El 1 de enero de 2008 el Gobierno de Aragón asumió las competencias en medios materiales y personales de la Administración de Justicia en Aragón, excluidos Jueces, Fiscales y Secretarios Judiciales. Tras dos años de gestión de la Administración de Justicia por parte del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, es tiempo de hacer un balance de cómo se ha gestionado la transferencia, y sobre todo hacia dónde vamos con el actual equipo de la Dirección General de Justicia capitaneado por Rogelio Silva, Consejero de Justicia y máximo responsable en la materia.
CCOO entiende, como la mayoría de los participantes de la encuesta, que la gestión de la Administración de Justicia llevada a cabo por el Gobierno de Aragón en estos dos años de transferencias ha sido en general mala, y que hace falta un cambio de rumbo radical tanto en sus formas como el fondo.
Según la encuesta, un 14 % de participantes en la misma califican la gestión de la Dirección General de Justicia como buena, otro 14 % como regular, un 53 % como mala y un 17 % como muy mala. Nadie la califica como muy buena.
Equipo dirigente de la Consejería de Justicia
La gestión de la Administración de Justicia por parte del Gobierno de Aragón ha venido lastrado por una decisión insólita: designar como responsables de la Justicia a personas completamente ajenas a nuestra Administración. Salvo Borrás, tanto el Consejero de quien dependen, como el Viceconsejero de Justicia, la Secretaria General de la Consejería, los Asesores y los demás mandos de la Dirección General de Justicia son gente ajena a nuestra Administración, sin ningún conocimiento sobre la misma, que no sabían ni quiénes somos, ni de dónde veníamos y por supuesto, a dónde vamos. Ni un Juez, Secretario, Abogado o Procurador en el equipo gestor de la Administración de Justicia. Ello ha supuesto que han intentado e intentan gestionar la Administración de Justicia como quien gestiona cualquier otro Departamento, completamente ajenos a las singularidades de nuestra administración y sobre todo al servicio público que prestamos, convirtiendo a la Dirección General de Justicia en un mero departamento de control de su gasto.
Su grave desconocimiento de la Administración de Justicia lo han intentado paliar con el consejo continúo del Director General de Justicia, Sr. Borrás, quién sabría mucho de temas procesales pero bien poco de lo que es la Administración de Justicia, desconocimiento que intenta suplir a base de “buena voluntad”. ¿Cuántas decisiones ha tomado Borrás que sin duda habría criticado de haber seguido siendo Secretario de un Juzgado y estar al otro lado? Decenas. Y como al final muchas veces no saben qué hacer, y son incapaces de tomar decisiones para solucionar los problemas que surgen, acaban dejando que sea la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza la que tome decisiones de tipo organizativo que caen por completo fuera del ámbito de su competencia. Ignoran la realidad de la que procedemos, que la Secretaría de Gobierno sólo tiene competencias técnico-procesales sobre los funcionarios de la Administración de Justicia, y que todas las cuestiones organizativas (creación o supresión de oficinas, ampliaciones o reducciones de plantillas, fusión de servicios, etc) son competencias de la Dirección General de Justicia.
Desde CCOO nos preguntamos si este equipo de gente, que serán muy buenos en los campos de los que proceden pero no tienen ni idea de la Administración de Justicia, puede llevar a cabo la reforma de la Oficina Judicial. La respuesta no ofrece dudas.
Infraestructuras
Dos años después de las transferencias, estamos casi como hace 2 años. El Consejero de Justicia, Sr. Silva, no sabe todavía si los Juzgados de Zaragoza se van a la Expo o se quedan en el Centro de Zaragoza, decisión en la que al parecer tienen más importancia cuestiones políticas que de las necesidades propias de nuestra Administración. Eso sí, se van a gastar una millonada en construir la ampliación de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, en caso de que finalmente nos vayamos a la Expo, supondrá que habrá en Zaragoza dos sedes judiciales, con duplicidad de servicios, mayores costes, etc. Todavía no se ha enterado Rogelio Silva que todos los actores de la Administración de Justicia apostamos por un único entorno. Mientras tanto, se sigue invirtiendo en el edificio de la Plaza del Pilar (por ejemplo, cableado informático), que en caso de irnos a la Expo será tirar el dinero.
