La Ley de Tasas publicada en el BOE de 21 de
noviembre es una norma que ataca los pilares del Servicio Público de la
Administración de Justicia y el derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva.
Gallardón actúa contra los derechos de todos los ciudadanos
y también de los funcionarios públicos, y a partir de ahora, se comienza a
desmantelar el servicio público de la Administración de Justicia.
En esencia la Ley de Tasas convierte la Administración de
Justicia en una Administración a la que no podrán acudir desde ahora los
ciudadanos sin medios económicos suficientes o con escasos recursos.
Porque a partir de ahora, los ciudadanos que acudan a la
Administración de Justicia deberán abonar:
A)
En el
orden civil
Verbal y cambiario
|
Ordinario
|
Monitorio
|
Ejecución extrajudicial y oposición a ETJ
|
Concurso necesario
|
Apelación
|
Casación y extraordinario por infracción procesal
|
150 €
|
300 €
|
100 €
|
200€
|
200 €
|
800 €
|
1.200 €
|
B)
En el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
Abreviado
|
Ordinario
|
Apelación
|
Casación
|
200 €
|
350 €
|
800 €
|
1.200 €
|
C)
En el
orden social:
Suplicación
|
Casación
|
500 €
|
750 €
|
Además, se deberá abonar una tasa del 0,5% de la cuantía del
procedimiento si no supera el 1.000.000 de euros y el 0,25 % adicional a partir
de esa cantidad, con un límite de 10.000 euros.
Los funcionarios públicos estarán exentos de abonar la tasa
en la interposición del recurso contencioso-administrativo en defensa de sus
derechos estatutarios, pero no de acudir obligatoriamente con abogado y
procurador, lo que encarece de forma mayúscula la defensa de nuestros derechos
laborales.
ES UN ESCÁNDALO QUE LA
LEY 10/2012 ESTABLEZCA QUE LOS CIUDADANOS CON INGRESOS DE 1.200 EUROS PAGARÁN
LAS MISMAS TASAS QUE UNA PERSONA QUE GANE 100.000 EUROS
Lo que es profundamente llamativo, y que demuestra la
hipocresía de Gallardón cuando afirma que los ciudadanos sin recursos podrán
beneficiarse de la justicia gratuita si carecen de medios, es que la Ley
establece que las familias con ingresos de tan solo 1.200 euros deberán pagar
las tasas establecidas en la ley, y abonará las mismas tasas que las unidades
familiares con ingresos superiores a 100.000 euros. Es decir, no existe ninguna
ni proporción ni progresivIdad en las tasas fijadas en relación con los
ingresos de la unidad familiar.
Por tanto, Gallardón ha demostrado que le importa un bledo
que el pago de las tasas que la Ley determina sean las mismas para un ciudadano
sin más recursos que el salario mínimo (ejemplo: una familia de dos personas
trabajando y cobrando el salario mínimo -641,40 EUROS- deberán pagar tasas,
porque superan el mínimo para estar exento) que para los ricos con un gran
patrimonio y altos ingresos mensuales de 100.000 de euros/mes.
Así, por ejemplo, el recurso contra el despido de un
trabajador costará lo mismo al trabajador (500 €) que si recurre la empresa.
Para recurrir cualquier actuación de la Administración, se deberá abonar una
tasa mínima entre 200 y 350 €. Para recurrir una sentencia se deberá abonar una
tasa mínima entre 500 y 1.200 € según el tipo de recurso y el orden
jurisdiccional.
LA LEY DE TASAS
SIGNIFICA EL COMIENZO DEL DESMANTELAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA:
NO PODEMOS PERMITIRLO, DEFENDAMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
CCOO viene denunciando desde muchos meses ante la opinión
pública la actuación de Gallardón, exactamente desde que el Gobierno aprobó el
primer informe para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Tasas
judiciales, que ahora se convierte en ley en el BOE.
Esta Ley es una más de las decisiones del Gobierno de acabar
con los servicios públicos, de pretender acabar con todo: con los hospitales
públicos, con la educación pública, con los derechos sociales, y ahora con el
Servicio Público de la Justicia, que con la Ley de Tasas, con los proyectos de
desjudicialización y privatización de servicios y asuntos judiciales, con la
reducción de partidos judiciales o la instauración de los Tribunales de
Instancia….conllevará el encarecimiento y el alejamiento de la Justicia al
ciudadano, a la vez que producirá la pérdida de puestos de trabajo y los
derechos laborales.
Todas estas decisiones del Gobierno de Rajoy, perfectamente meditadas
en una estrategia calculada desde antes de ganar las elecciones de noviembre de
2011 y presentando un programa electoral radicalmente antagónico a las
decisiones que ya había decidido que iba a tomar, persiguen desmantelar los
servicios públicos y entregarlos a las empresas privadas, muchas de las cuales
están dirigidas por personas afines a dirigentes del partido que sustenta al
Gobierno. Empresas privadas que no tendrán escrúpulos en sacar beneficio a
costa de los derechos básicos y fundamentales de los ciudadanos. Y para que
estas empresas tengan miles de euros de beneficios como la ha tenido la banca
que apoyada con las ayudas y la complicidad del Gobierno ha estafado millones
de euros a las personas decentes, los ciudadanos no podrán defenderse ante los
Tribunales por tasas enormes, ni las personas sin recursos acceder a la Sanidad
pública para poder curar sus enfermedades.
En otro orden de
cosas, EL GOBIERNO INTRODUCE EN LA LEY DE TASAS QUE PAGUEMOS EN DICIEMBRE CUOTA
DOBLE DE DERECHOS PASIVOS Y MUGEJU, A PESAR DE LA ELIMINACIÓN DE LA PAGA EXTRA
Asimismo, el Gobierno ha aprovechado la tramitación de esta
Ley para introducir una vuelta de tuerca más contra los empleados públicos en
relación con el Real Decreto Ley 20/2012, añadiendo a dicho RDL un nuevo
artículo 5 bis para establecer el descuento doble en el mes de diciembre de las
cuotas de derechos pasivos y de la Mutualidades de funcionarios, a pesar de que
el propio Gobierno ha eliminado la paga extra de diciembre de todos los
empleados públicos. Absolutamente miserable.