Hasta la fecha el Sector de Justicia de CC.OO. en Aragón, ante el carácter local de las experiencias piloto de la reforma de la oficina judicial limitada en una primera fase a algunas ciudades del territorio Ministerio, ha entendido que lo prudente era no difundir todavía hojas informativas sobre la implantación de la Nueva Oficina Judicial evitando confundir a los funcionarios de Justicia de Aragón. De ahí que hasta ahora nos hayamos limitado a dar información a través de nuestro blog de los pasos dados por el Ministerio de Justicia en su ámbito y de las negociaciones desarrolladas hasta el momento a efectos meramente informativos.
Entendemos que lo prudente y sensato es trabajar con seriedad, prudencia y rigor, estudiando la situación, analizar los diferentes anteproyectos existentes, valorando el resultado de la implantación de la nueva oficina judicial en las ciudades piloto y en alguna comunidad con transferencias que tiene avanzados sus proyectos, para extraer conclusiones y aplicarlas a las peculiaridades de la Administración de Justicia de Aragón (un macropartido judicial como Zaragoza, dos capitales de provincia con un numero pequeño de Juzgados, y el resto de partidos judiciales con uno o dos Juzgados).
Sin embargo, la actitud del Director General de Justicia de Aragón, Sr. Borrás (que en otro tiempo no muy lejano se declaraba totalmente contrario a la reforma de la Oficina Judicial), así como la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza, deseosa de ejercer más poderes y repartir jefaturas de servicios entre los Secretarios que le sean sumisos, ha dado lugar a que se empiece a hablar y deliberar en Aragón sobre la reforma de la oficina judicial, intentando impedir la presencia de los representantes de los funcionarios, que han sido excluidos por Borrás.
Con carácter previo es importante hacer constar que el próximo 5 de mayo no entra en vigor la nueva oficina judicial, sino solo la reforma de las leyes procesales, que tal y como se establece en su exposición de motivos, es independiente de la implantación de la nueva oficina judicial. La reforma de las leyes procesales redistribuye las competencias entre Jueces y Secretarios, pero es independiente de si existen o no los servicios comunes, upads, etc.
En teoría, la nueva Oficina Judicial consiste básicamente en crear servicios comunes especializados que apoyen a todos los juzgados en sus tareas, tal y como son hoy día los Servicios de Notificaciones y Embargos o los Juzgados Decanos, estando al frente de estos servicios comunes los Secretarios, nutriéndose de los funcionarios que actualmente tienen plazas en los diversos Juzgados, cuyas plantillas se reducirían significativamente. Los actuales Juzgados pasarán a denominarse Unidades Procesales de Apoyo Directo al Juez (Upad). La nueva Oficina Judicial conllevará, por tanto, la redistribución de gran número de funcionarios en diversos servicios comunes, upads y otro tipo de servicios y oficinas.
Por ello, para CCOO es esencial que, antes de hablar de cuántos servicios comunes se van a crear, o de como se dividirán éstos en secciones, equipos, etc, de cómo se garantizará que la redistribución de los funcionarios entre las Upads y los Servicios Comunes, no vulnerará nuestros derechos básicos (no a la disminución de plantillas, garantía de las retribuciones actuales, no a los traslados forzosos de localidad, diferenciación por secciones y equipos, voluntariedad máxima en los nuevos destinos, participación en concursos de traslados, etc). Por eso entendemos, tal y como hemos solicitado al Sr. Director General de Justicia de Aragón con fecha 18 de febrero, que se debe iniciar entre la Administración y los representantes de los funcionarios la negociación sobre las condiciones generales de la implantación de la nueva Oficina Judicial en lo que afecten a los derechos de los funcionarios, sea cuál sea la fecha efectiva de la implantación de la nueva oficina judicial. Asimismo, debe garantizarse la participación activa de los representantes de los funcionarios en el diseño de la nueva oficina judicial en Aragón.
Otro aspecto fundamental de la implantación de la nueva oficina judicial es que se debe realizar una delimitación clara de las funciones que corresponden a cada uno de los Cuerpos de la Administración de Justicia en cada Upad o Servicio Común. Este tema quedó pendiente en la reforma de la LOPJ del año 2003, y debe abordarse de una vez, pues tan injusto es que los funcionarios de distintos cuerpos hagan las mismas tareas cobrando diferente, como que asumamos funciones que corresponden a los Cuerpos de Secretarios o Jueces.
