El traslado de las dependencias de los órganos judiciales
unipersonales de Zaragoza a la Ciudad de la Justicia, ubicada en la Expo
Zaragoza 2008, pone punto y seguido a una reivindicación prácticamente unánime
de todos los actores jurídicos de Zaragoza, que era la necesidad de
concentración de las sedes judiciales de Zaragoza en un único ámbito, acabando
con la dispersión que suponía mantener hasta 7 sedes distintas (Plaza del
Pilar, Convertidos, Coso, Audiencia Provincial, Menores en Doctor Fleming y
Lagasca, y calle Alfonso).
Desde el inicio de las transferencias, CCOO reclamó al
Gobierno de Aragón la concentración de las sedes judiciales de Zaragoza. Así en
carta de 7 de noviembre de 2007 dirigida al entonces recién nombrado Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Aragón CCOO reclamó que “el
Departamento de Justicia debe decidir, a la mayor brevedad posible, sobre el
modelo de oficinas judiciales de la ciudad de Zaragoza (concentración en su
casco viejo en varios edificios, creación de la Ciudad de la Justicia, traslado
a los edificios de la Expo), debiendo reunir la solución que se tome los requisitos
de espacio suficiente para los juzgados actuales y los que se puedan crear a
medio plazo, adaptación de los edificios a las reformas de la oficina judicial,
concentración de las oficinas judiciales y fácil accesibilidad por parte de los
ciudadanos... El Departamento debe decidir, antes de que se proceda a la venta
de los edificios de la Expo 2008, si va a trasladar todas o gran parte de las
oficinas judiciales a sus instalaciones dentro de un modelo de Ciudad de la
Justicia”.
El
Gobierno de Aragón ha mantenido al respecto diversos proyectos: desde el
llamado “Distrito Judicial”, pactado con el Ayuntamiento de Zaragoza y que
implicaba la ubicación de todos los edificios judiciales entre el Coso y la
Plaza del Pilar integrando al Palacio de Fuenclara, la Imprenta Blasco y la
ampliación de la Audiencia Provincial en los terrenos de la calle Galo Ponte;
pasando por la reducción a tres sedes ( Tribunal Superior de Justicia – Coso,
Edificio de Plaza del Pilar – Convertidos, y Pabellón de las Comunidades Autónomas
en la Expo Zaragoza 2008 para la jurisdicción penal); para acabar con el
proyecto actual, de dos sedes: Tribunal Superior de Justicia-Audiencia
Provincial, entre Coso y Galo Ponte; y la Ciudad de la Justicia en la Expo
Zaragoza 2008, donde se concentrarán el resto de edificios judiciales. Queda de
momento excluido el Registro Civil de Zaragoza, que inicialmente también
quedaba reubicado en la Ciudad de la Justicia pero que ante la posibilidad de
que quede fuera de la Administración autonómica y pase a los Registradores de
la Propiedad va a seguir utilizando las dependencias de la calle Alfonso.
CCOO ha
mantenido durante todo este tiempo un mismo discurso. Sin decantarse por una u
otra alternativa, sí ha expresado reiteradamente su posición, basada en cuáles
deben ser las condiciones mínimas que debían reunir la infraestructura de
edificios que garantice una solución adecuada a los graves problemas que
sufrimos en Zaragoza. Dichas condiciones son:
Ø
Concentración de sedes en un
único entorno o espacio reducido
Ø
Accesibilidad para los
ciudadanos, de forma que puedan acercarse a las sedes en vehículos particulares
(garajes y aparcamientos para bicis) o transporte público regular y frecuente,
y sea accesible para disminuidos.
Ø
Proximidad, de forma que se sean
accesibles desde cualquier lugar o barrio de Zaragoza en un tiempo prudencial.
Ø
Espacio suficiente para las
actuales oficinas judiciales y próximos juzgados y oficinas que puedan crearse
a medio plazo.
Ø
Adaptabilidad a nuevas
tecnologías y a necesidades futuras derivadas de la reforma de la oficina
judicial
Ø
Y cumplimiento estricto de la
normativa en materia de seguridad y salud laboral.
Para CCOO la reubicación de las sedes judiciales de
la ciudad de Zaragoza debía proporcionar a la sociedad, a los profesionales y a
los ciudadanos unos servicios judiciales de la máxima calidad, eficacia,
cercanía y transparencia, dentro de un entorno flexible y adaptable a las
necesidades que cumpla con la normativa vigente en materia de accesibilidad,
seguridad y salud laboral.
