La Directora General de Justicia de Aragón dictó ayer una resolución, la cuarta durante la crisis, por la que procede a la revisión del personal que ha de asistir a las oficinas judiciales y fiscales de Aragón. CCOO había remitido el martes una carta a la Directora General, con copia a quienes forman parte de la Comisión del Seguimiento de esta crisis en el seno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, reclamando una reducción sustancial del personal fijado en la resolución de 23 de marzo, así como la modificación de algunas rotaciones y otras medidas relativas a las exclusiones de los turnos, régimen de trabajo desde casa, y medidas de protección. La resolución de 25 de marzo acuerda la reducción del personal que ha de acudir a los centros de trabajo, y no entra en los otros aspectos de la solicitud de CCOO. VER RESOLUCION
CCOO sigue defendiendo que los servicios que deben prestarse de forma presencial deberían ser únicamente los que se prestan en las guardias de festivos y fines de semana, y que para el resto debería haber régimen de disponibilidad, pero el Ministerio de Justicia no lo acepta, coaccionado por el CGPJ.
CCOO sigue defendiendo que los servicios que deben prestarse de forma presencial deberían ser únicamente los que se prestan en las guardias de festivos y fines de semana, y que para el resto debería haber régimen de disponibilidad, pero el Ministerio de Justicia no lo acepta, coaccionado por el CGPJ.
La disminución de efectivos acordada ayer por la Directora General es importante, en especial en lo relativo a los partidos judiciales distintos de la capital de provincia, en los que hasta ayer la dotación del personal para cubrir los servicios esenciales estaba entre el 35 y el 50 % de la plantilla. Con la nueva redacción (1 Gestor/a o Tramitador/a más un Auxilio en los Juzgados que estén de guardia y en los Juzgados que sean únicos de cada población; y un 1 Gestor/a o Tramitador/a en los Juzgados que no estén de guardia, sin aumento alguno en función de si tienen adscrito o no Registro Civil o Violencia sobre la Mujer) se cumple el doble objetivo de mantener el órgano judicial abierto y tener una plantilla suficiente pero no excesiva para cubrir los servicios esenciales.
De igual forma, se ha accedido a la petición de CCOO de reducción del personal que ha de acudir a las Audiencias Provinciales de Zaragoza (1 Gestor/a o Tramitador/a por Sección y 1 Auxilio para todas las Secciones), a las Audiencias Provinciales de Huesca y Teruel (1 Gestor/a o Tramitador/a pero suprime el Auxilio, cosa que no habíamos solictado); y a la adecuación del personal de Fiscalía a los porcentajes del 10 % establecidos por el Ministerio (3 en Fiscalía de Zaragoza, 1 en Huesca y Teruel; asistencia de 1 Tramitador/a en la Fiscalía Superior, acudiendo los días que tanto el Fiscal Superior como el Fiscal Jefe Provincial lo requieran).
Por el contrario, no se ha incluido a los Auxilios de la Sala de Gobierno del TSJA en la rotación con el del resto de Salas y Secciones del TSJA; se mantiene de forma incomprensible a la única persona de la Oficina de Atención a la Víctima de Zaragoza en rotación con el Juzgado Decano, cuando nadie de Decanato conoce sus cometidos técnicos; los Auxilios de los Decanatos de Zaragoza,, Huesca y Teruel no entran en las rotaciones de Decanato (la DGA y el TSJA parecen ignorar las funciones que se realizan en los Decanatos); los Auxilios de los Juzgados de Menores de Huesca y Teruel no entran en las rotaciones de sus Juzgados sino con los de las otras jurisdicciones; no se equipara al Juzgado de Violencia que no está de guardia con los Juzgados de Instrucción; se olvidan del 12 bis de Zaragoza, dedicado a las cláusula suelo que no creemos que tengan carácter de servicio esencial; los funcionarios de las adscripciones de las Fiscalías de Alcañiz y Calatayud seguirán yendo a trabajar por si acaso, e igual sucede en las Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz, para los que la resolución del 23 de marzo parece establecer la posibilidad de un régimen de disponibilidad a criterio del LAJ del partido judicial al que pertenece pero con una redacción poco afortunada (“se habilita al LAJ del Partido Judicial donde se ubica el Juzgado de Paz a adoptar las decisiones pertinentes para que en dichos órganos se preste el servicio esencial de la forma expresada”, pero no pone cuál es dicha forma).
En CCOO entendemos que no incluir a todas estas personas en la reducción de los servicios esenciales, tal y como habíamos planteado, o en sus rotaciones se debe principalmente a que quienes forman parte de la Comisión de Seguimiento del TSJA, todo jefes sin ni un representante de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, no conocen la realidad de los Juzgados y Tribunales de Aragón y el trabajo que realizamos su personal, más allá del que realizan el colectivo de Magistrados, Jueces, Fiscales y LAJ. En las Comisiones de Seguimiento constituidas en los Tribunales Superiores de Justicia de toda España debería haber representación de los funcionarios y funcionarias, y la DGA debería haber arbitrado un trámite de audiencia con dichos representantes con carácter previo a la adopción de cualquier resolución que afecte a su personal. Tiempo habrá tras esta crisis para revisar y valorar la intervención de las distintas administraciones, incluida la judicial, en la gestión de la misma.
No obstante, en CCOO tras la resolución de ayer preferimos ver la parte positiva de la misma, porque se ha conseguido una reducción importante en los Juzgados que no son capitales de provincia, Audiencias Provinciales y Fiscalías, que unida a la reducción del personal que ha de acudir a los Juzgados de Zaragoza acordada el lunes supone que, como regla general, se mantienen abiertas todas las oficinas judiciales, fiscales y de paz de Aragón con una dotación mínima de personal, reduciendo con ello la posibilidad de contagio del personal de Justicia de Aragón y sus familias. El resto del personal ha de permanecer disponible, por si es requerido por los responsables de cada órgano, y estar dispuestos a trabajar en el Avantius desde casa si por la DGA se habilitan los cauces para ello. El personal de Justicia de Aragón queremos trabajar, pero en condiciones de seguridad para nosotros y nosotras, y nuestras familias.
La resolución de 25 de marzo también establece una disposición relativa a la prestación del servicio de guardia en la ciudad de Zaragoza. Establece dos equipos de 5 funcionarios, se supone que para evitar que en caso de contagio de un funcionario o funcionaria sea preciso luego poner en cuarentena a todo el Juzgado. La guardia será atendida por uno de estos equipos, salvo que haya que completar plantilla, en cuyo caso el LAJ determinará su cobertura. CCOO realizará hoy un estudio de esta medida.
La resolución de 25 de marzo no entra en los demás aspectos solicitados por CCOO. Para CCOO sigue resultando injustificable que los mayores de 60 años, que el Informe del Ministerio de Sanidad actualizado de 26 de marzo los mantiene como grupo de mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID en caso de resultar contagiados, saturando los hospitales en caso de resultar contagiados, no puedan eximirse de estar incluidos en los turnos, y más cuando estos turnos son reducidos. Al parecer la Dirección General de Justicia de Aragón no quiere o no puede ir en contra de la decisión de la DGA de no excluir directamente a este colectivo del trabajo presencial, resultando a juicio de CCOO hipócrita que al mismo tiempo el Presidente de Aragón no haga más reclamar medidas más duras de confinamiento para evitar contagios.
En la resolución tampoco se aborda el tema de la colocación de mamparas en los mostradores de atención al público de los Juzgados de Guardia, Violencia sobre la Mujer y Registros Civiles. CCOO remitirá en el día de hoy un correo a la DGA volviendo a interesar este tema.
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