- El consejo de ministros del 27 de febrero de 2015, aprueba el proyecto de reforma de la LOPJ (cuyo texto ha sido conocido el mismo día en la web de mjusticia.es) y de la LECivil, así como un RD-Ley que, entre otras normas, modifica parcialmente la ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, eliminando las que introdujo para las personas físicas.
RAJOY Y
CATALÁ SE VEN OBLIGADOS A RECTIFICAR PARCIALMENTE ANTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL
Y EL TEMOR AL RESULTADO ELECTORAL. ASÍ, ELIMINAN LAS TASAS JUDICIALES QUE
ESTABLECIERON PARA LAS PERSONAS FÍSICAS EN 2012
CCOO CONSIDERA, SIN
EMBARGO, COMO ASPECTOS PROFUNDAMENTE NEGATIVOS (recogidos en los proyectos aprobados
de reformas de la LEC
y de la LOPJ ) QUE EL GOBIERNO MANTENGA LA PRIVATIZACIÓN DE
LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN, QUE ENTREGAN A LOS PROCURADORES; LA REDUCCIÓN A UN 30% DE LA RESERVA DE PLAZAS PARA LA PROMOCIÓN INTERNA Y LA PREVISIÓN PARA
FOMENTAR Y PRIMAR LAS SUSTITUCIONES ENTRE SECRETARIOS JUDICIALES (que pasan a denominarse letrados de la Administración de
Justicia) QUEDANDO COMO
EXCEPCIONAL LAS SUSTITUCIONES POR PERSONAL DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL.
Sin perjuicio de un análisis más profundo,
que haremos en los próximos días, de las reformas aprobadas por el Consejo de
ministros del viernes 27 de febrero, CCOO realiza una primera valoración:
Para CCOO, la eliminación de las Tasas Judiciales
para las personas físicas, aunque
parcial, es una victoria muy importante
para la ciudadanía, pues echa abajo parte de la política intolerable de tasas
judiciales que estableció este gobierno en 2012, y demuestra que las movilizaciones de los trabajadores/as junto a los
movimientos sociales y la ciudadanía, puede obligar al Gobierno a rectificar
sus decisiones más inaceptables, mucho más ahora cuando Rajoy está muy
preocupado por lo que vaticinan las encuestas respecto a los resultados
electorales.
Pero CCOO sigue abogando por la derogación de la Ley de Tasas que no hay que
olvidar que seguirá impidiendo el acceso a la justicia en condiciones de
igualdad a algunos colectivos como al de autónomos y pequeños empresarios.
Además, CCOO
mantiene la reclamación de que se suprima la condena en costas cuando cualquier
trabajador/a acude ante los Tribunales para defender sus derechos laborales y
profesionales.
En relación con el
proyecto de reforma de la LOPJ , CCOO no puede más que denunciar las mentiras del ministro
Catalá y su equipo que, una vez más, incumplen sus compromisos, aprobando este
proyecto de reforma de la LOPJ
sin el previo (o simultáneo a su aprobación) traslado a las organizaciones
sindicales, tal y como habían
manifestado en la reunión que tuvo lugar el pasado 5 de diciembre. CCOO exige a Catalá que cumpla con sus
obligaciones y sus compromisos, y lleve este texto a la mesa sectorial y
mantenga la negociación hasta el último día de la tramitación parlamentaria.
El proyecto de reforma de la LOPJ ni introduce la inmensamayoría de las propuestas que formuló CCOO en la negociación del anterior proyecto para la mejora de las condiciones de trabajo de miles
de trabajadores/as (una de las pocas cuestiones que incorpora es la propuesta que CCOO lleva
demandando desde 2009, la regulación de la promoción interna de TEL a
Facultativos del INT y CF), ni avanza en la mayoría de los derechos del
personal de la
Administración de Justicia que venimos exigiendo, por el
contrario se retrocede en la reserva de plazas para la promoción interna, reduciéndose
de un 50% a un 30%, y también en la
regulación de las sustituciones de Gestión a Secretarios Judiciales (que ahora
se denominarán letrados de la
Administración de Justicia) al fomentarse y primarse las
sustituciones entre letrados, dejando
como excepcionales el llamamiento de letrados sustitutos, lo que para CCOO es otro duro ataque a la
carrera profesional de los compañeros y compañeros del Cuerpo de gestión
procesal.
En relación con la modificación de la LEC (Ley de EnjuiciamientoCivil), CCOO
sigue rechazando de plano la
privatización de los actos de comunicación y continuará combatiendo con
todos los medios a nuestro alcance la decisión de adjudicar a los Procuradores
la ejecución de los actos de comunicación.
El gobierno sigue empeñado en desmantelar el
servicio público de la Administración de
Justicia, entregando servicios y actuaciones, hasta ahora competencia exclusiva
de esta Administración, a colectivos
minoritarios y privilegiados como los Registradores (privatización del Registro
Civil, privatización de los expedientes de nacionalidad), Procuradores
(privatización de los actos de comunicación), Notarios (privatización de
procedimientos de jurisdicción voluntaria, expedientes de matrimonio, bodas….).
CCOO
considera imprescindible la urgente y masiva movilización frente a estas
reformas privatizadoras y limitativas de derechos, que deterioran gravemente las
condiciones laborales pero, también, los derechos civiles y sociales.
Porque
si el gobierno rectifica ahora en muchas de las cuestiones que le ha exigido la
movilización social, es porque ya está convencido de que la ciudadanía está más
que harta de sus mentiras, de los tremendos recortes que ha realizado a los
derechos de millones de personas y de su falta de transparencia en la forma de
gobernar, que ha ido acompañada de vergonzosos casos de corrupción que afectan
de pleno al partido que sustenta el gobierno.
Que intente mantener las medidas que
favorecen a colectivos privilegiados, como los citados más arriba, a los que
quiere entregar lo que es de todos los ciudadanos/as, el servicio público de la Administración de
Justicia, es porque lo quiere dejar resuelto antes de que en las próximas
elecciones generales la ciudadanía les pueda alejar del poder político que
ostentan.
Por eso, ahora, es el momento de incrementar
la presión.
Para CCOO los pasos atrás del Gobierno,
temeroso de perder los enormes privilegios de los que ha gozado con impunidad,
son la mejor demostración de que en este año 2015, año electoral, es el momento
de incrementar la lucha para lograr paralizar todas las privatizaciones,
también en la Administración
de Justicia, como la del Registro Civil y la de los actos de comunicación. Y
también para reivindicar, y lograr, la recuperación de todos los derechos que
nos han robado desde 2010.
CCOO llama a incrementar
las acciones contra la privatización del Registro Civil y de los actos de
comunicación, de manera que converjan todas las acciones necesarias para
obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de privatizar el servicio
público de la
Administración de Justicia.
