Tras un año de gestión por parte de los nuevos responsables de la Justicia en el Gobierno de Aragón, y aun cuando muchos de sus representantes en la Mesa Sectorial son caras conocidas de los años anteriores, CCOO reclama un cambio total y radical de su actitud ante la administración de Justicia de Aragón y ante sus funcionarios y funcionarias.
Lo
sucedido este año en la negociación y aprobación de la acción social es una muestra más de lo mal que está tratando el Gobierno de Aragón a los funcionarios de
Justicia de Aragón, y que es preciso que se conozca. Tras 4 años defendiendo CCOO la supresión del
límite de rentas en la acción social del Ministerio de Justicia, en el mes de
abril CCOO presentó a la DGA un escrito solicitando de nuevo la supresión del
límite de rentas, al que se adhirieron todas las organizaciones sindicales,
para lo que bastaba con modificar dos artículos de la propuesta de la DGA. Dicha supresión, como hemos informado
reiteradamente, no suponía incremento del gasto, pues sigue siendo el mismo,
sino una “redistribución interna” de las ayudas, de forma que el presupuesto de
cada ayuda se reparte entre más solicitantes, llegando de esta forma la acción
social en aspectos tan esenciales como minusvalía, hijos o sanitaria a personas
que superan los injustos límites de rentas establecidos en la acción social.
Dicha
propuesta fue presentada una semana antes de la reunión en que se iba a
negociar y cerrar, en definitiva, la acción social.
En
la citada reunión los representantes de la DGA rechazaron la propuesta de CCOO,
a la que se habían adherido todas las demás organizaciones sindicales, con la
justificación de que dicha modificación era sustancial (suponía suprimir dos
artículos del Plan de acción social, sin incremento de gasto), necesitaban
estudiar su impacto (no habían tenido tiempo para estudiar esta propuesta que
hemos hecho durante 4 años ni siquiera a la vista de la propuesta escrita
presentada una semana antes ) y porque les preocupaba que los funcionarios con
rentas más bajas pudieran percibir menos acción social ( y sin embargo la DGA
no tiene pudor alguno en proponer la supresión de la ayuda de transporte, que
llega a 500 funcionarios; que cada uno le ponga el adjetivo a esto).
Y
para rematar su posición, tras insistir en que no podían aceptar la propuesta
conjunta de los cuatro sindicatos de suprimir el límite de rentas porque la
modificación era “sustancial” y no
habían tenido tiempo de estudiarla, ¡¡¡ volvieron a proponer que nos pasemos a
la acción social de la DGA que sí que es un cambio total en la concepción y
programas de la acción social!!! Y de
nuevo, nos emplazaron a septiembre de este año para negociar la acción social
…
Esto pasó en el mes de mayo, y la
acción social de Justicia se acaba de
publicar ahora, en el mes de julio, para el que sí han tenido tiempo para
estudiar la “modificación sustancial” que supone recortar las ayudas en un 35
%, sin previa audiencia de las organizaciones sindicales.
CCOO
ha dado a la Dirección General de Justicia un amplísimo margen durante este
primer año de gestión, con sus nuevos responsables. Pero ese margen se acaba. Lo
sucedido además con la vergonzosa negociación del Plan de
Actuación para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (en que un día ponen un
dinero en la mesa de negociación, y a la siguiente lo quitan); lo que está
pasando con la negociación de la nueva oficina judicial, no teniendo en cuenta
ninguna de nuestras aportaciones,
optando por un modelo que supondrá una grave lesión a los derechos de los
funcionarios de Justicia, que supondrá una inagotable fuente de conflictos y
que además empeorará el funcionamiento de la Administración de Justicia; la
dejación de funciones que hace la Dirección
General de Justicia omitiendo concretar el diseño de la NOJ y dejando
que sean los protocolos de actuación los que lo hagan, cuando dichos protocolos
son herramientas procesales, son motivos más que suficientes para que CCOO
demande a la DGA en general, a sus representantes en la Mesa Sectorial de
Justicia en particular y a la Dirección General de Justicia de Aragón un cambio
total y radical de actitud hacia la Administración de Justicia de Aragón y sus
funcionarios.
Porque, Sr. Consejero de Presidencia y
Justicia, no basta con invertir más dinero, que se va en instalaciones ya
programadas antes de que usted llegara al cargo, sino que además hay que
gestionar, y hay que gestionar con tino en esta situación de crisis que se está
cebando también con los derechos de los trabajadores de la Administración de
Justicia. No se puede “marear la perdiz” en temas esenciales como es la
implantación de la nueva oficina judicial, haciendo propuestas de consenso que
luego a la primera de cambio rompe la propia DGA. Si el Presidente del TSJA y
el Juez Decano de Zaragoza se quejan de que este primer año ha sido un “año
perdido”, por algo será. Señoras y Señores de la DGA y de la Dirección General
de Justicia: sean humildes, escuchen a quienes saben de esto porque casi
ninguno de ustedes tiene conocimiento o
experiencia de lo que es trabajar en un Juzgado, y no jueguen con nosotros,
porque la paciencia de los funcionarios de Justicia, con ustedes y con el
Gobierno de la Nación, se está acabando.
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