Que la unión hace la fuerza es un principio que a lo largo
de la historia es y ha sido la máxima aspiración de los movimientos sociales y
sindicales para la conquista y defensa de los derechos sociales y laborales.
Pero su logro es difícil si las diferencias, que indudablemente existen, no son
aparcadas para constituir un frente común en la lucha del principal objetivo.
Así, estamos viendo cómo en la actualidad diferentes
movimientos sociales, sindicales, culturales… han conseguido aglutinarse en
torno a la defensa de los derechos sociales y laborales que, con la
constitución del Estado Social y Democrático de Derecho y posteriormente la
consecución del Estado del bienestar, se fraguó en la defensa de los Servicios
Públicos esenciales (Educación, Sanidad, Justicia, Servicios Sociales….) y que
sin lugar a dudas está siendo el objetivo a destruir por las políticas de estos
gobiernos –tanto central, autonómicos y europeo-
Sin embargo, en la Administración de Justicia esa unidad no
termina de conseguirse y los trabajadores, cada vez más, así lo demandan, y no
entienden cómo Csif se descuelga días antes de la convocatoria de Huelga
General, o cómo algunas asociaciones profesionales van por su camino en un
momento en el que está en juego mucho más que intereses corporativos, pues es
la propia Justicia como Servicio Público esencial lo que está en entredicho,
tanto hacia los ciudadanos como también hacia los propios trabajadores de esta
Administración, pues el ministerio de Justicia incluso pretende suprimir la
Mesa Sectorial de Justicia donde se negocian las condiciones laborales de los
trabajadores y que ésta pase a formar parte de la Mesa General de todos los
funcionarios, donde sin lugar a dudas se diluirían nuestras reivindicaciones
propias como un colectivo con características específicas por prestar servicio
precisamente en una Administración como la de Justicia y regularse muchas de nuestras condiciones en la LOPJ.
La Justicia está ahora también en el primer plano de la
actualidad, la Ley de Tasas, los Desahucios, la reforma de la LOPJ y otros
proyectos de reforma de leyes encaminados a la desjudicialización y la privatización
de asuntos judiciales que, en definitiva, van encaminados a encarecer la
Justicia e impedir el acceso de los ciudadanos a la misma, instaurar una
Justicia para ricos y la exclusión de la misma de los que carecen de medios,
disuadir a quien no tiene posibilidades económicas suficientes para acudir a la
justicia gratuita…y ya entre los ciudadanos, que están preocupados por ello, se
da la voz de alarma, por lo que los trabajadores debemos ser capaces de
ponernos al frente de la defensa del Servicio Público de la Justicia –como así
vemos a otros colectivos de otros sectores- pues también están en riesgo
nuestros puestos de trabajo y nuestros derechos laborales.
CCOO lo venimos demandando así, antes, durante y después del
14-N, pues la huelga general no ha sido el final de nada sino una gran
movilización social contra el desmantelamiento del Estado del bienestar y
contra la pérdida de los derechos que tenemos como trabajadores y ciudadanos,
que debe continuar, antes al contrario, la huelga general ha demostrado que
somos millones de trabajadores los que luchamos con todas las armas que el
sistema democrático y constitucional nos pone a nuestro servicio; que los
trabajadores de la Administración de Justicia tienen motivos más que
suficientes para salir a la calle, porque no asumimos los recortes en nuestro
salario ni en nuestros derechos, y sobre todo porque luchamos y lucharemos en
defensa del Servicio Público de la Justicia y de nuestros puestos de trabajo.
Y esta lucha es una lucha a largo plazo, una lucha en la que
todas las fórmulas son buenas porque son necesarias –concentraciones,
manifestaciones, paros, huelgas, encierros, recogidas de firmas, ...-- y que tendremos
que usarlas todas y no podemos si estamos desunidos, si cada colectivo va por
su lado, si existen sindicatos que están un día sí y uno no en la lucha según
sus intereses, o las asociaciones profesionales –de Jueces, de secretarios
judiciales, de abogados…- se empeñan en ir cada uno por su cuenta.
El único camino es la
unidad de todas las organizaciones para defender los derechos de todos, porque solo podremos defenderlos
con la defensa del Servicio Público de la Justicia. Abandonemos actitudes que
no permitan reunir, que no permitan unir.
CCOO insiste en que es preciso lograr la unidad de todos los
que estamos dispuestos a dejarnos la piel en la defensa de los servicios
públicos y el empleo, por eso seguiremos alentando y buscando la unidad con
todos nuestros medios, porque lo que está en juego se encuentra muy por encima
de los intereses de cualquier organización y, pese a las diferencias y a las
actitudes de algunas organizaciones, seguiremos trabajando y luchando por
lograrla, no sólo la unidad de todos los sindicatos con representación en la
Administración de Justicia sino también con todas las asociaciones
profesionales y organizaciones sociales que intervienen de una manera u otra en
esta Administración, porque si estamos todos juntos, SÍ SE PUEDE!
Pero para ello, todos tenemos que tener claro cuál es el
objetivo, y por eso los intereses particulares y corporativos, y a veces
mezquinos, deben quedar aparcados para constituir un frente común en la defensa
del Servicio Público de la Justicia y de los derechos de los trabajadores de la
Administración de Justicia.
Desde CCOO, hacemos un
llamamiento a todas las organizaciones sindicales de la Administración de
Justicia, asociaciones profesionales y organizaciones sociales que defienden el
Servicio Público de la Justicia para que entre todos formemos un frente común
contra las decisiones del ministro de Justicia y del Gobierno, decisiones que pretenden acabar
con la Administración de Justicia como Servicio Público, que ya han establecido
una barrera para el ejercicio de la tutela judicial efectiva con la Ley de
Tasas, que con la privatización de numerosos servicios judiciales que ya han
iniciado quieren acabar con el empleo público y el acceso en igualdad de
condiciones de todos los ciudadanos a la Administración de Justicia.
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