El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se confirma la reserva de varios edificios del recinto Expo de Zaragoza para sedes judiciales, un proyecto que permitirá ubicar los órganos unipersonales de las distintas jurisdicciones en un mismo espacio y evitar así la dispersión.
El vicepresidente de Aragón, José Ángel Biel, ha señalado en conferencia de prensa que éste es un primer paso muy importante, pero ha dejado claro que se trata de un proyecto que requiere su tiempo y aunque se le pude dar "un buen empujón" en el próximo año y medio, no cree que esté concluido antes de que acabe la legislatura. Con el acuerdo de este martes se reservan los edificios Actur 1, 2, 3, 4 y 5 y el edificio Ebro 1 para la ubicación de las sedes judiciales de los juzgados unipersonales de la ciudad, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón continuará en su sede y la Audiencia Provincial de Zaragoza en la ampliación que se encuentra en trámite de ejecución.
El objetivo de este acuerdo es avanzar en el proceso de modernización de las infraestructuras judiciales; racionalizar el gasto bajo los criterios de eficacia, eficiencia y calidad, y cubrir las necesidades de espacio detectadas tras la asunción, el pasado 1 de enero de 2008, de las competencias de medios humanos y materiales. Además, es fruto de un proceso de consultas llevado a cabo por el Departamento de Justicia del Gobierno autonómico con todos los estamentos implicados en la Administración de Justicia, cuyas propuestas coinciden en la necesidad de mantener en lo posible el criterio de un recinto único para la ubicación de los órganos unipersonales de las distintas jurisdicciones para evitar la dispersión actual. Igualmente, se aboga, tras la correspondiente ampliación, por la ubicación que en la actualidad tiene la sede del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, así como por el aprovechamiento del Palacio de Fuenclara y de la Imprenta Blasco, después de la correspondiente regularización administrativa.
Con los espacios Expo, que suponen en torno a 50.000 metros cuadrados más, se hace frente a los compromisos que se van adquiriendo mediante acuerdos entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno de Aragón, cuya finalidad última es la mejora de los servicios al ciudadano. Ello supone un nuevo impulso dirigido a incrementar los espacios disponibles dedicados a la Administración de Justicia, que podría llegar a suponer un incremento superior al 60 por ciento en Aragón y a más del 80 por ciento en la ciudad de Zaragoza.
El acuerdo desarrolla el adoptado por el Gobierno de Aragón en mayo de 2009 por el que se aprobó la iniciación del procedimiento para la disposición de determinados inmuebles de este recinto con el fin de destinarlos a distintas dependencias administrativas. Biel ha insistido en que ahora que se conocen cuáles van a ser los edificios en los que se van a ubicar estas sedes es el momento de ir concretando los proyectos de ejecución, los tiempos y el presupuesto, ya que por el momento el acuerdo no especifica la cifra global necesaria para llevar a cabo este proyecto.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha rechazado la decisión del Gobierno de Aragón de trasladar las sedes judiciales al recinto de la Expo, en el meandro de Ranillas, ya que puede generar un "problema serio" en el Casco Histórico, según ha indicado el vicealcalde, Fernando Gimeno.
Así lo ha señalado después de conocer que el Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se confirma la reserva de varios edificios del recinto Expo para sedes judiciales, un proyecto que permitirá ubicar los órganos unipersonales de las distintas jurisdicciones en un mismo espacio y evitar así la dispersión. Gimeno ha lamentado que el Gobierno de Aragón no haya consultado al Ayuntamiento sobre este traslado, a pesar de que en el último pleno municipal, celebrado en el mes de diciembre, ya manifestó su posición en contra de la ubicación de las sedes judiciales fuera del Casco.
"Tenemos que sentarnos a hablar para ver los acuerdos a los que llegamos en su día y que hoy se han incumplido", ha recalcado el vicealcalde.
Según Gimeno, esta decisión puede generar "un problema serio" para el Casco, ya que se intuye que en un plazo de tiempo se marchen no solo los jueces, sino que otros colectivos profesionales relacionados con la justicia se replanteen la ubicación de sus despachos.
Por ello, el Ayuntamiento pretendía que se hubiera hecho un estudio antes de tomar decisiones, porque puede generar "consecuencias no deseables para la ciudad". Gimeno, además, ha lamentado que se tomen decisiones por parte del Gobierno de Aragón teniendo en cuenta sólo lo que diga el colectivo de jueces y sin escuchar a otros colectivos.
Heraldo de Aragón 13.01.2010