Por ello es necesario que se integre a los representantes de los funcionarios de la Administración de Justicia en el grupo de trabajo de la reforma de la Oficina Judicial en Aragón, tal y como ha exigido CCOO con fecha 18 de febrero. Resultaría totalmente incomprensible e injustificable que no se cuente con los representantes de los funcionarios de Justicia en el diseño de una reforma que va a afectar profundamente a sus condiciones de trabajo y al servicio público que prestamos. No olvidemos que la existencia de oficinas de mayor o menor tamaño, o de servicios de apoyo a las mismas, tendrá mucha influencia en el disfrute de vacaciones o permisos, en las posibilidades de promoción o movilidad de los funcionarios y, en definitiva, en las condiciones de trabajo de los mismos. CC.OO. no colaborará jamás en una reforma de la oficina judicial que, con la intención de beneficiar a unos pocos perjudique a la gran mayoría, ni que lejos de mejorar la situación y funcionamiento de la justicia la dañe aún más; nadie mejor que quienes estamos cada día al pie del cañón para realizar nuestras aportaciones al respecto.
Hecho todo lo anterior, será el momento de aprobar las RPTs, y de de discutir el complemento específico asignado a cada puesto de trabajo, que partiendo de la base del actual complemento autonómico y del resto de retribuciones, sirva para mejorarlo, valorando además otras cuestiones de determinados puestos (atención al público, la penosidad, la especial dificultad o la responsabilidad, etc.).
Esta es la hoja de ruta que CC.OO. entiende se ha de seguir y que vamos a defender en todos los foros. Estamos ante un momento decisivo de nuestro futuro y no vamos a tolerar que la Administración conculque nuestros derechos. Si la nueva oficina judicial pretende implantarse vulnerando derechos básicos, confundiendo nuestras funciones, sin nuestra participación o sin la justa valoración de nuestro trabajo será el momento de iniciar cuantas movilizaciones sean precisas. Porque sin nosotros, los funcionarios de Justicia, no hay reforma.
CCOO apuesta por la unidad de acción con las otras organizaciones sindicales. Intentaremos evitar confrontaciones pues nuestro único interés es la defensa de los trabajadores, defenderemos nuestras ideas dentro y fuera de la Mesa de Negociación, informando verazmente a todos, con carácter firme pero sin sensacionalismos, intentando llegar a acuerdos en defensa de los trabajadores y el servicio público.
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Entendemos que lo prudente y sensato es trabajar con seriedad, prudencia y rigor, estudiando la situación, analizar los diferentes anteproyectos existentes, valorando el resultado de la implantación de la nueva oficina judicial en las ciudades piloto y en alguna comunidad con transferencias que tiene avanzados sus proyectos, para extraer conclusiones y aplicarlas a las peculiaridades de la Administración de Justicia de Aragón (un macropartido judicial como Zaragoza, dos capitales de provincia con un numero pequeño de Juzgados, y el resto de partidos judiciales con uno o dos Juzgados).
Sin embargo, la actitud del Director General de Justicia de Aragón, Sr. Borrás (que en otro tiempo no muy lejano se declaraba totalmente contrario a la reforma de la Oficina Judicial), así como la Secretaria Coordinadora Provincial de Zaragoza, deseosa de ejercer más poderes y repartir jefaturas de servicios entre los Secretarios que le sean sumisos, ha dado lugar a que se empiece a hablar y deliberar en Aragón sobre la reforma de la oficina judicial, intentando impedir la presencia de los representantes de los funcionarios, que han sido excluidos por Borrás.
Con carácter previo es importante hacer constar que el próximo 5 de mayo no entra en vigor la nueva oficina judicial, sino solo la reforma de las leyes procesales, que tal y como se establece en su exposición de motivos, es independiente de la implantación de la nueva oficina judicial. La reforma de las leyes procesales redistribuye las competencias entre Jueces y Secretarios, pero es independiente de si existen o no los servicios comunes, upads, etc.