La Ciudad de
la Justicia de Zaragoza en teoría puede cumplir bastantes de estas condiciones
pero no todas. A juicio de CCOO el mantenimiento de dos sedes judiciales,
Ciudad de la Justicia y Audiencia Provincial de Zaragoza, implica duplicar los
servicios comunes precisos para el funcionamiento de las dos sedes (registro y
reparto, archivo, decanato, notificaciones a profesionales, actos de
comunicación). Los ciudadanos seguirán sin tener un entorno único de referencia
de la Administración de Justicia y los profesionales (Abogados y Procuradores) tendrán que desplazarse
continuamente de una a otra sede, no cercanas entre sí, para la asistencia a
juicios y práctica de otras diligencias y actos de comunicación que exijan su
presencia, lo que puede llevar al retraso o incluso suspensión de la
celebración de dichos juicios y diligencias. La concentración de los órganos
judiciales en dos sedes mejora pero no soluciona completamente el grave
problema de la dispersión de las sedes judiciales en la ciudad de Zaragoza.
CCOO estuvo y está de acuerdo con el mantenimiento del actual Palacio de los
Luna, sito en el Coso, como sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón,
manteniendo no sólo el carácter institucional como representación de la
Administración de la Justicia en Aragón sino como órgano jurisdiccional, con
sus tres Salas. Sin embargo, el mantenimiento de la Audiencia Provincial en
dicho edificio por medio de la construcción de un nuevo edificio en la calle
Galo Ponte no se juzga apropiado y entendemos que responde más bien a intereses
políticos (dar una salida a un solar colindante con el TSJA, cuya transferencia
se había reclamado para usos judiciales y no dejar desguarnecido el centro de
Zaragoza de infraestructuras administrativas tras desecharse la idea del
“Distrito Judicial” comprometida inicialmente entre el Ayuntamiento de Zaragoza
y la DGA, que incluía la rehabilitación del Palacio de Fuenclara y la Imprenta
Blasco) que de índole práctica. El Gobierno de Aragón, a nuestro juicio,
debería haber invertido el dinero gastado en la ampliación de la Audiencia
Provincial de Zaragoza en la ampliación de las dependencias judiciales en la
Ciudad de la Justicia. Además, la posibilidad de modificación de la planta
judicial y la posible supresión de las audiencias provinciales en caso de
creación de los Tribunales de Instancia puede suponer trastocar la actual
distribución de juzgados y tribunales en edificios judiciales, y que bien la
Ciudad de la Justicia bien el actual edificio de la Audiencia Provincial de
Zaragoza sea insuficiente para albergar Tribunales de Instancia.
CCOO entiende que todos los órganos y oficinas judiciales, incluida la
Audiencia Provincial de Zaragoza, la Fiscalía y los servicios de reconocimiento
de médicos forenses, deberían estar ubicados en una misma sede, de los cuales
únicamente cabría excluir en su caso por su carácter singular el Registro Civil
Exclusivo de Zaragoza y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que
quedaría como sede institucional y judicial en el actual Palacio de los Luna,
de Zaragoza.
Por todo ello, para CCOO hay satisfacción por la concentración de las oficinas
judiciales dispersas por la ciudad de Zaragoza en la llamada Ciudad de la
Justicia, pero es una satisfacción a medias. Además, el Gobierno de Aragón,
y por tanto los aragoneses, vamos a un
precio muy alto por el alquiler de la nueva sede judicial, hoy propiedad de la
sociedad pública Expo Zaragoza empresarial, participada mayoritariamente por la
Comunidad Autónoma de Aragón; esta sociedad ha puesto a la Ciudad de la
Justicia en venta para conseguir liquidez (pan para hoy, hambre para mañana). El
alquiler mensual de las oficinas de la nueva Ciudad de la Justicia es
de 800.000 euros, que cobrará aquél que compre la Ciudad de la Justicia. Si al
final la empresa Expo Zaragoza Empresarial, o lo que es lo mismo la DGA, vende
la Ciudad de la Justicia, pagaremos por alquiler mensual más de lo que pagamos
ahora, y pasaremos de estar en edificios propiedad de la DGA (Plaza del Pilar)
a estar en edificios ajenos.
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