CCOO Aragón hasta la fecha no ha dado cancha a los proyectos de reforma de la Oficina Judicial en Aragón, lejanos (tanto temporalmente como en concepción) de la realidad, toda vez que las mayores preocupaciones de CCOO, así como de la gran mayoría de funcionarios y funcionarias de Justicia, son otras y entre ellas cómo sacamos adelante el desbordamiento de trabajo que tenemos, incrementado por la situación de crisis económica, con el personal (insuficiente) que somos, tras la supresión de los refuerzos, y con un programa informático que es una rémora para el buen funcionamiento de los Juzgados. Pero una vez que la DGA parece que se lanza al “vacío” de la reforma es hora de ir de exponer cuál es nuestra postura de inicio, además de la información que hayamos podido ofrecer en las Asambleas celebradas hasta la fecha.
En el mes de julio de este año la DGA nos dio traslado del diseño del Plan Piloto para la implantación de la nueva Oficina Judicial en Aragón, consistente en la creación de un servicio de Ejecutorias Civiles en Zaragoza, lo que a su vez conllevaba la creación de un Servicio Común General, incluido el SACE, y la creación de las oficinas judiciales de la Presidencia y Secretaría de Gobierno del TSJA; el plan piloto afectaría a toda la jurisdicción civil y mercantil de Zaragoza, incluidas las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial, Decanato de Zaragoza, SACE y oficinas de Presidencia del TSJA, Secretaría de Gobierno del TSJA y Presidencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Dicho proyecto, al cual podéis acceder a través del post de 9 de agosto, accesible en este link Proyecto Piloto DGA, no iba acompañado de ninguna memoria justificativa del mismo, datos estadísticos que permitieran su evaluación ni del establecimiento de un plan de choque que permitiera reducir el número de ejecutorias a asumir por el nuevo servicio. Tampoco suponía aumento alguno del personal destinado en los Juzgados Civiles de Zaragoza y Juzgado Decano; no sólo eso, sino que previamente, a finales de junio, se suprimieron todos los refuerzos creados 6 meses atrás en los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza, con la excusa de que su labor se diluía entre el trabajo de cada juzgado sin que permitiera su evaluación por la consecución de objetivos concretos, así como de los Juzgados de lo Penal de Zaragoza, que poco a poco vuelven a tener colapsadas sus ejecutorias.
Sin entrar en la valoración del Plan Piloto mencionado, queremos dejar claro que CCOO-Aragón apuesta por la reforma de la Administración de Justicia, de forma que de una vez se solucionen problemas enquistados de la Justicia en Aragón y se reconozcan (y retribuyan adecuadamente) las funciones que corresponden a cada uno de los Cuerpos de la Administración de Justicia. Ahora bien, la prudencia aconseja esperar a ver los resultados que dicha reforma tiene en aquellas poblaciones en que se están desarrollando proyectos piloto, y sobre todo cuando las distintas administraciones afirman carecer del presupuesto necesario para incrementar los recursos materiales y humanos que debían acompañar la implantación de la nueva Oficina Judicial. Parafraseando a San Ignacio de Loyola, en tiempos de tribulaciones no hacer mudanza.
La necesidad de más funcionarios, tanto haya reforma o no de la oficina judicial, no lo decimos sólo nosotros, sino también el Juez Decano de Zaragoza, tal y como aparece en el Heraldo de Aragón del 14 de noviembre. Dice Dolado que “en Aragón siempre hemos tenido un déficit importante de funcionarios; es un problema que llevamos arrastrando desde hace años y que ahora, en estos tiempos de crisis, es muy difícil de solucionar porque la coyuntura no lo permite”. Añadimos desde CCOO: difícil, pero no imposible, tal y como vemos en qué se gasta el dinero el Gobierno de Aragón (carteles publicitarios de sus logros en los últimos 12 años, gastos preelectorales, aumento de dotación de la Dirección General de Justicia, asesores “fantasmas”, 34.000 euros al mes por los despachos de Puerta Cinegia, etc).
De cara a la reforma de la oficina judicial, no nos engañemos: no hay funcionarios o funcionarias cruzados de brazos que puedan destinarse a nuevas oficinas, ni recetas mágicas que permitan una reducción de la carga de trabajo a través de la reorganización de oficinas judiciales para acabar haciendo todos lo mismo. Y sobre todo en la ciudad de Zaragoza, hay una realidad evidente: el número de Juzgados de 1ª Instancia, y por tanto de funcionarios dedicados a dicha jurisdicción, es insuficiente (los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza atienden a una media de 40.000 personas por Juzgado, mientras que la media nacional es de 31.000 por Juzgado, soportando la mayor carga de trabajo y la mayor presión de toda España). Culpable de ello son tanto el Ministerio de Justicia, por no haber incrementado su plantilla en los años que de ellos dependimos, como el Gobierno de Aragón, cicatero en la creación de Juzgados en los años de “vacas gordas” y corto de miras y perspectivas cuando se transfirió la gestión de la Justicia a Aragón.