En teoría, la nueva Oficina Judicial consiste básicamente en crear servicios comunes especializados que apoyen a todos los juzgados en sus tareas, tal y como son hoy día los Servicios de Notificaciones y Embargos o los Juzgados Decanos, estando al frente de estos servicios comunes los Secretarios, nutriéndose de los funcionarios que actualmente tienen plazas en los diversos Juzgados, cuyas plantillas se reducirían significativamente. Los actuales Juzgados pasarán a denominarse Unidades Procesales de Apoyo Directo al Juez (Upad). La nueva Oficina Judicial conllevará, por tanto, la redistribución de gran número de funcionarios en diversos servicios comunes, upads y otro tipo de servicios y oficinas.
Por ello, para CCOO es esencial que, antes de hablar de cuántos servicios comunes se van a crear, o de como se dividirán éstos en secciones, equipos, etc, de cómo se garantizará que la redistribución de los funcionarios entre las Upads y los Servicios Comunes, no vulnerará nuestros derechos básicos (no a la disminución de plantillas, garantía de las retribuciones actuales, no a los traslados forzosos de localidad, diferenciación por secciones y equipos, voluntariedad máxima en los nuevos destinos, participación en concursos de traslados, etc). Por eso entendemos, tal y como hemos solicitado al Sr. Director General de Justicia de Aragón con fecha 18 de febrero, que se debe iniciar entre la Administración y los representantes de los funcionarios la negociación sobre las condiciones generales de la implantación de la nueva Oficina Judicial en lo que afecten a los derechos de los funcionarios, sea cuál sea la fecha efectiva de la implantación de la nueva oficina judicial. Asimismo, debe garantizarse la participación activa de los representantes de los funcionarios en el diseño de la nueva oficina judicial en Aragón.
Otro aspecto fundamental de la implantación de la nueva oficina judicial es que se debe realizar una delimitación clara de las funciones que corresponden a cada uno de los Cuerpos de la Administración de Justicia en cada Upad o Servicio Común. Este tema quedó pendiente en la reforma de la LOPJ del año 2003, y debe abordarse de una vez, pues tan injusto es que los funcionarios de distintos cuerpos hagan las mismas tareas cobrando diferente, como que asumamos funciones que corresponden a los Cuerpos de Secretarios o Jueces.
Por ello es necesario que se integre a los representantes de los funcionarios de la Administración de Justicia en el grupo de trabajo de la reforma de la Oficina Judicial en Aragón, tal y como ha exigido CCOO con fecha 18 de febrero. Resultaría totalmente incomprensible e injustificable que no se cuente con los representantes de los funcionarios de Justicia en el diseño de una reforma que va a afectar profundamente a sus condiciones de trabajo y al servicio público que prestamos. No olvidemos que la existencia de oficinas de mayor o menor tamaño, o de servicios de apoyo a las mismas, tendrá mucha influencia en el disfrute de vacaciones o permisos, en las posibilidades de promoción o movilidad de los funcionarios y, en definitiva, en las condiciones de trabajo de los mismos. CC.OO. no colaborará jamás en una reforma de la oficina judicial que, con la intención de beneficiar a unos pocos perjudique a la gran mayoría, ni que lejos de mejorar la situación y funcionamiento de la justicia la dañe aún más; nadie mejor que quienes estamos cada día al pie del cañón para realizar nuestras aportaciones al respecto.
Hecho todo lo anterior, será el momento de aprobar las RPTs, y de de discutir el complemento específico asignado a cada puesto de trabajo, que partiendo de la base del actual complemento autonómico y del resto de retribuciones, sirva para mejorarlo, valorando además otras cuestiones de determinados puestos (atención al público, la penosidad, la especial dificultad o la responsabilidad, etc.).
Esta es la hoja de ruta que CC.OO. entiende se ha de seguir y que vamos a defender en todos los foros. Estamos ante un momento decisivo de nuestro futuro y no vamos a tolerar que la Administración conculque nuestros derechos. Si la nueva oficina judicial pretende implantarse vulnerando derechos básicos, confundiendo nuestras funciones, sin nuestra participación o sin la justa valoración de nuestro trabajo será el momento de iniciar cuantas movilizaciones sean precisas. Porque sin nosotros, los funcionarios de Justicia, no hay reforma.
CCOO apuesta por la unidad de acción con las otras organizaciones sindicales. Intentaremos evitar confrontaciones pues nuestro único interés es la defensa de los trabajadores, defenderemos nuestras ideas dentro y fuera de la Mesa de Negociación, informando verazmente a todos, con carácter firme pero sin sensacionalismos, intentando llegar a acuerdos en defensa de los trabajadores y el servicio público.
