Los funcionarios acusan a la DGA de no dotar al órgano aprobado por Madrid. Las carencias se agudizan por el aumento del trabajo provocado por la crisis.
Los funcionarios de los Juzgados de lo Social de Zaragoza han denunciado al Gobierno de Aragón "por no dotar de medios" técnicos y humanos el refuerzo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objeto de atender la sobrecarga de trabajo que padece esta jurisdicción como consecuencia de la crisis económica.
La capital aragonesa cuenta con siete juzgados de lo social que, según los trabajadores, deben tramitar a razón de 600 asuntos cada seis meses, según el baremo estipulado por el CGPJ. Y ahora la DGA ha asignado un nuevo órgano jurisdiccional, a modo de refuerzo, que cuenta con un juez, un secretario y dos funcionarios.
Pero, según un comunicado hecho público ayer por los afectados y apoyado por Comisiones Obreras, debido a que este incremento de personal "resulta insuficiente, se está perjudicando el trabajo diario de los siete juzgados ordinarios".
RETRASOS Hasta el punto, según señaló Luis Casero, jefe de la Junta de Personal de los Juzgados de Zaragoza, de que la falta de capacidad operativa del refuerzo ha acabado siendo un problema de tal magnitud que el resto de juzgados de lo social sufren retrasos y suspensiones.
Esta situación se debe, indicó Casero, a que "el refuerzo, aunque parezca un juego de palabras, tiene que ser reforzado con personal de otros órganos judiciales".
El comunicado insiste en que "el Gobierno de Aragón ha conseguido que lo que era una medida de refuerzo se convierta en un problema diario", lo que se traduce en la prestación de un peor servicio a los ciudadanos en una época marcada por el incremento de la conflictividad laboral en la capital aragonesa.
En opinión de los funcionarios, la DGA está negando a la Administración de Justicia los medios necesarios para cumplir su labor y, ante este estado de cosas, exigen que se dote al refuerzo del personal y los instrumentos técnicos necesarios para su funcionamiento.
De hecho, la gravedad de la situación es tal que los propios funcionarios de los órganos sociales solicitan que deje de funcionar el denominado refuerzo.
La nota concluye que los trabajadores de los juzgados de ámbito laboral asumirán el incremento de trabajo y renunciarán a las retribuciones extraordinarias que les puedan corresponder por su sobreesfuerzo.
En este sentido, mantienen que, dada la precariedad en la que se hallan numerosas empresas, si se llegara a producir un colapso judicial las consecuencias de la crisis económica se verían agravadas, en detrimento de los trabajadores y de sus familias.
Los funcionarios de lo social se concentraron la semana pasada y no descartan realizar nuevas movilizaciones en cuanto se terminen las festividades navideñas.
El Periódico de Aragón. 24.12.2009
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Los funcionarios de los Juzgados de lo Social de Zaragoza han denunciado al Gobierno de Aragón "por no dotar de medios" técnicos y humanos el refuerzo aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el objeto de atender la sobrecarga de trabajo que padece esta jurisdicción como consecuencia de la crisis económica.
La capital aragonesa cuenta con siete juzgados de lo social que, según los trabajadores, deben tramitar a razón de 600 asuntos cada seis meses, según el baremo estipulado por el CGPJ. Y ahora la DGA ha asignado un nuevo órgano jurisdiccional, a modo de refuerzo, que cuenta con un juez, un secretario y dos funcionarios.
Pero, según un comunicado hecho público ayer por los afectados y apoyado por Comisiones Obreras, debido a que este incremento de personal "resulta insuficiente, se está perjudicando el trabajo diario de los siete juzgados ordinarios".
RETRASOS Hasta el punto, según señaló Luis Casero, jefe de la Junta de Personal de los Juzgados de Zaragoza, de que la falta de capacidad operativa del refuerzo ha acabado siendo un problema de tal magnitud que el resto de juzgados de lo social sufren retrasos y suspensiones.
Esta situación se debe, indicó Casero, a que "el refuerzo, aunque parezca un juego de palabras, tiene que ser reforzado con personal de otros órganos judiciales".
El comunicado insiste en que "el Gobierno de Aragón ha conseguido que lo que era una medida de refuerzo se convierta en un problema diario", lo que se traduce en la prestación de un peor servicio a los ciudadanos en una época marcada por el incremento de la conflictividad laboral en la capital aragonesa.
En opinión de los funcionarios, la DGA está negando a la Administración de Justicia los medios necesarios para cumplir su labor y, ante este estado de cosas, exigen que se dote al refuerzo del personal y los instrumentos técnicos necesarios para su funcionamiento.
De hecho, la gravedad de la situación es tal que los propios funcionarios de los órganos sociales solicitan que deje de funcionar el denominado refuerzo.
La nota concluye que los trabajadores de los juzgados de ámbito laboral asumirán el incremento de trabajo y renunciarán a las retribuciones extraordinarias que les puedan corresponder por su sobreesfuerzo.
En este sentido, mantienen que, dada la precariedad en la que se hallan numerosas empresas, si se llegara a producir un colapso judicial las consecuencias de la crisis económica se verían agravadas, en detrimento de los trabajadores y de sus familias.
Los funcionarios de lo social se concentraron la semana pasada y no descartan realizar nuevas movilizaciones en cuanto se terminen las festividades navideñas.
El Periódico de Aragón. 24.12.2009
