Ante los problemas surgidos en Zaragoza sobre la reordenación del SACE, basado en un proyecto de la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza que afecta ya no sólo al SACE sino también al Decanato y a los Juzgados de Primera Instancia, la Junta de Personal de Zaragoza decidió el pasado viernes dirigir la adjunta carta al Sr. Presidente del TSJA y copias de la misma al Sr. Director General de Justicia y al Sr. Juez Decano de Zaragoza.
Asimismo se ha acordado que hoy, a las 12.00, se celebre una concentración en el TSJA para pedir la dimisión o cese de la Sra. Secretaria Coordinadora Provincial y del Sr. Secretario de Gobierno, responsable de la primera.
La carta dirigida al Presidente del TSJA es la siguiente:
Desde esta Junta de Personal denunciamos la forma en que, desde la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y, en especial, desde la figura de la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza se está actuando en relación a diversos órganos y servicios de la Administración de Justicia. Con la excusa de la “reforma” y “modernización” de la Administración de Justicia se han producido actuaciones en las que, lejos de lograr una mejora de la actual situación de nuestra administración, se han provocado problemas en el funcionamiento de algunos órganos judiciales, la modificación de las condiciones de trabajo de funcionarios destinados en diversos órganos y servicios y, en ocasiones, la práctica de desaparición de algunos servicios que venían funcionando con normalidad.
Todo esto ha sucedido, con una actitud de constante imposición y falta de diálogo, la Secretaria Coordinadora Provincial (entendemos que con el conocimiento y apoyo del Secretario de Gobierno, que la ha nombrado) ha actuado con una total ausencia del diálogo y debate previo con cuantos prestamos servicios en esta administración, no se debe ni puede actuar sin que quienes deben modificar su organización o funciones conozcan los objetivos de los cambios, la forma en que se pretenden abordar y, en especial, la idoneidad de dichas medidas de reforma de cara a una real mejora del servicio público que prestamos y del funcionamiento de los órganos y servicios de la Administración de Justicia. Es más, se pretende obviar una cuestión esencial: nuestro ordenamiento jurídico establece el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y, en consecuencia, toda modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores a los que representamos debe ser negociada con sus órganos de representación y sindicatos.
Esta forma de actuar se ha visto acentuada en las últimas semanas, con decisiones que afectan a importantes colectivos de nuestra administración (Decanato, SACE, Juzgados de Primera Instancia, de lo Penal, Mercantil o de lo Social, funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, etc.); de nuevo y en una cadena de medidas poco meditadas se pretende modificar, ampliar o suprimir funciones y servicios, pretendiendo imponer sin participación de los legítimos representantes de los trabajadores, decisiones que no sólo afectan a estos, sino que pueden ocasionar graves problemas en el funcionamiento de un número significativo de órganos judiciales (la “desaparición” del Servicio de Averiguación Patrimonial es un ejemplo palmario).
Es más, como consideramos que en relación a algunas de estas actuaciones, se está actuando al margen del Tribunal Superior de Justicia, de las Juntas de Jueces y de las competencias organizativas y en materia de personal del Gobierno de Aragón, pedimos su intervención para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Aragón y la adopción de las medidas necesarias para que, en su caso, se refuercen los órganos y servicios afectados por las mismas.
Por todo ello, el Pleno de esta Junta de Personal ha acordado trasladar a V.I el malestar existente en nuestro colectivo, los problemas que estas medidas han ocasionado y que pueden agravarse en servicios básicos de la Justicia, por lo que SOLICITAMOS:
La inmediata dimisión de la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza y del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La negociación de las medidas adoptadas en relación al correo judicial, Servicio de Averiguación Patrimonial, Decanato y SACE, con participación de todos los colectivos afectados.
El refuerzo de las plantillas de los órganos judiciales afectados por estas medidas (en especial aquellos con mayor carga de trabajo: Juzgados de Primera Instancia, Mercantil y Penal de Zaragoza).
