Como venimos informando, el pasado día 4 de julio el Gobierno aprobó la entrega de los Registros Civiles a los Registradores Mercantiles, y el pasado 1 de agosto en el último Consejo de Ministros de un curso en el que se ha destacado el afán privatizador de este gobierno, se aprobó el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, el que tendrá que pasar a trámite parlamentario a partir del mes de septiembre.
A todo esto, habrá que añadir la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la correspondiente modificación de la Ley de Demarcación y Planta
judicial que si se aprueba tal y como se
presentó el anteproyecto, con las modificaciones presentadas por el Ministerio y firmadas por CSIF, STAJ Y UGT, corremos
el riesgo de quedarnos en una plantilla reducida al 70 por cien.
La privatización del Registro Civil, supone la
supresión de 31 plazas en la ciudad de Zaragoza, más las que se supriman
en los partidos judiciales y agrupaciones de los Juzgados de paz.
A ello debemos sumar las 58 plazas como mínimo que serán amortizadas
en los juzgados de Primera Instancia de las tres capitales, y que 42 serían en
Zaragoza capital, al otorgar la llevanza de reclamaciones de cantidad,
declaraciones de herederos, testamentarías, divorcios de mutuo acuerdo y otros,
a los Notarios. Lo que mermaría la plantilla de las oficinas de Registro y
reparto (Decanato).
Respecto de la LOPJ , la desaparición de las
audiencias provinciales amortizarían 52
plazas en Zaragoza, 6 en Huesca y 9 en Teruel;
y la desaparición de los demás partidos judiciales, harán amortizar 149 plazas en las tres provincias , Zaragoza,
Huesca y Teruel
La privatización de las
notificaciones, citaciones y embargos, así como desahucios, que se entregarán a
los procuradores, amortiza casi toda la
plantilla del SACE y la desaparición de las agrupaciones y juzgados de paz se
carga de un plumazo 57 plazas en Aragón.
En este momento la plantilla en
todo Aragón es de poco más de 1100 funcionarios y funcionarias, con las nuevas reformas
se encuentran en peligro 400
plazas, ( 36 % de la plantilla) que
aunque no sean todas ellas las que se amorticen, por la transformación de algunos partidos
judiciales en Oficinas de Paz, y el “posible” aumento de plazas en el TSJ, la amortización podría verse reducida al 30 %.
Según se recoge en el documento
firmado, antes mencionado, se crearán “oficinas de paz” que absorberán los
partidos judiciales de los pueblos y que
posiblemente serán servidos por una plantilla mínima.
El Ministro Gallardón, en un “alarde
de generosidad” en recientes declaraciones, dijo que “mantendría los partidos judiciales que no fueran capitales de provincia, cuya importancia judicial sea igual o superior a la capital de
provincia”. Aragón no se encuentra en ese supuesto. .
A todo esto habrá que añadir las
reformas del Código Penal y de la
Ley de Seguridad Ciudadana, en las que por un lado, la
instrucción de las causas pasará al Ministerio Fiscal y por otro, muchas de las
faltas, pasarán a ser objeto de sanciones administrativas, lo que llevaría a la
desaparición de los juzgados de
Instrucción.
Como hemos explicado
reiteradamente, nuestro centro de destino, según la nueva redacción del
Anteproyecto de la LOPJ , y el acuerdo firmado por el Ministerio, CSIF,
STAJ y UGT, serán “cada uno de los
servicios comunes procesales que radiquen en un mismo municipio, y el conjunto
de todas las UPAD del mismo municipio y cada una de las Fiscalías, supone renunciar a lo negociado y
conseguido en el año 2010 y volver a dejar en manos de la administración o
Secretario Judicial la libre movilidad de todo el personal que trabaje en las
UPAD de cada municipio, cualquiera que sea la jurisdicción sin posibilidad de oposición por el
funcionario.
Es por todo esto, que desde CCOO
hacemos un llamamiento a la lucha y a las movilizaciones, pues no podemos
consentir que estas leyes se aprueben.
Recordemos que sólo la unión de
TODOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, podrá parar las reformas.
Zaragoza Agosto de 2014
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