Lo que está claro para CCOO, así como la gran mayoría de funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, es que implantar la nueva Oficina Judicial en Aragón para al final quedarnos como estamos, sin mejoras perceptibles en el servicio que prestamos, para seguir asumiendo la misma o mayor carga de trabajo de la que tenemos, sin racionalizar en forma alguna los recursos con que cuenta nuestra administración, y además por medio de un importante proceso de movilidad de puestos de trabajo, no sólo merecería nuestro reproche sino nuestro rechazo más profundo por perder una ocasión de oro para modernizar la Justicia en Aragón. Reforma sí, pero no así.
CCOO apuesta por una reforma de la oficina judicial que por un lado dé respuesta a los problemas coyunturales de nuestra Administración (principalmente que los funcionarios de cada Cuerpo acabamos asumiendo muchas de las funciones del Cuerpo superior, sin retribución, pero también otros muchos problemas derivados de la deficiente gestión que algunos Jueces y Secretarios realizan del personal a su cargo), y por otro lado y colateralmente ofrezca soluciones a la situación, esperemos que coyuntural, derivada del aumento de carga de trabajo por la crisis económica.
Al contrario, a juicio de CCOO resultaría deplorable que alguien utilizara la actual situación de la Justicia civil, derivada de la crisis económica y de la falta de Juzgados de 1ª Instancia y de personal en Zaragoza, para intentar meter con calzador la reforma de la oficina judicial a coste cero, sin incremento de medios personales y humanos, justificando que con ello se daría solución a los problemas de las ejecutorias civiles en Zaragoza. Deplorable y una gran mentira.
Esa es precisamente la situación de partida de la implantación del Plan Piloto de Ejecutorias Civiles de Zaragoza: el Juez Decano de Zaragoza y la Secretaria Coordinadora Provincial, con la excusa de la mala situación de las ejecutorias civiles, quieren que se pongan cuanto antes en funcionamiento dicho Plan Piloto, lo que parece responder principalmente a intereses corporativos y no a dar respuesta a las necesidades de la Justicia en Aragón.
La DGA, responsable último de la decisión de la implantación de dicho proyecto piloto, no sabemos si impulsados por dicho Juez y Secretaria o en connivencia con los mismos, dice que quiere implantar el plan piloto, pero no quiere ni oir hablar de aumentos de personal. Y cuando las organizaciones sindicales decimos en la mesa lo mismo que el Juez Decano dice en los medios de comunicación, que faltan medios personales y materiales para este o cualquier otro proyecto, ellos callan. La DGA quiere una reforma a coste cero, aunque ello no suponga mejora alguna de la Administración de Justicia. Juez Decano y Secretaria Coordinadora no dicen palabra alguna para que la DGA se moje y ponga más medios para una Administración que los precisa con urgencia, si quiera sea para un plan de choque, lo que les hace sospechosos de cierta connivencia con la DGA: la DGA hace la reforma que quieren a Jueces y Secretarios, únicos beneficiarios de la reforma, y éstos no le piden más recursos a aquélla, con lo que la reforma le sale gratis.
Y a partir de ahora empieza el debate: si se sigue adelante con el Plan Piloto, quienes lo han diseñado tendrán que defender en primer lugar su diseño, ya que hasta ahora todo lo que tenemos es la información que colgamos en el post del mes de agosto; si se sigue adelante tendrán que decirnos qué hacemos con las miles de ejecutorias hoy vivas, y si se aplica algún plan de choque. Habrá que ver qué pasa con los refuerzos que la DGA se comprometió a restablecer si se establecían objetivos concretos que pudieran evaluar su necesidad, y si Juez Decano y Secretaria Coordinadora, con la misma insistencia que defienden su Plan Piloto, defienden el restablecimiento de dichos refuerzos. Deberán dar respuesta a las propuestas que hicimos las organizaciones sindicales el pasado 2 de noviembre, y de las que informaremos en otro post. Y sobre todo, deberán justificar cómo su proyecto piloto responde a la finalidad última de mejorar la Administración de Justicia, y no a la de mejorar la situación de unos pocos. Pues de esa justificación dependerá que el proyecto sea de todos, o solo de la DGA, y nuestra implicación en el mismo.
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