Una vez finalizadas el 8 de junio las movilizaciones llevadas a cabo como consecuencia del recorte de nuestros sueldos, pasamos a informar con un poco de retraso sobre qué hay en Aragón sobre la reforma de la Oficina Judicial, más allá del deficiente funcionamiento del Minerva NOJ.
Tal y como informamos en la hoja informativa de 28 de abril, y gracias a la presión de los funcionarios, la DGA aceptó abrir a la participación de los funcionarios, a través de sus representantes, el diseño, estructura y características de la nueva oficina judicial, así como el calendario y condiciones para su implantación. Faltaba concretar en qué forma se iba a llevar a cabo dicha participación, si mediante nuestra integración en el grupo de trabajo que ya forman DGA, Jueces, secretarios y Fiscales (tal y como se nos afirmó en el mes de enero), o bien a través de la constitución de un grupo de trabajo propio y específico. Este punto constituye el primero de la plataforma conjunta suscrita por CCOO y CSI.F, plenamente vigente.
Tras la Mesa Sectorial de 28 de abril fuimos convocadas las tres organizaciones sindicales mayoritarias a una reunión celebrada a primeros del mes de mayo con la DGA, Juez Decano de Zaragoza, Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza, y representantes de las Asociaciones de Jueces y Secretarios y de los Colegios de Abogados y Procuradores de Zaragoza. En dicha reunión la DGA expuso lo que ya avanzamos en nuestra hoja informativa de 28 de abril: la intención de empezar como programa piloto para la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón, en el mes de septiembre u octubre de este año, con la creación del Servicio Común de Ejecutorias Civiles en la ciudad de Zaragoza, que sería común a los Juzgados de 1ª Instancia y Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Y sin avanzar más en dicho proyecto, se nos pidió nuestro parecer.
A CCOO le tocó hablar el primero, y manifestamos en primer lugar nuestras dudas sobre la oportunidad de empezar la implantación de la nueva oficina judicial por quizás el servicio más problemático, que son las Ejecutorias civiles de Zaragoza. No obstante, alegamos que dicho proyecto debería pasar por tres condiciones:
- el mantenimiento de los refuerzos hoy existentes en los Juzgados de 1ª Instancia, habida cuenta de la carga de trabajo actual motivada por la crisis económica.
- el establecimiento de un plan de choque previo, para reducir el número de ejecutorias que pasarían a dicho servicio común, tal y como ha propuesto el Ministerio en su territorio, mediante un plan de actuación.
- y la adecuada dotación de recursos materiales y humanos del nuevo servicio común.
En líneas generales los asistentes a dicha reunión coincidieron en el planteamiento de CCOO. Es de justicia agradecer que representantes de Jueces y Secretarios alabaran la profesionalidad y calidad de los funcionarios de Justicia de Aragón. Mal que le pese al Director General de Justicia, al final de la reunión la postura de quienes asistieron a la reunión era más o menos unánime.
Finalizada la reunión, se suponía que el grupo de trabajo que ha constituido la DGA con el Jueces, Secretarios y Fiscales concretaría el proyecto, nos lo remitirían y habría nuevas reuniones para su discusión. Y decimos “se suponía” porque si bien es cierto que el citado Grupo de Trabajo se ha seguido reuniendo y nos remitió un primer avance del proyecto a quienes asistimos a dicha reunión, lo ha hecho para trámite de “alegaciones”, no para su discusión y debate en reunión. Y es que el compromiso de la Mesa Sectorial de 28 de abril era, se lo recordamos a la DGA a través de estas líneas, nuestra integración en el grupo de trabajo que ya forman DGA, Jueces, secretarios y Fiscales, o bien a través de la constitución de un grupo de trabajo propio y específico, no un simple trámite de alegaciones. Se ve que al Director General o a alguien más de su Grupo de Trabajo le incomoda debatir con nosotros nuestro propio futuro porque decimos las cosas tal y como son, somos críticos cuando hay que serlo y damos traslado de los verdaderos problemas que hay. Por eso CCOO no va a permanecer impasible ante el intento de la DGA de, una vez más, pasar de los funcionarios en el diseño de la oficina judicial, y no nos vamos a conformar con emitir informes o alegaciones, al mismo nivel que otros colectivos, sino que vamos a exigir ( y si no iremos a movilizaciones) que cumpla su palabra y nos integre en el Grupo de Trabajo.
