CCOO EXIGE AL MINISTERIO DE JUSTICIA LA RETIRADA DE LAS ENMIENDAS QUE PROVOCARÁN, SI SON APROBADAS, UN ATAQUE FRONTAL A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
El Gobierno y el Partido Popular han pactado enmiendas para la implantación de la nueva oficina judicial que constituyen un ataque frontal y sin precedentes a los derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia.
Como hemos venido denunciando, el Ministro de Justicia hace declaraciones ante la opinión pública de buena voluntad y disposición para la negociación pero sus actos demuestran que el tan consabido "consenso" lo rompe en el caso de los trabajadores de la Administración de Justicia, pues las reuniones de mesa sectorial se han convertido hasta el momento en tan sólo actos puramente formales, y así, el pasado 18 de septiembre, el Gobierno aprobó, a propuesta del propio Ministro, el que denominan Plan estratégico de Modernización de la Justicia, sin tener en cuenta las alegaciones que los sindicatos presentamos al mismo.
Pero mucho más grave es la fórmula que han adoptado los dos Partidos mayoritarios de España, que tanto enfrentamiento dicen tener, para aprobar por acuerdo entre ellos las reformas de las leyes procesales y la LOPJ, pactando enmiendas en su tramitación en el Senado, para apoyarlas ambos partidos, que eliminan muchas de las garantías en los derechos de los trabajadores para las futuras Relaciones de Puestos de Trabajo de la Nueva Oficina Judicial.
Así por ejemplo, la reforma de las diferentes leyes procesales afectan fundamentalmente a la atribución de funciones a los Secretarios Judiciales, pero de su lectura se deriva que esta atribución es, en la mayoría de los casos, una atribución solo en cuanto a su responsabilidad pues la ejecución material de las mismas "corresponde a los funcionarios de los diferentes Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia", aunque a lo largo del extenso articulado no se concreta cuál de los Cuerpos de funcionarios las realizarán, con la intención de dejarlo aún más confuso. Seguimos pues asistiendo a una clara y consciente disfuncionalidad en todos los Cuerpos de la Administración de Justicia, ya patente en la propia LO 19/2003 y que siguió sin concretarse en los Reglamentos de desarrollo de la misma. Asistimos diariamente en los diferentes órganos judiciales a un sin fin de actuaciones, trámites, utilización de claves para el acceso a Registro públicos… que, bien por tenerlo así atribuido expresamente en la propia LOPJ, bien porque se nos "atribuyen" a través de Circulares del CGPJ, del Secretario General,… bien porque así se nos "ordena" verbalmente o por escrito por el Secretario Judicial… etc, etc que no hacen sino colocarnos en una situación de inseguridad funcional y que también puede traernos consecuencias disciplinarias.
Los trabajadores de la Administración de Justicia reclamamos un reconocimiento a todos los efectos de nuestro trabajo diario, esto es, si hacemos determinadas funciones y tareas que se nos especifiquen, que se nos reconozcan profesional y retributivamente, que la futura Oficina Judicial no sea un "cajón de sastre" donde todos hagamos de todo al albur discrecional del Secretario Judicial de turno. Y para más datos de lo que venimos denunciando, en la reforma de la propia LOPJ, PSOE y PP, pretenden eliminar la única garantía que nos quedaba para la negociación de las RPTs, el art. 521 de la LOPJ y la supresión de la concreción de las "características esenciales" de los puestos de trabajo en las RPTs.
Por si esto fuera poco, en esa misma enmienda, pretenden eliminar de un plumazo numerosos centros de destino que ya estaban determinados en la L.O 19/2003, al integrar como único centro de destino todas las UPADs de todos los órganos judiciales del mismo municipio (es decir, por ejemplo todas las UPADs del municipio de Madrid sería considerado un mismo centro de destino, independientemente del orden jurisdiccional, o de si es órgano colegiado o unipersonal); y esto atenta directamente a nuestro derecho a la movilidad.
Como véis, si fueran aprobadas estas enmiendas, provocarían la falta de garantías para los trabajadores en derechos ya consolidados, y especialmente en lo que se refiere a la movilidad absoluta e indiscriminada de los puestos de trabajo con el único límite del municipio.
CCOO ya se opuso con contundencia al proyecto original que data de 2005, no porque estuviéramos en desacuerdo con los enunciados genéricos de la mejora del servicio público y de la atención a los ciudadanos, sino por todo lo contrario, porque la modernización de la justicia no puede consistir en declaraciones retóricas sin venir acompañadas de mayor eficacia, y no habrá eficacia si se vulneran los derechos de los trabajadores.
Por ello, exigimos al Ministerio de Justicia, sin perjuicio de que presentaremos estas y otras propuestas en la reunión del próximo 6 de octubre de la Mesa sectorial, lo siguiente:
1.- La retirada inmediata de todas aquellas enmiendas presentadas en el Senado conjuntamente con el PP que ponen en riesgo los derechos consolidados de los trabajadores.
2.- El compromiso de la Administración, en la reunión del 6 de octubre, de que las reformas se harán mediante negociación y consenso con los trabajadores y no se impondrán de forma unilateral, acabando con métodos inaceptables como la aprobación unilateral por el Gobierno del Plan estratégico de Modernización, pactando los ritmos y plazos de negociación y de su puesta en marcha.
3.- La respuesta contundente y clara de que el Ministerio de Justicia no va a realizar ni impulsar reformas a través de los grupos parlamentarios que puedan atacar los derechos de carácter estatal de los trabajadores de la Administración de Justicia, como el concurso de traslado estatal, anual y con resultas, la oferta de empleo público única y anual, la reserva de función, la estructura retributiva……
Si no hay una respuesta meridianamente clara del Ministerio de Justicia que garantice los derechos de los trabajadores, CCOO se verá en la necesidad de comenzar a preparar la convocatoria de movilizaciones en defensa de los mismos
