Tras una semana de prestación de servicios esenciales, en el
que salvo en las actuaciones derivadas del Juzgado de Guardia, Violencia sobre
la Mujer y Registro Civil el número de asuntos de diligencias urgentes e
inaplazables ha sido mínima, hoy se van a celebrar reuniones y se van a tomar decisiones
de suma importancia para la prestación de dichos servicios en las próximas
semanas.
En primer lugar, hay que poner de manifiesto que España vive
en una situación de confinamiento. Esto implica que el trabajo presencial de los
funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de Aragón en sus
Juzgados y oficinas, dado que implica el desplazamiento y estancia en dichas
Oficinas, supone un riesgo de contagio para él o ella, su familia, y por tanto
un potencial riesgo de contribuir a la saturación de los hospitales.
En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad ha determinado en
su informe (ver página 16, pinchando en la palabra Informe) la existencia de determinados grupos de riesgo, a los cuales el
contagio por coronarivus puede suponer un mayor peligro para su salud. El
Secretario de Estado de Justicia, en su resolución de 13 de marzo, estableció
que de la prestación de los servicios esenciales deberían quedar excluidas
aquellas personas que padezcan patologías que sean susceptibles de agravarse
por el contagio del COVID-19.
Empezando por esto último. CCOO siempre entendió que las
resoluciones del Ministerio de Justicia en esta materia eran de obligada
aplicación, pues además eran adoptadas en coordinación con todas las CCAA con
competencias en la materia, tal y como resultan del texto de las mismas. Tras numerosas
llamadas dirigidas a los servicios de prevención ante las dificultades que por
la parte de la DGA se estaba poniendo a la comunicación de estas exenciones de
ir a trabajar (exigen partes de baja a gente que no está de baja, sino que
padece una patología cuya combinación con el coronavirus puede ser letal), y
correos remitidos a las Unidades Administrativas y a la Dirección General de
Justicia de Aragón, ayer por la tarde la Directora General de Justicia de Aragón
comunicó a CCOO que “el criterio del Gobierno de Aragón es para todos
funcionarios del Gobierno de Aragón sean cuerpos autonómicos locales o
nacionales al igual que las enfermedades son las determinadas por el Gobierno
de Aragón” (el Gobierno de Aragón no ha determinado hasta la fecha ninguna
enfermedad) , y que hoy se lo darían por escrito y nos lo comunicarán.
A la espera de la comunicación del Gobierno de Aragón, CCOO entiende
que debe permitirse sin ningún tipo de excusa la exención de acudir al puesto
de trabajo, cuanto menos, de todas aquellas personas que, conforme el Informe del Ministerio de
Sanidad de 17 de marzo de 2020, constituyen los grupos con mayor riesgo de
desarrollar enfermedad grave por COVID, que son las siguientes:
§
más
de 60 años
§
enfermedades
cardiovasculares e hipertensión arterial
§
diabetes
§
enfermedades
pulmonares crónicas
§
cáncer
§
inmunodepresión
§
embarazo
Toda decisión de la DGA que no incluya a este colectivo en
la exención de desplazase a trabajar al centro de trabajo será entendida por CCOO
como contraria al derecho a la salud de los funcionarios y funcionarias, y
demostrará lo que le importa a la DGA sus empleados públicos.
En segundo lugar, hoy se celebran varias reuniones para
decidir la forma en que se prestan los servicios llamados esenciales. A las
9.30 por videconferencia, el Ministerio de Justicia se reúne con las
organizaciones sindicales. A las 12 el ministro de Justicia mantendrá una videoconferencia con responsables de Justicia de todas las
comunidades autónomas con competencias transferidas, con representantes
del CGPJ y de la FGE, con el objetivo de analizar el funcionamiento de la
Administración de Justicia en todo el Estado desde la instauración, el pasado
14 de marzo, del estado de alarma, así como reforzar la coordinación de todas
las instituciones para seguir garantizando entre todos los servicios esenciales
pactados con el órgano de gobierno de los jueces y el Ministerio Público.