En Huesca todo está pendiente de que haya dinero para construir la nueva sede, ya prevista antes de las transferencias. En Teruel la actuación (o desidia) de la Dirección General de Justicia va a costar otro dineral: en vez de asumir, tal y como reclamamos desde CCOO, la gestión de la obra de los Juzgados de Teruel a la vista del desaguisado que iba a montar el arquitecto del Ministerio de Justicia y la paralización de las obras por la quiebra de la empresa constructora, la Dirección General de Justicia no quiso reclamar la gestión de dichas obras, sino que dijo que iba a esperar que el Ministerio le entregase la obra y que luego ya haría las reformas oportunas. Mientras tanto son conocidos los problemas habidos con la gestión de la obra por parte del Ministerio de Justicia (el último caso, el del aire acondicionado), que obligarán a la Dirección General de Justicia a tener que hacer nuevas obras nada más recibir el edificio. Además está la situación de la vivienda del Fiscal Jefe de Teruel: ¿va a permitir la Dirección General de Justicia que continúe viviendo en un edificio público de su propiedad?
Ordenadores
Un capítulo breve para los temas informáticos, ya que Rogelio Silva presume de habernos “modernizado” cambiando no sé cuantos ordenadores. Muchos de los ordenadores que teníamos a 1 de enero de 2008 nos los habían cambiado hacía apenas un año, por lo que el gasto podría haberse reducido. Muchos de los ordenadores que nos han traído tienen la “maqueta” (es decir los programas que vienen instalados de origen) defectuosa, por lo que los utilizamos como simples plataformas para las pantallas de los ordenadores, que siguen conectadas a los viejos ordenadores.
También nos han modernizado los programas informáticos, como el Minerva. Ese que instalaron en pueblos de Aragón sin haber comprobado previamente si funcionaban a no (algún juzgado estuvo 2 semanas sin poder trabajar), sin haber depurado los cientos de textos de trámites que aparecen y que luego tuvieron que quitar en sitios como Zaragoza simplemente porque no funcionaban. Eso sí, empiezan a funcionar los nuevos juzgados el 30 de diciembre de 2009 y los ordenadores están sin instalar.
Insuficiente planta judicial y planes de refuerzo
La falta de juzgados repercute directamente en la calidad del servicio, pues se multiplican los retrasos, baja la calidad de las resoluciones dictadas pues los Jueces y funcionarios no damos abasto, y los ciudadanos se ven abocados a largas esperas para poder obtener una sentencia de despido improcedente, resolver un contrato de arrendamiento o reclamar judicialmente el pago de una factura. Se prevé que para este año 2010 se creen 5 nuevos juzgados, pero esta cifra sigue siendo insuficiente para adecuar la planta judicial a las necesidades de Aragón, en la que el partido judicial de Zaragoza posee la tasa más elevada de toda España de población atendida por Juzgado de 1ª Instancia y por Juzgado de Instrucción. Y que nadie se engañe: aunque los Juzgados se crean por acuerdo del Ministerio de Justicia, son las Comunidades Autónomas las que han de defender su creación pues son las que al fin y al cabo pagan su personal y sus instalaciones.
El Gobierno de Aragón no impulsó durante los años 2008 y 2009 la creación de los Juzgados necesarios, y cuando este año propuso al Ministerio de Justicia la creación de más Juzgados, éste accedió ante la falta de propuestas de otras Comunidades Autónomas ante la crisis económica que viven dichas Administraciones. CCOO ha planteado un compromiso de la Dirección General de Justicia de crear 5 juzgados por año durante 3 años, para adecuar la planta judicial a las necesidades de Aragón.
