Algo se mueve cuando hasta las reuniones entre DGA y sindicatos para la implantación del proyecto piloto de la nueva oficina judicial en Aragón, que afectaría a los Juzgados de 1ª Instancia, Secciones Civiles de la Audiencia Provincial, SACE y Decanato de Zaragoza, no solo las convocan por correo electrónico sino que hasta aparecen publicadas en los medios de comunicación. Se ve que ante la proximidad de las elecciones autonómicas “alguien” ha dado un toque a la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Aragón para que intente vender lo que se está haciendo, sea el nombramiento de 16 interinos de refuerzo para los Juzgados de 1ª Instancia de Zaragoza (los mismos que quitaron en verano) o los progresos en materia de implantación de la nueva oficina judicial.
Lo cierto es que respecto a esto último, y el proyecto piloto que empezará en septiembre de este año, todavía quedan muchísimos aspectos de qué hablar y que cerrar. Por de pronto todavía no está cerrado el diseño de dicho proyecto piloto, al que CCOO presentó numerosas enmiendas y que estamos pendientes de que la DGA haga una propuesta más o menos definitiva para ir cerrando flecos y acercando posturas en cuanto a qué oficinas en definitiva se verán afectadas, qué nuevos servicios, secciones y equipos se van a crear y cuál va a ser su dotación.
La convocatoria de la reunión del pasado viernes 21 de enero tenía, en principio, por objeto cerrar el tema del nombramiento de los funcionarios de refuerzo que se van a nombrar a todos los Juzgados de 1ª Instancia para preparar la transición a la nueva oficina judicial (1 por Juzgado y uno común para los tres Familias, a excepción del Juzgado nº 13 que queda fuera del proyecto piloto y los nuevos Juzgados creados el 30 de diciembre), así como la articulación del tutor de estos Tramitadores de refuerzo en cada Juzgado, que percibirían una retribución adicional.
Sin embargo, en la convocatoria que luego nos remitieron por correo el punto de la orden del día era, ni más ni menos, que la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (rpt) de las nuevas oficinas resultantes del Plan Piloto (Catálogo, definición de puestos y funciones). Todo ello sin definir previamente cómo se va a realizar todo el proceso de transición, ni sus bases, lo que a juicio de CCOO suponía, dicho castizamente, empezar la casa por el tejado.
En la reunión poco se trató del tema de los refuerzos antes mencionados, salvo que se les va a impartir una formación sobre el Minerva NOJ (CCOO insistió en que dicha formación sobre el programa informático debe ir acompañada de formación especializada procesal sobre las tareas que van a realizar) los días 1, 2 y 3 de febrero. Sin embargo nada se dijo sobre el nombramiento del funcionario tutor en cada Juzgado, sobre su selección, retribución o competencias.
En cuanto a la implantación del Plan Piloto, CCOO expuso que antes de entrar a debatir sobre el catálogo, definición de puestos y funciones de cada funcionario en la nueva Oficina Judicial es preciso que se negocie y se alcance un acuerdo sobre las bases de la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón que regule todo el proceso. Cuestiones tan básicas como que no haya amortización de plazas, participación en el diseño de los concursos para cubrir puestos singuralizados, cómo se debe realizar el proceso de acoplamiento a la nueva oficina judicial, el tamaño mínimo de dicha nueva oficina para que no impida o sea un obstáculo para el disfrute de permisos y vacaciones, etc, son cuestiones para CCOO clave y esenciales que previamente hay que dejar cerradas. Y a nuestro juicio ese debe ser ahora el objetivo: alcanzar un acuerdo que permita, más allá de las discrepancias técnicas que pueda haber sobre la nueva oficina judicial, que ésta se implante sin merma alguna de los derechos de los funcionarios y con respeto a las actuales condiciones de trabajo. Y sería bueno y positivo que esta primera etapa de la gestión de la Justicia en Aragón por parte de la Comunidad Autónoma, que se va a cerrar en los próximos meses con las elecciones sindicales y autonómicas próximas, acabase con un acuerdo en esta materia que despejase y allanase el camino a quienes a partir del mes de junio o julio van a tener que gestionarla. Eso sí que la Viceconsejería de Justicia de Aragón podría vender como un logro y un importante paso adelante. Sin acuerdo difícilmente la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón estará carente de conflictividad.
La posición de CCOO al efecto está fijada en los puntos 2 y 3 de la Plataforma conjunta suscrita con CSI.F en abril de 2010, a la que podéis tener acceso a través del siguiente link: Plataforma. Plataforma a la que hemos invitado a UGT a unirse.
