El programa nacional de reformas que el Gobierno del PP ha remitido la
semana pasada a la Unión Europea contempla, para el cuarto trimestre de este
año, la elaboración de los anteproyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial y
de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Además, tal y como CCOO
informó, en el Consejo de Ministros del viernes 2 de mayo el Ministro Gallardón,
el gran privatizador de la Justicia española, ha informado del anteproyecto de
reforma de la LEC que convertirá a los Procuradores en agentes de la autoridad
privados y al servicio de las partes que puedan costearlo.
CCOO acusa a
Gallardón de pretender el desmantelamiento de la Administración de Justicia con la desaparición de los Partidos
Judiciales, de las Audiencias Provinciales y de los Juzgados de Paz, con la
encomienda de los actos de comunicación y ejecución a los Procuradores y con la
adjudicación de la instrucción de los asuntos penales a las Fiscalías, porque deja
de ser una ocurrencia de la comisión de expertos y pasa a formar parte de los
proyectos del gobierno para 2013.
Ayer, 7 de mayo, Gallardón presentó estas gravísimas reformas en el Congreso de
los Diputados que atacan el centro de gravedad de la
Administración
de Justicia como servicio público universal y gratuito que debe garantizar los
derechos y libertades, convirtiéndola en un instrumento al servicio de los
poderosos contra el conjunto de la ciudadanía.
Los documentos
publicados hasta ahora son los proyectos de LOPJ y de Ley de Enjuiciamiento
Criminal, elaborados por una comisión constitucional de expertos nombrada el
pasado año por Gallardón, y el Anteproyecto de Ley que modifica la LEC. Todos ellos se
pueden consultar en la web del Ministerio de Justicia.
¿QUÉ PROPUESTAS
PLANTEA EL GOBIERNO?
Se potencia
¿CÓMO AFECTARÁN ESTAS
MEDIDAS A NUESTRAS CONDICIONES DE TRABAJO?
La nueva organización judicial supondrá que
por debajo del ámbito provincial no habrá ningún órgano judicial (salvo en
Madrid y Barcelona). La propuesta del comité de expertos no concreta si esto
significará que solo habrá sedes judiciales en las capitales de provincia o
también en alguna otra ciudad (como ocurre actualmente con los Juzgados de lo
Penal). Lo que es seguro es la desaparición de todos los Juzgados de Paz y
Agrupaciones, y de las sedes judiciales que no sean las de las capitales de
provincia y, quizá, la de alguna otra gran ciudad.
Esto significará, por una parte, el traslado forzoso a las capitales de provincia o grandes ciudades (en
el mejor de los casos) de los miles de funcionarios destinados en los Juzgados
de Paz y en los Juzgados de partido que desaparecen. Recordemos
que en una de las últimas modificaciones de la
LOPJ , ya denunciada por CCOO,
permite este traslado forzoso con cambio de residencia que se confirma en la
nueva propuesta donde desaparece la garantía de destino en el mismo
municipio.
El segundo de los posibles efectos de esta
nueva realidad organizativa de la justicia que se plantea es el que afecta a la destrucción masiva de puestos de trabajo. La escasa o
nula convocatoria de plazas de funcionarios de justicia en las Ofertas de
Empleo Público (que CCOO tiene recurrida
ante los tribunales de Justicia) ha propiciado la existencia de un elevado
porcentaje de empleo interino que, en la actualidad, ronda el 25% del total de
la plantilla a lo que hay que sumar un número también importante de personal
interino en plazas de refuerzo que, en lugar de haberse consolidado en
plantilla, se mantienen como tales tras años y años de denuncia de esta
situación por parte de CCOO. En total,
podemos estar hablando de una cifra próxima a los 10.000 puestos de trabajo.
Por ahora, el personal titular no puede ser despedido por lo que los titulares
afectados por traslados forzosos, motivados por la desaparición de un gran
número de órganos judiciales, pasarán a ocupar plazas que actualmente ocupa el
personal interino. Es decir, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos
con competencias tendrán la posibilidad de despedir entre 0 y 10.000 interinos
y, vistas las políticas de recortes que se vienen planteando en todos los
ámbitos, es fácil suponer que el efecto de estas reformas sobre el empleo en la Admón. de Justicia va a
ser devastador. Menos puestos de trabajo supondrán además,
para quiénes mantengan el suyo, menos posibilidades de promoción interna, de
traslado en concursos para obtener mejores plazas, de nombramientos de personal
interino y de posibilidades de acceso a través de las oposiciones.