La Dirección General de Justicia ha intentado de alguna forma paliar la escasez de la planta judicial en Aragón con el incremento de los funcionarios interinos de refuerzo, que pasaron de algo más de 10 a finales de 2007 hasta 40 a finales de 2009. Reconociendo el esfuerzo económico que ello supone y que han contribuido a aliviar en parte situaciones de grave sobrecarga de trabajo como en los Juzgados de lo Penal, también hay que decir que algunos de estos refuerzos no trabajan en Juzgados sino directamente en la Dirección General de Justicia. Y que si se hubieran creado los Juzgados necesarios el número de nuevas plazas de funcionarios sería similar.
Además la política de la Dirección General de Justicia en materia de refuerzos presenta ciertas lagunas, algunas incomprensibles. Es preciso consolidar las plazas en plantilla en aquellos supuestos en que el refuerzo lleva ya un cierto tiempo y por tanto su necesidad no es coyuntural. Es preciso reforzar además los Juzgados de 1ª Instancia, que son junto los Juzgados de lo Social los que más carga de trabajo soportan como consecuencia de la crisis económica, incluyendo los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de otras capitales y partidos judiciales. CCOO consiguió parar el proyecto de la Secretaria Coordinadora Provincial de suprimir los refuerzos de los Juzgados de lo Penal, manteniéndose éstos al menos durante otros 6 meses. Y por último, es preciso dotar con al menos 4 funcionarios de refuerzo el Juzgado de lo Social de refuerzo de Zaragoza, pues de lo contrario este refuerzo sólo servirá para incrementar la carga del personal de los demás Juzgados. ¿De qué vale presumir de haber puesto 40 ó 50 refuerzos, cuando luego se niegan a aumentar tan solo 2 para los Juzgados de lo Social de Zaragoza?.
Esta vez no vamos a incidir en la supresión de la doble guardia penal de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza, pues todo está dicho. Solo recordar que la pésima negociación de la transferencia a Aragón, que olvidó incluir su coste, ha llevado a Zaragoza capital a ser la peor dotada de toda España en materia penal, con grave repercusión en los funcionarios, Jueces y Secretarios, abogados, Policías y ciudadanos.
Interinos y comisiones de servicio
Conocida es la gravísima situación a que nos ha llevado la Dirección General de Justicia en esta materia: tras dos años de transferencias, y estando ya agotada la vigencia de las bolsas de interinos desde el 31 de diciembre de 2007, todavía no ha convocado las nuevas bolsas de interinos. Ha llenado la Administración de Justicia de personal ajeno a la misma, en muchos casos sin ningún conocimiento, ni experiencia, que ni siquiera han participado en procesos selectivos, poniendo una grave sombra de sospecha sobre la forma en que se les ha elegido para trabajar cuando ha habido otras personas que ajenas igualmente a las bolsas antiguas no han sido elegidas. ¿Qué hubiera dicho Borrás si siguiese siendo Secretario Judicial y le mandasen a su Juzgado 4 ó 5 interinos sin formación o experiencia alguna? Aun cuando se convoquen las nuevas Bolsas en este mes de enero, el perjuicio ya está hecho y la sombra de designación a dedo de gente ajena a las bolsas de interinos perdurará durante mucho tiempo.
En materia de Comisiones de Servicio, aunque algo hemos avanzado, como el Sr. Director General no quiere norma alguna que las regule para que luego no se le pueda exigir su cumplimiento, ha valido todo. Esto ha supuesto que se han concedido comisiones de servicio sin criterios objetivos, se han desmantelado muchos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción del resto de Aragón para cubrir las necesidades de los Juzgados de Zaragoza capital, no ha existido un criterio claro de qué plazas cabrían cubrirse por comisión de servicios (se negaban para refuerzos, pero luego sí que cubrían alguno de dichos refuerzos por comisiones de servicio), y todo ello sin entrar en las procesiones de funcionarios que se han visto en las puertas del despacho de Borrás. La sensación generalizada es que este tema, precisamente por falta de regulación o norma alguna, se les ha ido de las manos.