Y para entrar y fijar el primer punto de debate, CCOO lanzó en dicha reunión lo que a nuestro juicio es una de las claves de la reforma, y de su implantación en paz o en conflicto: que cada oficina judicial, se llame UPAD de un determinado Juzgado o se llame equipo, constituya un puesto de trabajo diferenciado, tanto a los efectos de la adscripción a los nuevos puestos de trabajo resultantes del proceso de acoplamiento a la nueva oficina judicial como a los efectos de futuros concursos de traslados. Dicho sea de otra forma: que en la fase de acoplamiento un funcionario cuyo actual centro de trabajo es el Juzgado de 1ª Instancia 2 de Zaragoza pueda optar por quedarse a trabajar en la UPAD de dicho Juzgado (del que no se mueve el Juez), en vez de en un genérico puesto de trabajo “UPAD de Juzgados de 1ª Instancia”, sin saber si va a trabajar para el Juez del 1 o del 21, dependiendo de la decisión del Secretario de turno. E igual en los concursos: que un funcionario pueda solicitar trabajar en el equipo de ejecutorias hipotecarias, dependiente de la Sección Civil del Servicio Común de Ejecutorias, y no en un genérico “Servicio Común de Ejecutorias”, con más de 100 puestos de trabajo, a distribuir, puede que sin criterio alguno, por el Secretario responsable del mismo.
Ello no merma en absoluto las posibilidades que tiene la Administración de proceder a las posibles redistribuciones de efectivos, acordando la adscripción, por necesidades del servicio, de los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos a otros de igual naturaleza del mismo centro de destino, con el mismo complemento general del puesto y complemento específico, tal y como establece el art. 65 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, por cuanto el concepto “centro de destino” viene fijado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el procedimiento regulado para la redistribución de efectivos se aplica existan o no puestos de trabajo diferenciados.
Pero para nosotros, los funcionarios, este es un punto esencial: todos queremos tener la posibilidad de elegir en qué unidad judicial concreta vamos a trabajar, y no quedar al criterio de personas que ni nos conocen ni conocen nuestras capacidades para ser adscritos, dentro de un centro de destino (que puede tener 50 ó 100 puestos de trabajo), a un puesto de trabajo concreto, en definitiva, diferenciado del resto. Debemos ser los funcionarios y no la Administración o los Secretarios Judiciales quienes podamos elegir, dentro de los distintos puestos de trabajo que se incluyen en un centro de destino, a qué puesto de trabajo queremos ir y a qué puesto de trabajo no queremos ir. Porque no es lo mismo trabajar en el Servicio Común General en el archivo que en atención al público, por ejemplo; o trabajar en el Servicio Común de Ejecutorias en Ejecutorias Penales o en Ejecutorias Civiles. O trabajar en Ejecución de Títulos Judiciales y en Ejecución Hipotecaria. O trabajar con el Juez del 1 que con el del 4, por poner varios ejemplos.
En ello, incluido dentro de un acuerdo sobre las bases de la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón, va a trabajar CCOO, e invita a todos los funcionarios y organizaciones sindicales a luchar y defender por ello. Estamos en un momento clave de nuestro futuro profesional que sólo podremos sacar adelante si demostramos, una vez más, la unidad y la firmeza que hemos demostrado en multitud de ocasiones anteriores.
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Lo cierto es que respecto a esto último, y el proyecto piloto que empezará en septiembre de este año, todavía quedan muchísimos aspectos de qué hablar y que cerrar. Por de pronto todavía no está cerrado el diseño de dicho proyecto piloto, al que CCOO presentó numerosas enmiendas y que estamos pendientes de que la DGA haga una propuesta más o menos definitiva para ir cerrando flecos y acercando posturas en cuanto a qué oficinas en definitiva se verán afectadas, qué nuevos servicios, secciones y equipos se van a crear y cuál va a ser su dotación.
La convocatoria de la reunión del pasado viernes 21 de enero tenía, en principio, por objeto cerrar el tema del nombramiento de los funcionarios de refuerzo que se van a nombrar a todos los Juzgados de 1ª Instancia para preparar la transición a la nueva oficina judicial (1 por Juzgado y uno común para los tres Familias, a excepción del Juzgado nº 13 que queda fuera del proyecto piloto y los nuevos Juzgados creados el 30 de diciembre), así como la articulación del tutor de estos Tramitadores de refuerzo en cada Juzgado, que percibirían una retribución adicional.
Sin embargo, en la convocatoria que luego nos remitieron por correo el punto de la orden del día era, ni más ni menos, que la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (rpt) de las nuevas oficinas resultantes del Plan Piloto (Catálogo, definición de puestos y funciones). Todo ello sin definir previamente cómo se va a realizar todo el proceso de transición, ni sus bases, lo que a juicio de CCOO suponía, dicho castizamente, empezar la casa por el tejado.
En la reunión poco se trató del tema de los refuerzos antes mencionados, salvo que se les va a impartir una formación sobre el Minerva NOJ (CCOO insistió en que dicha formación sobre el programa informático debe ir acompañada de formación especializada procesal sobre las tareas que van a realizar) los días 1, 2 y 3 de febrero. Sin embargo nada se dijo sobre el nombramiento del funcionario tutor en cada Juzgado, sobre su selección, retribución o competencias.
