inscripción de nacimiento, por lo que este trámite, que en una situación normal debería hacerse en días, tardará en hacerse meses, porque al mismo tiempo hay que llevar el día a día del registro civil. Y con esto la carga de la "culpa" en el retraso se la quita el Ministerio de Justicia y se la echan a los "vagos funcionarios" (en palabras del Director General de los Registros y del Notariado) que están a cargo de los Registros Civiles.
Pero aun hay más: como quien está resolviendo los expedientes de nacionalidad son personas ajenas a los registros civiles, pues son los trabajadores (no funcionarios ni empleados públicos) de los registros de la propiedad a los que se les remitieron unas instrucciones y se les dio un curso telemático de cómo resolver los expedientes, en muchos casos se está requiriendo a los registros civiles para que vuelvan a hacer trámites ya realizados, en especial para que se aporten nuevos certificados de antecedentes penales del país de origen que el Ministerio de Justicia dejó caducar durante sus meses de inactividad.
Por todo ello CCOO se ha dirigido al Ministro de Justicia exigiéndole que diga la verdad cuando afirma que los registradores han tramitado miles de expedientes de nacionalidad por residencia, y oculte ante la opinión pública que gran parte de ellos han sido devueltos a los Registros Civiles con datos incompletos.
Desde CCOO denunciamos que estas afirmaciones son una maniobra torticera para poder justificar la escandalosa actuación del Ministerio de Justicia con la intención de privatizar el servicio público, universal y gratuito de los Registros Civiles que conllevará, a pesar de las afirmaciones del ministro de Justicia, el pago por los ciudadanos de muchas de las actuaciones de los Registros hasta el momento gratuitas, y la eliminación de más de 3.500 puestos de trabajo de personal de la Administración de Justicia.
Que el ministro de Justicia y las CCAA con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia no hayan dado un solo paso para incrementar las plantillas de los Registros Civiles es una irresponsabilidad o es un intento de justificar la entrega de los Registros Civiles a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles o ambas cosas a la vez.
CCOO exige al ministro de Justicia y a las CCAA el incremento de las plantillas de los registros civiles y anuncia que actuará con todos sus medios, jurídicos y sindicales, para impedir la privatización de los Registros Civiles.
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