Las tasas judiciales han alejado a la población de juzgados y tribunales. Así lo han afirmado en repetidas ocasiones diferentes miembros de la esfera judiciales (jueces, abogados, fiscales...) y así lo han reflejado las estadísticas, que ponen de relieve que en 2013 se registraron hasta 12.000 casos menos que en 2012, cuando comenzaron a aplicarse las tasas.
Los argumentos que esgrimió Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia, para la aprobación de este sistema fue que las tasas aliviarían la carga de trabajo de los tribunales y que, además, una parte de lo recaudado se destinaría a financiar la Justicia Gratuita
De la financiación del Turno de Oficio no hay ni rastro (lo que ha desembocado en un lógico enfado de las CC.AA.) y en agilidad aún queda trecho por avanzar. Lo que sí se ha conseguido, sin duda alguna, son unos suculentos recursos extra para el Estado.
Y es que desde que entraron en vigor las tasas en toda España se han ingresado 488,3 millones de euros. De estos, unos 10,5 millones se han recaudado en Aragón. En el año 2013, el primero completo de aplicación de las nuevas tasas judiciales, el Estado consiguió en la Comunidad hasta 7,2 millones de euros. Este es el balance que ha realizado el Ministerio de Hacienda y que ha quedado reflejado en un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las tasas no son cuantías fijas: dependen de múltiples factores como la naturaleza del demandante (persona física o jurídica) o de la cuantía a reclamar. Todo ello esta regulado en la llamada Ley De Tasas, publicada en noviembre de 2012 en el BOE y que comenzó a funcionar unas semanas después.
El descontento de las CC.AA.
Gallardón dijo que parte de lo recaudado iría a financiar la Justicia Gratuita porque con la reforma de la Justicia que emprendió el ministerio aumentaban los presupuestos para acogerse a este derecho fundamental de los ciudadanos regulado en la Constitución.
Pero el ministro no ha cumplido con su palabra. Así lo han transmitido en las últimas semanas varias comunidades autónomas, entre ellas Aragón. El Ejecutivo autonómico ya ha anunciado su intención de llevar al Estado ante la ley para reclamar la parte que le corresponde de lo ingresado: algo más de 1,2 millones. También han reclamado Madrid (hasta 25 millones), Andalucía, País Vasco...
La actividad, frenética en los juzgados de paz
El informe del CGPJ también pone de relieve que en 2013 fueronmuchos los aragoneses que acudieron a los juzgados de paz, donde para obtener una resolución ajustada a Derecho no hace falta pagar tasa alguna, para resolver pequeños litigios pendientes.
En 2012 estos juzgados batieron récord histórico con 59.694 causas solucionadas y, aunque el año pasado la cifra de asuntos que llegó hasta estos jueces legos descendió ligeramente con respecto a un año antes (el total de casos que conocieron se situó en 56.130), no han dejado de ingresar un número de casos considerables.
El futuro de estos juzgados pende de un hilo, pues el anteproyecto de reforma de la Ley del Poder Judicial contempla la eliminación de los casi 7.900 juzgados de paz españoles para conseguir una Justicia del siglo XXI en la que prime la profesionalización de sus miembros.