En cuanto a la implantación del Plan Piloto, CCOO expuso que antes de entrar a debatir sobre el catálogo, definición de puestos y funciones de cada funcionario en la nueva Oficina Judicial es preciso que se negocie y se alcance un acuerdo sobre las bases de la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón que regule todo el proceso. Cuestiones tan básicas como que no haya amortización de plazas, participación en el diseño de los concursos para cubrir puestos singuralizados, cómo se debe realizar el proceso de acoplamiento a la nueva oficina judicial, el tamaño mínimo de dicha nueva oficina para que no impida o sea un obstáculo para el disfrute de permisos y vacaciones, etc, son cuestiones para CCOO clave y esenciales que previamente hay que dejar cerradas. Y a nuestro juicio ese debe ser ahora el objetivo: alcanzar un acuerdo que permita, más allá de las discrepancias técnicas que pueda haber sobre la nueva oficina judicial, que ésta se implante sin merma alguna de los derechos de los funcionarios y con respeto a las actuales condiciones de trabajo. Y sería bueno y positivo que esta primera etapa de la gestión de la Justicia en Aragón por parte de la Comunidad Autónoma, que se va a cerrar en los próximos meses con las elecciones sindicales y autonómicas próximas, acabase con un acuerdo en esta materia que despejase y allanase el camino a quienes a partir del mes de junio o julio van a tener que gestionarla. Eso sí que la Viceconsejería de Justicia de Aragón podría vender como un logro y un importante paso adelante. Sin acuerdo difícilmente la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón estará carente de conflictividad.
La posición de CCOO al efecto está fijada en los puntos 2 y 3 de la Plataforma conjunta suscrita con CSI.F en abril de 2010, a la que podéis tener acceso a través del siguiente link: Plataforma. Plataforma a la que hemos invitado a UGT a unirse.
Y para entrar y fijar el primer punto de debate, CCOO lanzó en dicha reunión lo que a nuestro juicio es una de las claves de la reforma, y de su implantación en paz o en conflicto: que cada oficina judicial, se llame UPAD de un determinado Juzgado o se llame equipo, constituya un puesto de trabajo diferenciado, tanto a los efectos de la adscripción a los nuevos puestos de trabajo resultantes del proceso de acoplamiento a la nueva oficina judicial como a los efectos de futuros concursos de traslados. Dicho sea de otra forma: que en la fase de acoplamiento un funcionario cuyo actual centro de trabajo es el Juzgado de 1ª Instancia 2 de Zaragoza pueda optar por quedarse a trabajar en la UPAD de dicho Juzgado (del que no se mueve el Juez), en vez de en un genérico puesto de trabajo “UPAD de Juzgados de 1ª Instancia”, sin saber si va a trabajar para el Juez del 1 o del 21, dependiendo de la decisión del Secretario de turno. E igual en los concursos: que un funcionario pueda solicitar trabajar en el equipo de ejecutorias hipotecarias, dependiente de la Sección Civil del Servicio Común de Ejecutorias, y no en un genérico “Servicio Común de Ejecutorias”, con más de 100 puestos de trabajo, a distribuir, puede que sin criterio alguno, por el Secretario responsable del mismo.
Ello no merma en absoluto las posibilidades que tiene la Administración de proceder a las posibles redistribuciones de efectivos, acordando la adscripción, por necesidades del servicio, de los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos genéricos a otros de igual naturaleza del mismo centro de destino, con el mismo complemento general del puesto y complemento específico, tal y como establece el art. 65 del Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, por cuanto el concepto “centro de destino” viene fijado por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y el procedimiento regulado para la redistribución de efectivos se aplica existan o no puestos de trabajo diferenciados.
Pero para nosotros, los funcionarios, este es un punto esencial: todos queremos tener la posibilidad de elegir en qué unidad judicial concreta vamos a trabajar, y no quedar al criterio de personas que ni nos conocen ni conocen nuestras capacidades para ser adscritos, dentro de un centro de destino (que puede tener 50 ó 100 puestos de trabajo), a un puesto de trabajo concreto, en definitiva, diferenciado del resto. Debemos ser los funcionarios y no la Administración o los Secretarios Judiciales quienes podamos elegir, dentro de los distintos puestos de trabajo que se incluyen en un centro de destino, a qué puesto de trabajo queremos ir y a qué puesto de trabajo no queremos ir. Porque no es lo mismo trabajar en el Servicio Común General en el archivo que en atención al público, por ejemplo; o trabajar en el Servicio Común de Ejecutorias en Ejecutorias Penales o en Ejecutorias Civiles. O trabajar en Ejecución de Títulos Judiciales y en Ejecución Hipotecaria. O trabajar con el Juez del 1 que con el del 4, por poner varios ejemplos.
En ello, incluido dentro de un acuerdo sobre las bases de la implantación de la nueva oficina judicial en Aragón, va a trabajar CCOO, e invita a todos los funcionarios y organizaciones sindicales a luchar y defender por ello. Estamos en un momento clave de nuestro futuro profesional que sólo podremos sacar adelante si demostramos, una vez más, la unidad y la firmeza que hemos demostrado en multitud de ocasiones anteriores.
