El ministerio confirma que el edificio de juzgados es de la DGA desde 2008.
El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, respaldó ayer a los responsables políticos de la Dirección General de Administración de Justicia de su departamento, después de que el día anterior el sindicato CC OO pidiera el cese inmediato del viceconsejero, José María Bescós, y del director general, José Borrás. A la vez que Silva hacía estas manifestaciones, el Ministerio de Justicia confirmaba que el edificio de los juzgados de Teruel está transferido a la DGA desde hace dos años, y que cuestiones como la distribución de espacios o las dos viviendas de funcionarios que se mantienen y que critican los representantes sindicales, son aspectos que tiene que resolver el Ejecutivo aragonés.
Silva quiso ayer quitar hierro a la polémica desatada el día de antes después de que la responsable de Justicia de CC OO en Teruel, Caridad Belanche, pidiera el cese de Bescós y Borrás con el respaldo del sindicato a nivel regional. El consejero se pronunció sobre este asunto en Andorra durante la visita que realizó a los servicios sociales de la Comarca.
En este sentido, Silva dijo que estaba “extraordinariamente agradecido por el trabajo que están desarrollando los responsables políticos de la Dirección General de Administración de Justicia”, para añadir que sin su ayuda y “la de todos los funcionarios en general, no podríamos llevar adelante en dos años lo que estamos haciendo”, en referencia al tiempo transcurrido desde el traspaso de las competencias de la gestión de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón.
El consejero incidió en los avances que se han conseguido durante todo este tiempo y pidió a todos los implicados que “hagan una apuesta” por intentar cambiar una administración de Justicia “que es del siglo XIX”, algo en lo que “coincidimos todos, y que tiene pendiente un gran cambio”. Apeló a este respecto en “ver las cosas en positivo y las pequeñas cuestiones que por unos o por otros puedan producirse en este camino, intentar obviarlas y quedarse con lo más importante”.
Crítica sindical
CC OO pidió el martes el cese de los dos altos cargos del departamento por su gestión de Justicia desde que se produjeron las transferencias, y la responsable del sindicato en la materia se mostró especialmente crítica con el director general, José Borrás, por no haberles dicho la verdad sobre los dos pisos para funcionarios que se mantienen tras las obras realizadas por el ministerio.
Los representantes de los trabajadores habían pedido que estos pisos se destinaran a dependencias judiciales y no se permitiera que se volviesen a ocupar, y critican a la DGA por no haber hecho nada al respecto alegando que hasta que no se finalizaran las obras el inmueble no sería transferido.
Belanche denunció el martes que la transferencia del edificio se produjo con el traspaso de competencias el 1 de enero de 2008, con independencia de que se estuviesen ejecutando obras en el mismo, y que durante todo este tiempo el director general de Justicia les había ocultado la verdad.
Fuentes del Ministerio de Justicia en Madrid confirmaron ayer que el edificio es de la DGA desde hace dos años y que es a la administración autonómica a la que compete la distribución de los espacios y el problema de las dos viviendas para funcionarios.
La gerente de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Aragón, Pilar Oroz, se pronunció también en los mismos términos al asegurar que el edificio pasó a la DGA con el decreto de transferencias, y que el ministerio no tiene que ver ya nada en el tema de las viviendas porque es un inmueble de la Comunidad Autónoma.
Pagina web de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel, 28.01.2010
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El consejero de Política Territorial, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, Rogelio Silva, respaldó ayer a los responsables políticos de la Dirección General de Administración de Justicia de su departamento, después de que el día anterior el sindicato CC OO pidiera el cese inmediato del viceconsejero, José María Bescós, y del director general, José Borrás. A la vez que Silva hacía estas manifestaciones, el Ministerio de Justicia confirmaba que el edificio de los juzgados de Teruel está transferido a la DGA desde hace dos años, y que cuestiones como la distribución de espacios o las dos viviendas de funcionarios que se mantienen y que critican los representantes sindicales, son aspectos que tiene que resolver el Ejecutivo aragonés.
Silva quiso ayer quitar hierro a la polémica desatada el día de antes después de que la responsable de Justicia de CC OO en Teruel, Caridad Belanche, pidiera el cese de Bescós y Borrás con el respaldo del sindicato a nivel regional. El consejero se pronunció sobre este asunto en Andorra durante la visita que realizó a los servicios sociales de la Comarca.
En este sentido, Silva dijo que estaba “extraordinariamente agradecido por el trabajo que están desarrollando los responsables políticos de la Dirección General de Administración de Justicia”, para añadir que sin su ayuda y “la de todos los funcionarios en general, no podríamos llevar adelante en dos años lo que estamos haciendo”, en referencia al tiempo transcurrido desde el traspaso de las competencias de la gestión de Justicia a la Comunidad Autónoma de Aragón.
El consejero incidió en los avances que se han conseguido durante todo este tiempo y pidió a todos los implicados que “hagan una apuesta” por intentar cambiar una administración de Justicia “que es del siglo XIX”, algo en lo que “coincidimos todos, y que tiene pendiente un gran cambio”. Apeló a este respecto en “ver las cosas en positivo y las pequeñas cuestiones que por unos o por otros puedan producirse en este camino, intentar obviarlas y quedarse con lo más importante”.
Crítica sindical
CC OO pidió el martes el cese de los dos altos cargos del departamento por su gestión de Justicia desde que se produjeron las transferencias, y la responsable del sindicato en la materia se mostró especialmente crítica con el director general, José Borrás, por no haberles dicho la verdad sobre los dos pisos para funcionarios que se mantienen tras las obras realizadas por el ministerio.
Los representantes de los trabajadores habían pedido que estos pisos se destinaran a dependencias judiciales y no se permitiera que se volviesen a ocupar, y critican a la DGA por no haber hecho nada al respecto alegando que hasta que no se finalizaran las obras el inmueble no sería transferido.
Belanche denunció el martes que la transferencia del edificio se produjo con el traspaso de competencias el 1 de enero de 2008, con independencia de que se estuviesen ejecutando obras en el mismo, y que durante todo este tiempo el director general de Justicia les había ocultado la verdad.
Fuentes del Ministerio de Justicia en Madrid confirmaron ayer que el edificio es de la DGA desde hace dos años y que es a la administración autonómica a la que compete la distribución de los espacios y el problema de las dos viviendas para funcionarios.
La gerente de la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia en Aragón, Pilar Oroz, se pronunció también en los mismos términos al asegurar que el edificio pasó a la DGA con el decreto de transferencias, y que el ministerio no tiene que ver ya nada en el tema de las viviendas porque es un inmueble de la Comunidad Autónoma.
Pagina web de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Teruel, 28.01.2010