En estas dos reuniones se va a decidir cómo se prestan los servicios
esenciales.
CCOO vienen defendiendo desde el principio que únicamente
deben permanecer abiertos, en régimen presencial, los Juzgados y otros
servicios de Guardia (Fiscalía, IMLA, Registro Civil) que normalmente hacen
dicha guardia; que en los demás juzgados mixtos la guardia ha de ser de
disponibilidad; y que únicamente deben trabajar además alguna persona en los Decanatos
para que en el caso de que entren diligencias referidas a los servicios
esenciales puedan comunicarse con el personal correspondiente para su tramitación.
A juicio de CCOO, la situación actual es inadmisible: los plazos
procesales están suspendidos; las actuaciones judiciales programadas, salvo las
causas con preso, suspendidas; no procede la presentación telemática de
escritos por Avantius salvo para las actuaciones procesales declaradas urgentes
e inaplazables. En estas circunstancias, la mayoría del personal que ha ido a
trabajar estos días se ha dedicado a poner al día los escritos que tenía
pendientes, porque no llegan nuevos escritos, y el que ya lo llevaba al día a mirar a las musarañas. Si estamos
en una situación de confinamiento, si no podemos salir a la calle ni a pasear,
resulta absurdo que nos hagan ir a trabajar para acabar de brazos cruzados.
La Dirección General de Justicia afirma que hará lo que al
efecto establezca el Ministro de Justicia. El Ministro de Justicia, por orden
del Ministro de Sanidad, debe llevar a cabo la "coordinación de todas las administraciones
prestacionales de la Administración de Justicia", con el fin de asegurar
que se "produzcan los servicios mínimos que en cualquier caso deben estar
garantizados".
No sabemos cómo va a acabar
la reunión, pero CCOO tiene algo muy claro: si los jueces pueden trabajar desde
casa, nosotros con toda probabilidad también. Avantius es un programa que funciona por Internet, y
por tanto accesible. No es un programa que únicamente funcione por red interna,
pues los Jueces pueden acceder desde sus domicilios con los portátiles que la
DGA les entregó. Si para acceder a la red de Avantius es preciso instalar en
nuestros ordenadores una VPN (lo que permitiría el acceso directo a la red de
Avantius), tal y como se hace en muchas empresas, esta instalación se puede
hacer por remoto. Si tanto el Ministerio de Sanidad como la DGA recomienda el
teletrabajo en estas circunstancias, la DGA debe hacer lo posible para que el
personal de Justicia lo pueda hacer. Si el CGPJ y el Ministerio quiere que vayamos a los centros de trabajo, que vengan también los Jueces, los Fiscales y los LAJ.
Por último, es absolutamente
necesario, y así se lo hemos llegar a la Dirección General de Justicia de Aragón,
que se garantice y supervise periódicamente que las condiciones en que prestan
el servicio los Juzgados de Guardia, Juzgados de Violencia y Registros Civiles sean
extremas y adecuadas para evitar casi con toda seguridad cualquier posibilidad
de contagio con el personal que acude a los mismos. La Administración debe
facilitar los productos de higiene, así como los guantes y las mascarillas para
quien quiera utilizarlos.
No sabemos como acabará el día,
pero sí que sabemos como empieza: CCOO no va a tolerar que la salud de quienes
tienen patologias previas se ponga en riesgo, y rechazará cualquier resolución
que haga acudir al centro de trabajo de forma innecesaria a su personal, por
poner en riesgo su salud, la de su familia, y por tanto la de la sociedad en su
conjunto y la del personal sanitario que cada día, a las 20.00 horas, salimos a
aplaudir a las ventanas de nuestras casas. La DGA y el Ministerio de Justicia se juegan su credibilidad, el CGPJ ya la perdió hace mucho tiempo.
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