Que la realidad no te estropee un buen titular. Eso debió pensar el Director General de Función Pública el pasado miércoles, 14 de noviembre, cuando tuvo que comparecer ante los medios de comunicación para facilitar los datos de seguimiento de la huelga general.
Ante la evidencia del enorme apoyo que los empleados públicos dieron a la jornada de huelga, el Gobierno de Aragón tuvo que poner en marcha la máquina de intoxicar, la máquina de manipular números, la “cocina” que prepara datos a la carta. Y al frente de la cocina, nuestro particular “Ferrán Adrià”, experto en ocultar información, especialista en echarle la culpa al maestro armero.
Pero hasta el mejor cocinero tiene un mal día y se le corta la mayonesa. Tantas vueltas le dieron a los datos que de la mañana a la tarde habían desaparecido 3.000 trabajadores y trabajadoras de la DGA. En el intento de aliñar las cifras, el Director General de Función Pública preparó una ensalada en la que aparecían y desaparecían miles de empleados públicos. De los datos que facilitó por la mañana a los que transmitió por la tarde, en Sanidad se habían evaporado 3.958 trabajadores y trabajadoras, y en Administración General se había contratado a 400 trabajadores y trabajadoras.
Esta sopa de letras y números intentaba tapar el regusto socarrado que le estaba quedando al Gobierno de Aragón ante la evidencia de la realidad. Una realidad incuestionable y que mostraba como más de la mitad de los empleados públicos de la DGA no acudieron a su puesto de trabajo. Entre el 50 y el 60% de apoyo a la huelga general, lo que la convierte en la huelga con mayor respaldo, a la altura de la huelga general del 14 de diciembre de 1988.
Un éxito que fue reforzado por la tarde, con la masiva afluencia a la manifestación ciudadana, que contó con la participación de más de 200.000 personas.
Y todo ello, navegando contra la corriente de unos medios de comunicación empeñados en vaticinar un fracaso que no se ha producido. Navegando contra unos servicios mínimos absurdos y abusivos que garantizaban el derecho al trabajo en un centro cerrado al público con 10 personas de servicios mínimos como la Residencia de Orihuela del Tremedal y que, sin embargo, impedían el derecho de huelga a muchos trabajadores y trabajadoras que fueron designados como servicios mínimos.
CCOO exige que se diga la verdad. CCOO exige que el Gobierno de Aragón reconozca el compromiso y la rebeldía de la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la DGA, comprometidos en la lucha contra el desmantelamiento de los servicios públicos, comprometidos en la lucha contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar.
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