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
No se entiende en esta materia que lo que a unos se les niega, a otros se les concede sin ningún problema. Crean la oficina del Centro Penitenciario de Zuera (por cierto, a propuesta de CCOO), a los que retribuyen su trabajo por las tardes conforme a un plan de actuación negociado en la Mesa, pero niegan una retribución similar a los funcionarios de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza que soportan mucha mayor carga de trabajo, mucho más estresante y que precisa de mucha sensibilidad ( y luego el Gobierno de Aragón se gasta otra millonada en Planes contra la Violencia de Género, que imaginamos irán a pagar a nuevos asesores). Se niegan a retribuir a los funcionarios de estos Juzgados por el trabajo realizado en el año 2008 diciendo que no pueden pagar trabajos realizados en ejercicios anteriores, pero acuerdan pagar a los médicos forenses de Aragón lo mismo que perciben los del Ministerio de Justicia, incluidos los atrasos del año 2008.
El conflicto pervive y la Administración sigue sin ofrecer solución alguna.
Conclusión final
Para no alargarnos más, y tal y como resulta de la encuesta practicada, la sensación generalizada es que la gestión de la Administración de Justicia por parte del Gobierno de Aragón ha sido bastante mala. Las pocas cosas buenas que se han hecho han quedado tapadas por la deficiente gestión en muchas otras materias. Semana a semana surgen nuevos conflictos con la Dirección General de Justicia, que ha mostrado una capacidad asombrosa de crear problemas donde no los había.
Y ante la nueva etapa, ante la reforma de la Oficina Judicial, CCOO duda seriamente que los actuales dirigentes de la Dirección General de Justicia, incluidos Consejero y Viceconsejero de Justicia y demás cargos políticos, puedan llevarla a buen puerto. Hacen falta nuevas ideas, nuevas ilusiones, mucha mayor sensibilidad a las necesidades de nuestra Administración, mucho mayor compromiso ante los ciudadanos, mayor conocimiento de la Justicia, más respeto a todos los colectivos, organizaciones profesionales y sindicatos, y cierta visión de futuro.
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CCOO entiende, como la mayoría de los participantes de la encuesta, que la gestión de la Administración de Justicia llevada a cabo por el Gobierno de Aragón en estos dos años de transferencias ha sido en general mala, y que hace falta un cambio de rumbo radical tanto en sus formas como el fondo.
Según la encuesta, un 14 % de participantes en la misma califican la gestión de la Dirección General de Justicia como buena, otro 14 % como regular, un 53 % como mala y un 17 % como muy mala. Nadie la califica como muy buena.
Equipo dirigente de la Consejería de Justicia
La gestión de la Administración de Justicia por parte del Gobierno de Aragón ha venido lastrado por una decisión insólita: designar como responsables de la Justicia a personas completamente ajenas a nuestra Administración. Salvo Borrás, tanto el Consejero de quien dependen, como el Viceconsejero de Justicia, la Secretaria General de la Consejería, los Asesores y los demás mandos de la Dirección General de Justicia son gente ajena a nuestra Administración, sin ningún conocimiento sobre la misma, que no sabían ni quiénes somos, ni de dónde veníamos y por supuesto, a dónde vamos. Ni un Juez, Secretario, Abogado o Procurador en el equipo gestor de la Administración de Justicia. Ello ha supuesto que han intentado e intentan gestionar la Administración de Justicia como quien gestiona cualquier otro Departamento, completamente ajenos a las singularidades de nuestra administración y sobre todo al servicio público que prestamos, convirtiendo a la Dirección General de Justicia en un mero departamento de control de su gasto.
