El Sr. Director General de Justicia Sr. Borrás ha contestado a la solicitud enviada por este sindicato con fecha 16 de febrero, por el que solicitábamos la integración de los representantes de los funcionarios en el grupo de trabajo de la reforma de la oficina judicial y la convocatoria urgente de una reunión entre la Administración y los representantes de los funcionarios para iniciar la negociación sobre las condiciones generales de la implantación de la nueva Oficina Judicial en lo que afecten a los derechos de los funcionarios.
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Dicha petición venía motivada por el hecho de que CCOO había tenido conocimiento de que se habían iniciado las reuniones con los representantes de Jueces y Secretarios para la reforma de la oficina judicial sin que hubieran sido citados a las mismas los representantes de los funcionarios. Esta forma de trabajar en la reforma de la Oficina Judicial es la contraria a la que se está llevando a cabo en todos los demás territorios, transferidos y sin transferir, y resulta totalmente incomprensible e injustificable que no se cuente con los representantes de los funcionarios de Justicia en el diseño de una reforma que va a afectar profundamente a sus condiciones de trabajo y al servicio público que prestamos.
En su contestación el Director General de Justicia reconoce que está manteniendo “diferentes sesiones de trabajo con representantes del Poder Judicial, Fiscal y Secretariado Judicial al objeto de definir las líneas estratégicas que debe seguir la Comunidad Autónoma de Aragón para su adaptación a las exigencias que conlleva la implantación de la nueva oficina judicial”. También participa en la necesidad de establecer un proceso de negociación con los representantes de los funcionarios para la implantación en Aragón de la nueva Oficina Judicial.
Sin embargo, justificando en que “no se ha definido suficiente materia en lo que se refiere a la modificación de la estructura funcional de las unidades judiciales en su adaptación a la nueva Oficina judicial”, entiende prematuro iniciar el proceso de negociación sobre las posibles y consecuentes afecciones en las condiciones de trabajo de la implantación y desarrollo de la nueva oficina judicial.
En su contestación el Director General de Justicia reconoce que está manteniendo “diferentes sesiones de trabajo con representantes del Poder Judicial, Fiscal y Secretariado Judicial al objeto de definir las líneas estratégicas que debe seguir la Comunidad Autónoma de Aragón para su adaptación a las exigencias que conlleva la implantación de la nueva oficina judicial”. También participa en la necesidad de establecer un proceso de negociación con los representantes de los funcionarios para la implantación en Aragón de la nueva Oficina Judicial.
Sin embargo, justificando en que “no se ha definido suficiente materia en lo que se refiere a la modificación de la estructura funcional de las unidades judiciales en su adaptación a la nueva Oficina judicial”, entiende prematuro iniciar el proceso de negociación sobre las posibles y consecuentes afecciones en las condiciones de trabajo de la implantación y desarrollo de la nueva oficina judicial.
En resumen, la contestación del Director General de Justicia supone la confirmación de que está trabajando con Jueces, Secretarios y Fiscales, cuerpos y carreras de la Administración de Justicia cuya gestión no ha sido transferida a la DGA, el diseño y la implantación de la nueva oficina judicial, y se niega a integrar a los representantes de los funcionarios de Gestión, Tramitación, Auxilio y Forenses, que sí hemos sido transferidos a la DGA y a los que más nos afecta la reforma de la oficina judicial, en dicho grupo de trabajo. Asimismo también confirma que con los representantes de los funcionarios sólo se quiere reunir una vez haya acordado con los otros mencionados Cuerpos la estructura funcional de las nuevas unidades judiciales, es decir, aplicando una política de hechos consumados, ignorando que el diseño de la nueva oficina judicial (más o menos equipos, secciones o servicios comunes, tamaño de las oficinas judiciales, etc) influye directamente en el disfrute de nuestros derechos (permisos, traslados, vacaciones, etc). Por último, decide ignorar nuestra experiencia en el trabajo día a día en los Juzgados y nuestras aportaciones sobre cómo mejorar el servicio público que prestamos, pero integra por ejemplo a los Fiscales a los que la reforma de la oficina judicial no afecta.
¿ Es esto comprensible?
¿ Es esto comprensible?
