De poco han servido los acuerdos sobre el papel en las comisiones bilaterales entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, creadas esta legislatura para limar asperezas y actuar de forma coordinada. Ayer saltó el primer encontronazo entre ambos con motivo del acuerdo del consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico por medio del cual se decidió trasladar a Ranillas todos los juzgados de la capital aragonesa. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza criticó esta decisión, que va contra "los acuerdos" adoptados en una de esas comisiones, concretamente de noviembre del 2008 y también contra lo aprobado en el "último pleno" del consistorio.
Fue el vicealcalde de Zaragoza el encargado de mostrar el malestar del consistorio, puesto que se opone a "vaciar" el casco histórico, y lamentó que nadie del Gobierno de Aragón consultara con el equipo de gobierno para tomar esta última decisión. Según el acuerdo adoptado ayer por el Ejecutivo autonómico, las sedes judiciales ganarán un 80% de espacio al trasladarse al expabellón de las comunidades autónomas de la Expo y a otro edificio, situado junto al Acuario.
Allí se trasladarán todas las dependencias judiciales, salvo la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que permanecerán en su ubicación actual en el Palacio de los Luna del Coso. Estas dependencias están en plena ampliación. Asimismo, en el acuerdo no se descarta aprovechar en el futuro --como pretende el consistorio-- el Palacio Fuenclara y la antigua imprenta Blasco. Sin embargo, esto no deja de ser una simple declaración de intenciones contra la preferencia del consistorio, que querría dotar al casco histórico de más actividad judicial.
Gimeno no ocultó su malestar por la decisión, aseguró que nadie del Ejecutivo autonómico se había puesto en contacto con ellos y que intuían que esto iba a suceder por las últimas declaraciones del consejero de Justicia, Rogelio Silva, en los medios de comunicación. Fue muy tajante al advertir de que nunca se aceptará una recalificación del edificio de los actuales juzgados en la plaza del Pilar, y que son propiedad del Gobierno de Aragón. "El alcalde ya ha sido bien claro en este sentido", aseguró.
"Tenemos que sentarnos a hablar para ver los acuerdos a los que llegamos en su día y que hoy se han incumplido", recalcó el vicealcalde. Según Gimeno, esta decisión puede generar "un problema serio" para el Casco, ya que se intuye que en un plazo de tiempo se marchen no sólo los jueces, sino que otros colectivos profesionales relacionados con la justicia se replanteen la ubicación de sus despachos. Por ello, el Ayuntamiento pretendía que se hubiera hecho un estudio antes de tomar decisiones, porque puede generar "consecuencias no deseables para la ciudad".
Quien mostró su satisfacción por este paso fue el portavoz del Gobierno autonómico, José Ángel Biel, quien aseguró que a partir de ahora se concretarán los planes de ejecución y sus plazos. "Se ha dado un primer paso muy importante" --indicó-- al haber superado "muchas negociaciones en las que estaban implicados muchos departamentos".
El mundo judicial está dividido frente a la decisión de la DGA de reservar ya el suelo de Ranillas para albergar la tan deseada Ciudad de la Justicia de Zaragoza. El hecho de que no todos los órganos judiciales se instalen finalmente en el antiguo recinto de la Expo 2008 (la Audiencia Provincial seguirá donde está, en el Coso) no satisface ni al Colegio de Abogados ni a los sindicatos de los funcionarios.
Por su parte, el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, se muestra "satisfecho" con el paso dado por la Administración autonómica, que "supondrá contar con una Ciudad de la Justicia completa en la que estarán concentrados los 62 órganos judiciales unipersonales" con que cuenta la capital aragonesa. "Es algo muy positivo que los juzgados se instalen en la Margen Izquierda, significa que mejorará la calidad de la justicia", subrayó Dolado, que no comparte la tesis municipal según la cual la desaparición de los órganos judiciales del centro traerá la degradación del Casco Histórico de Zaragoza.
"La Audiencia Provincial debe ir también a Ranillas", manifestó, por su parte, José Ignacio Gutiérrez Arrudi, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. "Es decepcionante que, pese al traslado masivo al recinto de la Expo, la Audiencia siga donde está", agregó. Por ello, en opinión de Gutiérrez Arrudi, "no se está respetando el acuerdo que existía sobre la creación de un solo espacio judicial", por el que se pronunció "unánimemente" el Colegio de Abogados de Zaragoza el pasado mes de marzo.
"Es una medida insuficiente y que se queda corta", señaló Luis Casero, jefe de la Junta de Personal de los Juzgados de Zaragoza. "Para que una Ciudad de la Justicia lo sea realmente tienen que acoger todos los órganos jurisdiccionales, los unipersonales y los de segunda instancia", indicó el sindicalista.
Ángel Dolado valora que se pase de las seis sedes judiciales actuales a solo dos, una a cada lado del Ebro, pero Casero sostiene que las dos ubicaciones crearán graves problemas de funcionamiento a la Administración de Justicia.
"Prefiero la idea del distrito judicial en el centro de Zaragoza, es una solución más práctica", comentó el abogado Rafael Ariza, cuyo bufete está en Conde de Aranda, a un paso de la Audiencia. "Hay que dinamizar el Casco y además los profesionales estamos todos instalados en esta parte de la ciudad", añadió.