Su grave desconocimiento de la Administración de Justicia lo han intentado paliar con el consejo continúo del Director General de Justicia, Sr. Borrás, quién sabría mucho de temas procesales pero bien poco de lo que es la Administración de Justicia, desconocimiento que intenta suplir a base de “buena voluntad”. ¿Cuántas decisiones ha tomado Borrás que sin duda habría criticado de haber seguido siendo Secretario de un Juzgado y estar al otro lado? Decenas. Y como al final muchas veces no saben qué hacer, y son incapaces de tomar decisiones para solucionar los problemas que surgen, acaban dejando que sea la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza la que tome decisiones de tipo organizativo que caen por completo fuera del ámbito de su competencia. Ignoran la realidad de la que procedemos, que la Secretaría de Gobierno sólo tiene competencias técnico-procesales sobre los funcionarios de la Administración de Justicia, y que todas las cuestiones organizativas (creación o supresión de oficinas, ampliaciones o reducciones de plantillas, fusión de servicios, etc) son competencias de la Dirección General de Justicia.
Desde CCOO nos preguntamos si este equipo de gente, que serán muy buenos en los campos de los que proceden pero no tienen ni idea de la Administración de Justicia, puede llevar a cabo la reforma de la Oficina Judicial. La respuesta no ofrece dudas.
Infraestructuras
Dos años después de las transferencias, estamos casi como hace 2 años. El Consejero de Justicia, Sr. Silva, no sabe todavía si los Juzgados de Zaragoza se van a la Expo o se quedan en el Centro de Zaragoza, decisión en la que al parecer tienen más importancia cuestiones políticas que de las necesidades propias de nuestra Administración. Eso sí, se van a gastar una millonada en construir la ampliación de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, en caso de que finalmente nos vayamos a la Expo, supondrá que habrá en Zaragoza dos sedes judiciales, con duplicidad de servicios, mayores costes, etc. Todavía no se ha enterado Rogelio Silva que todos los actores de la Administración de Justicia apostamos por un único entorno. Mientras tanto, se sigue invirtiendo en el edificio de la Plaza del Pilar (por ejemplo, cableado informático), que en caso de irnos a la Expo será tirar el dinero.
En Huesca todo está pendiente de que haya dinero para construir la nueva sede, ya prevista antes de las transferencias. En Teruel la actuación (o desidia) de la Dirección General de Justicia va a costar otro dineral: en vez de asumir, tal y como reclamamos desde CCOO, la gestión de la obra de los Juzgados de Teruel a la vista del desaguisado que iba a montar el arquitecto del Ministerio de Justicia y la paralización de las obras por la quiebra de la empresa constructora, la Dirección General de Justicia no quiso reclamar la gestión de dichas obras, sino que dijo que iba a esperar que el Ministerio le entregase la obra y que luego ya haría las reformas oportunas. Mientras tanto son conocidos los problemas habidos con la gestión de la obra por parte del Ministerio de Justicia (el último caso, el del aire acondicionado), que obligarán a la Dirección General de Justicia a tener que hacer nuevas obras nada más recibir el edificio. Además está la situación de la vivienda del Fiscal Jefe de Teruel: ¿va a permitir la Dirección General de Justicia que continúe viviendo en un edificio público de su propiedad?
Ordenadores
Un capítulo breve para los temas informáticos, ya que Rogelio Silva presume de habernos “modernizado” cambiando no sé cuantos ordenadores. Muchos de los ordenadores que teníamos a 1 de enero de 2008 nos los habían cambiado hacía apenas un año, por lo que el gasto podría haberse reducido. Muchos de los ordenadores que nos han traído tienen la “maqueta” (es decir los programas que vienen instalados de origen) defectuosa, por lo que los utilizamos como simples plataformas para las pantallas de los ordenadores, que siguen conectadas a los viejos ordenadores.
También nos han modernizado los programas informáticos, como el Minerva. Ese que instalaron en pueblos de Aragón sin haber comprobado previamente si funcionaban a no (algún juzgado estuvo 2 semanas sin poder trabajar), sin haber depurado los cientos de textos de trámites que aparecen y que luego tuvieron que quitar en sitios como Zaragoza simplemente porque no funcionaban. Eso sí, empiezan a funcionar los nuevos juzgados el 30 de diciembre de 2009 y los ordenadores están sin instalar.