El proyecto del que nos dieron traslado para “alegaciones” a finales de mayo se limita a establecer cuántos funcionarios de los actualmente destinados en los Juzgados de 1ª Instancia y Secciones Civiles de la Audiencia Provincial se quedarían en las UPADs, pasando el resto al Servicio Común de Ejecutorias al cual no distribuía en Secciones o Equipos. Las UPAD asumirían la ordenación del procedimiento, es decir, no se crearía de momento el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento.
Según dicho proyecto, cada UPAD de los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza, incluido el de Incapacidades, quedarían con un Gestor, 2 Tramitadores y 1 Auxilio, además de 1 Secretario para cada dos UPAD. Cada UPAD de los tres Juzgados de Familia quedarían con 2 Gestores, 2 Tramitadores y 1 Auxilio, y 2 Secretarios para las tres UPAD. Cada UPAD de las Secciones de la Audiencia quedarían con un Gestor y 2 de Tramitación, y habría un Auxilio para las tres UPAD y 2 Secretarios para las tres UPAD. El resto de funcionarios irían al Servicio Común de Ejecución Civil, en el que enumeraban los siguientes equipos sin ninguna otra concreción: ejecución dineraria, ejecución no dineraria, ejecución hipotecaria, ejecución de familia, subastas electrónicas, y caja, averiguación patrimonial y estadística.
CCOO ha presentado alegaciones a dicho proyecto, además de recordar a la DGA su compromiso de nuestra integración en el Grupo de trabajo, que resumidamente son las siguientes:
- la DGA debe aclarar si existe o no presupuesto para llevar a cabo el proyecto.
- Son precisos datos más concretos para emitir informe sobre el Servicio Común de Ejecutorias (secciones y equipos que se crearían, distribución de los funcionarios, etc).
- Deben mantenerse los actuales refuerzos.
- Entendemos que el Juzgado de 1ª Instancia 13 de Zaragoza debería quedar fuera de este proyecto, y en cualquier caso su UPAD no puede quedarse en 1-2-1.
- Debe crearse un servicio de apoyo a las UPAD Civiles y otro al Servicio Común de Ejecutorias para cubrir bajas, permisos, vacaciones o situaciones puntuales de sobrecarga de trabajo.
- Debe crearse en el Servicio Común de Ejecutorias una sección en que se integren los funcionarios de Auxilio destinados en dicho Servicio.
- La propuesta de UPAD de las Secciones Civiles de la Audiencia son insuficientes, debiendo ser cuanto menos 1-3-1
Y en este punto se encuentra la reforma de la Oficina Judicial en Aragón. CCOO sigue a la espera de que se nos convoque a una reunión, de igual forma que sucedió en el mes de mayo, en que podamos debatir con datos más concretos sobre la implantación de este Servicio Común, y desde luego no vamos a tolerar una política de hechos consumados como a la que desgraciadamente nos tiene acostumbrados la DGA ni vamos a permanecer impasibles mientras vemos que otros deciden nuestro futuro profesional sin ni siquiera debatirlo con nosotros.
Además de las alegaciones que hemos realizado, para CCOO es básico que se cumplan las tres condiciones que manifestó en la única reunión a la que se nos ha invitado, y desde luego si como consecuencia de la crisis económica no se va a poder dotar al nuevo Servicio Común de Ejecutorias Civiles de los recursos materiales y humanos precisos y necesarios para su funcionamiento lo mejor sería dejar aparcado este proyecto y retomarlo cuando se den las condiciones necesarias para su implantación, sin que ello suponga renunciar a modernizar y mejorar el sistema de organización y el trabajo en nuestros juzgados, caduco e ineficiente.