"Ranillas es un lugar lejano y desamparado", declaró el letrado Enrique Esteban Pendás, que tiene su despacho cerca de los Juzgados. "Está claro que la DGA busca colocar unos locales inmensos para los que no encuentra comprador", añadió.
Fue el vicealcalde de Zaragoza el encargado de mostrar el malestar del consistorio, puesto que se opone a "vaciar" el casco histórico, y lamentó que nadie del Gobierno de Aragón consultara con el equipo de gobierno para tomar esta última decisión. Según el acuerdo adoptado ayer por el Ejecutivo autonómico, las sedes judiciales ganarán un 80% de espacio al trasladarse al expabellón de las comunidades autónomas de la Expo y a otro edificio, situado junto al Acuario.
Allí se trasladarán todas las dependencias judiciales, salvo la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que permanecerán en su ubicación actual en el Palacio de los Luna del Coso. Estas dependencias están en plena ampliación. Asimismo, en el acuerdo no se descarta aprovechar en el futuro --como pretende el consistorio-- el Palacio Fuenclara y la antigua imprenta Blasco. Sin embargo, esto no deja de ser una simple declaración de intenciones contra la preferencia del consistorio, que querría dotar al casco histórico de más actividad judicial.
Gimeno no ocultó su malestar por la decisión, aseguró que nadie del Ejecutivo autonómico se había puesto en contacto con ellos y que intuían que esto iba a suceder por las últimas declaraciones del consejero de Justicia, Rogelio Silva, en los medios de comunicación. Fue muy tajante al advertir de que nunca se aceptará una recalificación del edificio de los actuales juzgados en la plaza del Pilar, y que son propiedad del Gobierno de Aragón. "El alcalde ya ha sido bien claro en este sentido", aseguró.
"Tenemos que sentarnos a hablar para ver los acuerdos a los que llegamos en su día y que hoy se han incumplido", recalcó el vicealcalde. Según Gimeno, esta decisión puede generar "un problema serio" para el Casco, ya que se intuye que en un plazo de tiempo se marchen no sólo los jueces, sino que otros colectivos profesionales relacionados con la justicia se replanteen la ubicación de sus despachos. Por ello, el Ayuntamiento pretendía que se hubiera hecho un estudio antes de tomar decisiones, porque puede generar "consecuencias no deseables para la ciudad".
Quien mostró su satisfacción por este paso fue el portavoz del Gobierno autonómico, José Ángel Biel, quien aseguró que a partir de ahora se concretarán los planes de ejecución y sus plazos. "Se ha dado un primer paso muy importante" --indicó-- al haber superado "muchas negociaciones en las que estaban implicados muchos departamentos".
El mundo judicial está dividido frente a la decisión de la DGA de reservar ya el suelo de Ranillas para albergar la tan deseada Ciudad de la Justicia de Zaragoza. El hecho de que no todos los órganos judiciales se instalen finalmente en el antiguo recinto de la Expo 2008 (la Audiencia Provincial seguirá donde está, en el Coso) no satisface ni al Colegio de Abogados ni a los sindicatos de los funcionarios.
Por su parte, el juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, se muestra "satisfecho" con el paso dado por la Administración autonómica, que "supondrá contar con una Ciudad de la Justicia completa en la que estarán concentrados los 62 órganos judiciales unipersonales" con que cuenta la capital aragonesa. "Es algo muy positivo que los juzgados se instalen en la Margen Izquierda, significa que mejorará la calidad de la justicia", subrayó Dolado, que no comparte la tesis municipal según la cual la desaparición de los órganos judiciales del centro traerá la degradación del Casco Histórico de Zaragoza.
"La Audiencia Provincial debe ir también a Ranillas", manifestó, por su parte, José Ignacio Gutiérrez Arrudi, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza. "Es decepcionante que, pese al traslado masivo al recinto de la Expo, la Audiencia siga donde está", agregó. Por ello, en opinión de Gutiérrez Arrudi, "no se está respetando el acuerdo que existía sobre la creación de un solo espacio judicial", por el que se pronunció "unánimemente" el Colegio de Abogados de Zaragoza el pasado mes de marzo.
"Es una medida insuficiente y que se queda corta", señaló Luis Casero, jefe de la Junta de Personal de los Juzgados de Zaragoza. "Para que una Ciudad de la Justicia lo sea realmente tienen que acoger todos los órganos jurisdiccionales, los unipersonales y los de segunda instancia", indicó el sindicalista.
Ángel Dolado valora que se pase de las seis sedes judiciales actuales a solo dos, una a cada lado del Ebro, pero Casero sostiene que las dos ubicaciones crearán graves problemas de funcionamiento a la Administración de Justicia.
"Prefiero la idea del distrito judicial en el centro de Zaragoza, es una solución más práctica", comentó el abogado Rafael Ariza, cuyo bufete está en Conde de Aranda, a un paso de la Audiencia. "Hay que dinamizar el Casco y además los profesionales estamos todos instalados en esta parte de la ciudad", añadió.
"Ranillas es un lugar lejano y desamparado", declaró el letrado Enrique Esteban Pendás, que tiene su despacho cerca de los Juzgados. "Está claro que la DGA busca colocar unos locales inmensos para los que no encuentra comprador", añadió.
El Periódico de Aragón 13.01.2010
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