Insuficiente planta judicial y planes de refuerzo
La falta de juzgados repercute directamente en la calidad del servicio, pues se multiplican los retrasos, baja la calidad de las resoluciones dictadas pues los Jueces y funcionarios no damos abasto, y los ciudadanos se ven abocados a largas esperas para poder obtener una sentencia de despido improcedente, resolver un contrato de arrendamiento o reclamar judicialmente el pago de una factura. Se prevé que para este año 2010 se creen 5 nuevos juzgados, pero esta cifra sigue siendo insuficiente para adecuar la planta judicial a las necesidades de Aragón, en la que el partido judicial de Zaragoza posee la tasa más elevada de toda España de población atendida por Juzgado de 1ª Instancia y por Juzgado de Instrucción. Y que nadie se engañe: aunque los Juzgados se crean por acuerdo del Ministerio de Justicia, son las Comunidades Autónomas las que han de defender su creación pues son las que al fin y al cabo pagan su personal y sus instalaciones.
El Gobierno de Aragón no impulsó durante los años 2008 y 2009 la creación de los Juzgados necesarios, y cuando este año propuso al Ministerio de Justicia la creación de más Juzgados, éste accedió ante la falta de propuestas de otras Comunidades Autónomas ante la crisis económica que viven dichas Administraciones. CCOO ha planteado un compromiso de la Dirección General de Justicia de crear 5 juzgados por año durante 3 años, para adecuar la planta judicial a las necesidades de Aragón.
La Dirección General de Justicia ha intentado de alguna forma paliar la escasez de la planta judicial en Aragón con el incremento de los funcionarios interinos de refuerzo, que pasaron de algo más de 10 a finales de 2007 hasta 40 a finales de 2009. Reconociendo el esfuerzo económico que ello supone y que han contribuido a aliviar en parte situaciones de grave sobrecarga de trabajo como en los Juzgados de lo Penal, también hay que decir que algunos de estos refuerzos no trabajan en Juzgados sino directamente en la Dirección General de Justicia. Y que si se hubieran creado los Juzgados necesarios el número de nuevas plazas de funcionarios sería similar.
Además la política de la Dirección General de Justicia en materia de refuerzos presenta ciertas lagunas, algunas incomprensibles. Es preciso consolidar las plazas en plantilla en aquellos supuestos en que el refuerzo lleva ya un cierto tiempo y por tanto su necesidad no es coyuntural. Es preciso reforzar además los Juzgados de 1ª Instancia, que son junto los Juzgados de lo Social los que más carga de trabajo soportan como consecuencia de la crisis económica, incluyendo los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de otras capitales y partidos judiciales. CCOO consiguió parar el proyecto de la Secretaria Coordinadora Provincial de suprimir los refuerzos de los Juzgados de lo Penal, manteniéndose éstos al menos durante otros 6 meses. Y por último, es preciso dotar con al menos 4 funcionarios de refuerzo el Juzgado de lo Social de refuerzo de Zaragoza, pues de lo contrario este refuerzo sólo servirá para incrementar la carga del personal de los demás Juzgados. ¿De qué vale presumir de haber puesto 40 ó 50 refuerzos, cuando luego se niegan a aumentar tan solo 2 para los Juzgados de lo Social de Zaragoza?.
Esta vez no vamos a incidir en la supresión de la doble guardia penal de los Juzgados de Instrucción de Zaragoza, pues todo está dicho. Solo recordar que la pésima negociación de la transferencia a Aragón, que olvidó incluir su coste, ha llevado a Zaragoza capital a ser la peor dotada de toda España en materia penal, con grave repercusión en los funcionarios, Jueces y Secretarios, abogados, Policías y ciudadanos.
