Las asociaciones de jueces con presencia en Aragón abrieron ayer un nuevo frente para la DGA en materia judicial, recién cerrado el de la privatización de la asesoría a maltratadas. Reprocharon a la Administración autonómica que no haya puesto en marcha los instrumentos adecuados para la puesta en marcha del verdadero papel cero --el expediente digital--, que por ley debería estar en funcionamiento este verano, aunque la fecha prevista para su implantación es más bien septiembre.
En un inusual comunicado conjunto, Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente coincidieron en el reproche y en pedir que, mientras no haya unos medios fiables, se mantenga el papel convencional.
UNANIMIDAD
El comunicado fue sorprendente por varios motivos, desde lo habitualmente cautos que son los jueces para hacer reproches al poder Ejecutivo hasta la variedad ideológica de los firmantes. De hecho, la última protesta conjunta de las asociaciones judiciales --y de fiscales-- en Aragón fue en el 2012, coincidiendo con el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial y en plena polémica por las tasas.
Los jueces y magistrados reconocen en su nota "los esfuerzos realizados", pero sostienen que han constatado que en los últimos meses "no se han hecho los avances programados para la modernización del sistema en la mayor parte del territorio". Según enumeran, "no se ha ampliado la capacidad de transporte digital ni se ha iniciado la formación de jueces", por lo que entienden que la instauración del expediente electrónico sin papel "puede distorsionar el funcionamiento de la Administración de Justicia".
Por ello instan a la DGA, como responsable de la dotación de medios, a "que se mantenga el expediente procesal en formato papel, como expediente de referencia y de seguridad".
Para ello ofrecen su "colaboración", pero advierten que "cualquier precipitación o instauración de estos medios sin la necesaria inversión, formación de personal y comprobación de la fiabilidad del sistema puede alterar la seguridad jurídica e impedir el ejercicio de la tutela judicial efectiva".
Los jueces añaden como último punto una llamada a la DGA al "establecimiento y consolidación de cauces permanentes de información y comunicación con las asociaciones judiciales para el pleno logro de estos fines". Una velada crítica en el mismo sentido que los sindicatos, sobre la falta de negociación y comunicación con la Dirección General de Justicia.
Fuentes de la misma indicaron recientemente que la implantación, con un inminente programa piloto en Barbastro, llegará a tiempo con medios instalados y dinamizadores --funcionarios que reciben cursos avanzados y enseñan a sus compañeros-- en cada juzgado. Pero la formación de jueces y letrados de la administración de justicia (secretarios) no es su competencia.
