Hoy en Teruel CCOO ha dado una rueda de prensa por la que ha reclamado públicamente al Consejero de Política Territorial, Justicia e Interior Rogelio Silva el cese del Viceconsejero de Justicia José María Bescós y del Director General de Justicia de Aragón José Borrás.
CCOO viene denunciando desde hace tiempo la situación de la Administración de Justicia en Aragón desde que la Comunidad Autónoma asumió las competencias en materia de Justicia, con una Consejería de Justicia que carece de titular pues Rogelio Silva hace dejación de sus funciones en esta materia, y con unos responsables del Departamento que son incapaces de gestionarlo con la profesionalidad y conocimiento que la materia requiere.
La gota que ha colmado el vaso de sus numerosos despropósitos y desacuerdos ha sido la deficiente gestión de las obras en el Palacio de Justicia de Teruel, que ha llevado a que las nuevas instalaciones no se adapten a las necesidades de la Justicia en Teruel, la permisividad en la ocupación de un espacio del mismo como viviendas del Fiscal jefe de Teruel y de un funcionario durante 2 años pese a la necesidad de espacio para nuevas dependencias judiciales, y la constante tomadura de pelo a los representantes de los trabajadores en esta materia, a los que se les ha engañado en cuanto a la responsabilidad (o falta de ella) del Gobierno de Aragón en estas obras, afirmando que no podían hacer nada por pertenecer el edificio al Ministerio de Justicia y estar pendiente de ser transferido cuando lo cierto es que el edificio se transfirió con fecha 1 de enero de 2008.
Ante las graves carencias que tenía el Palacio de Justicia de Teruel, los numerosos problemas que han tenido sus obras (retraso en la ejecución por cambio de contratista, deficiente distribución de espacios, falta de climatización suficiente, insuficiente aporte calorífico de calderas, etc) y la ocupación de dos espacios del Palacio de Justicia como viviendas del Fiscal Jefe de Teruel y de un funcionario, CCOO reclamó en 2008 a la Dirección General de Justicia que exigiera al Ministerio de Justicia la gestión de las obras, a fin de que éstas realmente se adaptasen a las necesidades de oficinas judiciales en Teruel, incluidos espacios suficientes para las mismas, debiendo hacer las gestiones necesarias para que las viviendas quedasen expeditas y libres para su uso como dependencias judiciales. El Director General de Justicia no hizo nada al respecto, amparándose en que el edificio no era de la DGA sino del Ministerio de Justicia hasta que por éste se transfiriera el edificio con las obras completas. Sin embargo, cuando las obras están a punto de ser recepcionadas, incluida las viviendas que van a seguir siendo utilizadas como tales, hemos constatado, y el Director General de Justicia ha reconocido, que el edificio fue transferido con fecha 1 de enero de 2008, junto con el resto de las dependencias judiciales de Aragón. Durante este tiempo, por tanto, la Dirección General de Justicia y la Viceconsejería de Justicia, responsable principal de las instalaciones de Justicia en Aragón, han permitido la deficiente realización de las obras de acondicionamiento del Palacio de Justicia de Teruel así como la ocupación de dependencias públicas de Aragón como viviendas particulares, dando lugar a que las nuevas oficinas judiciales de Teruel no se adapten a las necesidades técnicas y de espacio de la Administración de Justicia de Teruel. La Dirección General de Justicia de Aragón o bien nos ha engañado deliberadamente en este tema, o bien irresponsablemente se ha enterado ahora que el Palacio de Justicia le pertenece desde enero de 2008, siendo suficiente cualquiera de los dos motivos para cesar a sus responsables.
La consecuencia es que el nuevo Palacio de Justicia nace ya con graves carencias e insuficiencia de espacio, precisando que se continúen las obras para adaptarlo a las necesidades de la Justicia de Teruel. La necesidad de realizar nuevas obras para subsanar deficiencias en oficinas recién terminadas, a cargo esta vez del erario aragonés, y la permisividad en la ocupación de espacios públicos por parte de particulares, suponen a juicio de CCOO motivos más que suficientes para que Rogelio Silva, el Consejero de Justicia de Aragón, cese tanto al Viceconsejero de Justicia como al Director General de Justicia como máximos responsables de la Justicia de Aragón. Y si no los cesa se demostrará que estamos ante una Consejería de Justicia de Aragón sin Consejero.