Interinos y comisiones de servicio
Conocida es la gravísima situación a que nos ha llevado la Dirección General de Justicia en esta materia: tras dos años de transferencias, y estando ya agotada la vigencia de las bolsas de interinos desde el 31 de diciembre de 2007, todavía no ha convocado las nuevas bolsas de interinos. Ha llenado la Administración de Justicia de personal ajeno a la misma, en muchos casos sin ningún conocimiento, ni experiencia, que ni siquiera han participado en procesos selectivos, poniendo una grave sombra de sospecha sobre la forma en que se les ha elegido para trabajar cuando ha habido otras personas que ajenas igualmente a las bolsas antiguas no han sido elegidas. ¿Qué hubiera dicho Borrás si siguiese siendo Secretario Judicial y le mandasen a su Juzgado 4 ó 5 interinos sin formación o experiencia alguna? Aun cuando se convoquen las nuevas Bolsas en este mes de enero, el perjuicio ya está hecho y la sombra de designación a dedo de gente ajena a las bolsas de interinos perdurará durante mucho tiempo.
En materia de Comisiones de Servicio, aunque algo hemos avanzado, como el Sr. Director General no quiere norma alguna que las regule para que luego no se le pueda exigir su cumplimiento, ha valido todo. Esto ha supuesto que se han concedido comisiones de servicio sin criterios objetivos, se han desmantelado muchos Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción del resto de Aragón para cubrir las necesidades de los Juzgados de Zaragoza capital, no ha existido un criterio claro de qué plazas cabrían cubrirse por comisión de servicios (se negaban para refuerzos, pero luego sí que cubrían alguno de dichos refuerzos por comisiones de servicio), y todo ello sin entrar en las procesiones de funcionarios que se han visto en las puertas del despacho de Borrás. La sensación generalizada es que este tema, precisamente por falta de regulación o norma alguna, se les ha ido de las manos.
Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
No se entiende en esta materia que lo que a unos se les niega, a otros se les concede sin ningún problema. Crean la oficina del Centro Penitenciario de Zuera (por cierto, a propuesta de CCOO), a los que retribuyen su trabajo por las tardes conforme a un plan de actuación negociado en la Mesa, pero niegan una retribución similar a los funcionarios de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza que soportan mucha mayor carga de trabajo, mucho más estresante y que precisa de mucha sensibilidad ( y luego el Gobierno de Aragón se gasta otra millonada en Planes contra la Violencia de Género, que imaginamos irán a pagar a nuevos asesores). Se niegan a retribuir a los funcionarios de estos Juzgados por el trabajo realizado en el año 2008 diciendo que no pueden pagar trabajos realizados en ejercicios anteriores, pero acuerdan pagar a los médicos forenses de Aragón lo mismo que perciben los del Ministerio de Justicia, incluidos los atrasos del año 2008.
El conflicto pervive y la Administración sigue sin ofrecer solución alguna.
Conclusión final
Para no alargarnos más, y tal y como resulta de la encuesta practicada, la sensación generalizada es que la gestión de la Administración de Justicia por parte del Gobierno de Aragón ha sido bastante mala. Las pocas cosas buenas que se han hecho han quedado tapadas por la deficiente gestión en muchas otras materias. Semana a semana surgen nuevos conflictos con la Dirección General de Justicia, que ha mostrado una capacidad asombrosa de crear problemas donde no los había.
Y ante la nueva etapa, ante la reforma de la Oficina Judicial, CCOO duda seriamente que los actuales dirigentes de la Dirección General de Justicia, incluidos Consejero y Viceconsejero de Justicia y demás cargos políticos, puedan llevarla a buen puerto. Hacen falta nuevas ideas, nuevas ilusiones, mucha mayor sensibilidad a las necesidades de nuestra Administración, mucho mayor compromiso ante los ciudadanos, mayor conocimiento de la Justicia, más respeto a todos los colectivos, organizaciones profesionales y sindicatos, y cierta visión de futuro.
