Artículo de opinión, publicado en el Periódico de Aragón, de Enrique Gracia, Secretario General de FSC CCOO Aragón, cuando se cumplen dos años de los recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público acordado por el PP.
El día 15 de julio se cumplen 2 años de aquel viernes negro en que se aprobó el injusto Decreto con el que el Gobierno del PP quebró los derechos económicos, laborales y sociales de los empleados públicos y profundizó en el debilitamiento y deterioro de los servicios: bajada de todos los salarios en un 7% (extra de navidad), incremento de la jornada laboral, reducción de vacaciones, supresión de los complementos por enfermedad, prohibición de la sustitución de las plazas que quedan vacantes por jubilación, limitación de la contratación temporal o extinción de los acuerdos de derechos sindicales.
El Gobierno suspendía en todos los servicios públicos del país los derechos colectivos y la negociación colectiva reconocida en la Constitución y en los convenios de la OIT suscritos por España, volviendo de un plumazo a convertir a sus trabajadores en súbditos sometidos a las directrices unilaterales del Gobierno de turno como sólo lo son en las dictaduras. Y de paso, trasladaba un mensaje a las patronales para que actuaran del mismo modo utilizando los resortes que para ella había creado en su reforma laboral.
Cuando conmemoramos el segundo aniversario de esta humillación, varias son las reflexiones que desde CCOO queremos trasladar a los trabajadores y a la sociedad en general. La primera tiene que ver con la absoluta esterilidad de este tipo de medidas. La realidad ha probado que lo que se vendió como un sacrificio imprescindible para superar la crisis económica a través de políticas de austeridad no sólo no cumplió sus supuestos fines sino que probablemente no hizo sino complicar todavía más las cosas. Desde entonces el endeudamiento público no ha parado de crecer (94 % del PIB), se han destruido 160.337 empleos en las administraciones públicas sumándose ya más de 400.000 desde que gobierna el PP, se ha hundido el consumo y con él la tasa de producción de nuestras empresas, somos ya la sociedad que registra las tasas de desigualdad mayores de Europa y donde la pobreza crece de manera más alarmante, las tasas de paro siguen siendo intolerables y el empleo que se crea, así como buena parte del que se ha mantenido, tiene ahora condiciones precarias y salarios de subsistencia.
A la luz de lo que había venido pasando en todos los países sometidos como España a duras políticas de austeridad, aún para los menos hostiles con el sistema económico, en 2012 era ya una certeza que de ésta sólo podíamos salir sin degradar las condiciones de vida de la mayoría de la población española acompasando la lucha contra el déficit con políticas contracíclicas que condujeran al incremento de la actividad económica y la creación de empleo y con el refuerzo de los mecanismos de protección social hacia las personas y colectivos sociales más vulnerables. Era imprescindible, como nos hartamos de decir desde CCOO, reforzar el gasto y la inversión pública, pero además era perfectamente factible recuperando un modelo fiscal más equilibrado y justo que acortara la distancia de recaudación tributaria con Europa y acabara con nuestros escandalosos índices de fraude y elusión fiscal. Los recortes que se diseñaron no eran una necesidad ni un imperativo externo ante el que no quedaba margen, sino el fruto de unas políticas libremente elegidas por este Gobierno para conseguir que las élites económicas del país prosiguieran acumulando riqueza a costa del empobrecimiento de la mayoría.
La segunda línea de reflexión tiene que ver con las múltiples decepciones acumuladas desde ese 15 de julio. Decepción con la dirección política de nuestras administraciones, que salvo honrosas excepciones no supo ni quiso cuestionar y plantar cara a las directrices del Gobierno de España; decepción con los jueces, que rara vez han hecho algo por proteger y restaurar nuestros derechos humanos básicos atropellados por medidas como estas o como la reforma laboral; decepción, y eso duele mucho más, con nuestros propios compañeros y compañeras trabajadores de los servicios públicos pues la insolidaridad y la falta de compromiso eludiendo sus propias responsabilidades ha sido entre la mayoría de ellos la regla general de comportamiento.
Tengo la convicción de que otro gallo nos hubiera cantado si la respuesta de los empleados públicos a la huelga de la función pública convocada el 8 de junio de 2010 contra los primeros recortes del Gobierno de Zapatero hubiera sido masiva; si éstos hubieran secundado masivamente a los sindicatos de clase en las huelgas generales de 2010 y en la de marzo de 2012.
No eludo nuestras propias responsabilidades: soy consciente, por ejemplo, de que el movimiento sindical falló en las administraciones durante años al no ser capaz de empoderar y enfrentar a los trabajadores a sus propias responsabilidades y asumir por el contrario un exceso de capacidades delegadas por éstos en años en que a través de la negociación colectiva se obtuvieron incesantes mejoras laborales sin que fuera necesario un solo minuto de movilización. Pero era triste contemplar hasta qué punto los propios trabajadores estaban influidos por las calumniosas campañas de descrédito sindical habiendo perdido en las administraciones toda conciencia de clase o, lo que casi es peor, por las incesantes campañas de desprestigio de la función pública española que, sin ningún dato real que lo justifique, se quiso presentar como cara, ineficiente, sobredimensionada y basada en un estatus laboral privilegiado. Muchos empleados públicos prefirieron creer de buena fe que no quedaba otro remedio que asumir un sacrificio imprescindible para el país. Y de nada sirvió tratar de hacerles ver que los únicos beneficiados de su empobrecimiento eran los mismos que estimulaban estas políticas, quienes provocaron esta crisis y se han salvado de ella al precio del bienestar de la mayoría y de la conversión de los servicios públicos en negocios privados que incrementan su cuenta de resultados.
Lo que pase en el futuro va a depender esencialmente de los empleados públicos, de que decidan tomar en sus manos la lucha por la recuperación de sus derechos o someterse y aceptar servilmente ser cómplices de unas políticas que están destruyendo este país. Aquel viernes negro de julio de 2012 Comisiones Obreras llamó a los empleados públicos a manifestarse en contra los recortes concentrándose de riguroso luto a las puertas de sus centros de trabajo. Hoy lo vuelve a hacer anunciando con este acto una nueva fase de movilizaciones de los empleados públicos que empezará a la vuelta del verano y que no debe parar hasta obtener condiciones laborales dignas y la completa restauración de nuestros derechos.
Enrique Gracia Ballarín
Secretario General FSC CCOO Aragón