Favorecer un clima de diálogo y colaboración mutua entre colectivos, autoridades y órganos de representación que facilite que el proceso de reforma de la Justicia sea positiva para nuestra Administración y para el conjunto de los ciudadanos.
Este órgano de representación de los funcionarios de la Administración de Justicia muestra su disposición a colaborar en la mejora de esta administración, desde el respeto a los legítimos intereses de cuantos trabajamos en ella, RECHAZANDO cualquier política de imposición o hechos consumados, y apoyando cuantas medidas se consideren necesarias en defensa del futuro profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia y la defensa de una Justicia de calidad al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Fdo: El Presidente de la Junta de Personal.
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Todo esto ha sucedido, con una actitud de constante imposición y falta de diálogo, la Secretaria Coordinadora Provincial (entendemos que con el conocimiento y apoyo del Secretario de Gobierno, que la ha nombrado) ha actuado con una total ausencia del diálogo y debate previo con cuantos prestamos servicios en esta administración, no se debe ni puede actuar sin que quienes deben modificar su organización o funciones conozcan los objetivos de los cambios, la forma en que se pretenden abordar y, en especial, la idoneidad de dichas medidas de reforma de cara a una real mejora del servicio público que prestamos y del funcionamiento de los órganos y servicios de la Administración de Justicia. Es más, se pretende obviar una cuestión esencial: nuestro ordenamiento jurídico establece el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y, en consecuencia, toda modificación de las condiciones de trabajo de los trabajadores a los que representamos debe ser negociada con sus órganos de representación y sindicatos.
Esta forma de actuar se ha visto acentuada en las últimas semanas, con decisiones que afectan a importantes colectivos de nuestra administración (Decanato, SACE, Juzgados de Primera Instancia, de lo Penal, Mercantil o de lo Social, funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, etc.); de nuevo y en una cadena de medidas poco meditadas se pretende modificar, ampliar o suprimir funciones y servicios, pretendiendo imponer sin participación de los legítimos representantes de los trabajadores, decisiones que no sólo afectan a estos, sino que pueden ocasionar graves problemas en el funcionamiento de un número significativo de órganos judiciales (la “desaparición” del Servicio de Averiguación Patrimonial es un ejemplo palmario).
Es más, como consideramos que en relación a algunas de estas actuaciones, se está actuando al margen del Tribunal Superior de Justicia, de las Juntas de Jueces y de las competencias organizativas y en materia de personal del Gobierno de Aragón, pedimos su intervención para garantizar el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Aragón y la adopción de las medidas necesarias para que, en su caso, se refuercen los órganos y servicios afectados por las mismas.
Por todo ello, el Pleno de esta Junta de Personal ha acordado trasladar a V.I el malestar existente en nuestro colectivo, los problemas que estas medidas han ocasionado y que pueden agravarse en servicios básicos de la Justicia, por lo que SOLICITAMOS:
La inmediata dimisión de la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza y del Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La negociación de las medidas adoptadas en relación al correo judicial, Servicio de Averiguación Patrimonial, Decanato y SACE, con participación de todos los colectivos afectados.
El refuerzo de las plantillas de los órganos judiciales afectados por estas medidas (en especial aquellos con mayor carga de trabajo: Juzgados de Primera Instancia, Mercantil y Penal de Zaragoza).
Favorecer un clima de diálogo y colaboración mutua entre colectivos, autoridades y órganos de representación que facilite que el proceso de reforma de la Justicia sea positiva para nuestra Administración y para el conjunto de los ciudadanos.
Este órgano de representación de los funcionarios de la Administración de Justicia muestra su disposición a colaborar en la mejora de esta administración, desde el respeto a los legítimos intereses de cuantos trabajamos en ella, RECHAZANDO cualquier política de imposición o hechos consumados, y apoyando cuantas medidas se consideren necesarias en defensa del futuro profesional de los funcionarios de la Administración de Justicia y la defensa de una Justicia de calidad al servicio del conjunto de los ciudadanos.
Fdo: El Presidente de la Junta de Personal.
