Más tasas, menos casos. Así podría resumirse lo que fue el año 2013 en los juzgados aragoneses, que conocieron hasta 12.000 casos menos que en 2012 y 19.000 menos que en 2011. Detrás de esta caída de los asuntos que llegan a los juzgados, abogados y juristas ven la influencia clara de las tasas judiciales que entraron en vigor en noviembre de 2012 y comenzaron a aplicarse unas semanas después.
Desde el mismo momento en el que el Ministerio de Justicia anunció la introducción de tasas en el sistema judicial fueron muchas las voces que aventuraron que se dificultaría el acceso a la Justicia a millones de personas.
Y así lo han confirmado los datos de actividad de juzgados y tribunales en 2013 facilitados hace unos días por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A nivel nacional, se ha pasado de los casi nueve millones de asuntos nuevos registrados en 2012 a los poco más de 8,6 millones en los que cerró el año pasado. En Aragón también se ha notado el descenso: se ha pasado de los 204.159 asuntos de 2012 a los 192.032 de 2013, es decir, 12.127 asuntos menos. Con respecto a 2011 (211.222 casos nuevos) la caída alcanza los 19.000 casos.
Antes de la introducción de las tasas, el número de asuntos que llegaban a los juzgados ya había experimentado una bajada a consecuencia de la crisis. Además, tal y como valora la abogada Cristina Llop (que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Zaragoza y de la Confederación Española de Abogados Jóvenes), el incremento del IVA del 18 al 21% ha sentenciado aún más esa caída de la litigiosidad.
Las apelaciones, desde 800 euros
Esta abogada zaragozana afirma que algunos clientes han desistido de iniciar acciones como consecuencia de tener que abonar demasiadas costas procesales y que muchos han declinado interponer recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia "a pesar de considerarla injusta".
La llamada Ley de Tasas regula todo lo relacionado con las cuantías a abonar en cada proceso. No son cantidades fijas, sino que dependen de múltiples factores como la naturaleza del demandante (persona física o jurídica) o de la cuantía a reclamar.
Dos supuestos hipotéticos. Una persona demanda a su banco reclamándole 10.000 euros que invirtió en las preferentes. Por otro lado, el propietario de una pequeña empresa acude a los juzgados para que un proveedor le pague 6.000 euros. Según explica Llop, en el primer caso, la tasa judicial ascendería a 310 euros por un procedimiento ordinario y en el segundo caso a 330 euros.
"A esto se ha de añadir que si quisieran recurrir en apelación la sentencia de primera instancia deberían abonar una tasa extra de 810 y 830 euros, respectivamente. A esas tasas además hay que sumarles el depósito para recurrir que fija la Ley Orgánica del Poder Judicial que en ambos casos ascendería a 50 euros", añade la abogada.
316 millones de euros recaudados
Según dijo Alberto Ruiz Gallardón este miércoles en el Congreso, el primer año de tasas se han conseguido recaudar en toda España 316 millones de euros.
La continuidad de este sistema, sin embargo, está en entredicho porque el Tribunal Constitucional está estudiando hasta cinco recursosinterpuestos contra la ley de tasas (uno de ellos es de la DGA), además de varias cuestiones de inconstitucionalidad planteadas desde juzgados y tribunales.
"La Ley de Tasas es inconstitucional porque vulnera derechos tan fundamentales como el acceso a una tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad e incluso el principio de un sistema tributario justo, puesto que no atiende al criterio de capacidad económica", opina Cristina Llop.
Esta abogada señala que países como Francia, que tenía una tasa judicial de 35 euros que fue aprobada por el Gobierno de Nicolás Sarkozy, retiró este sistema por considerarlo una "penalización a las personas más vulnerables y una restricción de su acceso a la Justicia", en palabras de la actual ministra de Justicia.