Otro aspecto
importantísimo recogido en la propuesta de la comisión de expertos es la nueva consideración de los Procuradores como agentes de la autoridad,
dependientes de los secretarios y encargados de los actos de todos los actos de
comunicación y determinados actos de ejecución. CCOO ya denunció lo que recogía la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 en la que se introdujo
ya la posibilidad de que los Procuradores realicen actos de comunicación (reforma operada en
el año 2009, y ya entonces CCOO advirtió que con esa reforma se abría la
puerta a la privatización del servicio público de la justicia); se trata de que esto sea la norma general
para todos los actos de comunicación y determinados actos de ejecución.
Esta propuesta, por sí misma, pone sobre la mesa la desaparición de los
servicios comunes de actos de notificación y embargos y, también, la
posibilidad de reducción drástica de las plantillas del personal funcionario
del Cuerpo de auxilio judicial que verían restringidas sensiblemente sus
competencias. Una vez más, planea el peligro de desaparición de más y más
puestos de trabajo y, además en este caso, puestos que conllevan incrementos
retributivos sobre las retribuciones complementarias ordinarias.
La desaparición de las faltas (y, por
tanto, de las guardias para juicios de faltas inmediatos) y la asignación de
los procedimientos por delito a las Fiscalías afectará directamente a los
bolsillos de todo el personal funcionario destinado en los Juzgados de
Instrucción, de 1ª Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer que en la actualidad realizan (y cobran por ello) cualquier tipo de
guardia. Bien es cierto que la propuesta del comité de
expertos plantea la existencia de juzgados o tribunales de instancia de garantías
(para resolver sobre cuestiones planteadas en los procedimientos instruidos en
las fiscalías y que afecten a derechos fundamentales, como la prisión
preventiva, intervención telefónica, entrada y registro en domicilios, etc.) en
los que alguien tendrá que estar de guardia y que el personal de la fiscalía
tendrá que ampliarse en un número importante de funcionarios pero, por ahora,
no se ha concretado en qué forma quedarán las guardias y, sin duda, el objetivo de los gobiernos afectados no va a ser la calidad del
servicio público sino, simplemente, el ahorro del gasto sin tener en cuenta,
con toda seguridad, a las personas y familias que resulten afectadas.
¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DE CCOO?
Junto con la Ley de Tasas Judiciales (que ha reducido el
número de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales salvo el penal) y la
entrega (con mezcla de ideología y nepotismo) de los Registros Civiles a los
Registradores de la Propiedad se plantea con estas propuestas un
escenario laboral incierto y peligroso para el futuro de los empleados públicos
de la justicia.
Como sindicato socio-político, CCOO denuncia además el desmantelamiento que
paulatinamente se está llevando a cabo del servicio público de la justicia y la
dificultad, cada vez más manifiesta, que se quiere imponer a la ciudadanía para
el acceso al derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. El copago a
través de las tasas judiciales, de los actos del Registro Civil y de las
minutas a los Procuradores por hacer los actos que ahora realizan de forma
gratuita las funcionarias y los funcionarios judiciales; el alejamiento de los
Juzgados de la ciudadanía con el cierre
de cientos de sedes judiciales en las localidades más pequeñas; la reducción
del empleo público, y la merma de los derechos retributivos y laborales de
quienes los desempeñan son la muestra de que también en la Administración de Justicia,
este gobierno favorece a los poderosos frente a las clases populares, y de que
está solo preocupado por desmantelar lo público, obedeciendo de forma acrítica
a los países del norte de Europa olvidando a los ciudadanos y ciudadanas, a
las familias que tanto dice defender, a las
empleadas y a los empleados públicos, a los parados y a las paradas, y a todos los colectivos a los que están
abandonando a su suerte al albur de esta indecente e inaceptable salida a la
crisis económica que se está planteando.
CCOO seguirÁ reivindicando al ministro de justicia
medidas que garanticen:
o
QUE NO DESAPARECERÁ NINGÚN PUESTO DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.
o
QUE NO HABRÁ NUEVOS RECORTES EN LAS RETRIBUCIONES DE NINGÚN FUNCIONARIO
O FUNCIONARIA DE JUSTICIA.
o
QUE SE ELIMINARÁ LA MOVILIDAD GEOGRÁFICA FORZOSA.
o
LA PARALIZACIÓN DE LOS PROYECTO QUE SUPONGAN LA PRIVATIZACIÓN DE CUALQUIER SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SOLO
CON LA UNIDAD DE TODOS LOS SINDICATOS Y EL APOYO DE TODAS Y TODOS LOS TRABAJADORES DE
JUSTICIA PODREMOS PARAR ESTE DURÍSIMO ATENTADO A NUESTRAS CONDICIONES DE
TRABAJO Y CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA
¡¡ MOVILÍZATE CON CCOO !!
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