El Consejero de Justicia Rogelio Silva compareció ayer 1 de marzo ante las Cortes de Aragón donde estuvo hablando de la nueva oficina judicial en Aragón. En su comparecencia Silva afirmó que “una comisión creada en enero se encargará se definir la estructura de la nueva oficina judicial de Aragón, y terminará su trabajo en unos meses. Este grupo lo integran representantes del Gobierno de Aragón, pero también jueces, fiscales y secretarios. Todos ellos diseñarán el proyecto definitivo, que no tiene fecha para entrar en funcionamiento”.
CCOO solicitó el día 16 de febrero que se integrara a los representantes de los funcionarios públicos de Justicia en dicha Comisión, suspendiéndose entretanto sus trabajos. El Director General de Justicia , en comunicación de fecha 28 de febrero, no nos dice que se haya constituido la comisión que el propio Silva reconoce que existe, sino que “se están celebrando diferentes sesiones de trabajo con representantes del Poder Judicial, Fiscalía y Secretariado Judicial, al objeto de definir las líneas estratégicas para la adaptación a las exigencias que conlleva la nueva oficina judicial”, negándose a la integración de quienes representamos a 1400 funcionarios de Justicia en dichas “sesiones de trabajo”. Alguien miente sobre lo que se verdaderamente se está haciendo.
En la reforma de la oficina judicial el Director General de Justicia Sr. Borrás comete un grave error al excluir a los representantes de los trabajadores de su diseño cuando principalmente les va a afectar a ellos. Está claro que sin la participación y compromiso de los funcionarios de Justicia no va a haber reforma que valga, la diseñe quien la diseñe, y que más valdría comprometer a los funcionarios en el diseño de su propia oficina que imponérsela. Todas las grandes empresas buscan la implicación de sus trabajadores en las reformas estructurales y en la mejora de la productividad (la GM siempre ha sido un buen ejemplo); desde hace ya años que los sistemas dictatoriales de gestión de empresas y administraciones han sido abandonados. Si la nueva oficina judicial va a suponer un cambio de puesto de trabajo y de organización para muchos funcionarios, ¿no se da cuenta Borrás de que dicho cambio sólo será pacífico si cuenta con la implicación de todos nosotros? Cuanto más tarde nos incorporemos los funcionarios al proyecto de nueva oficina judicial más se tendrá que retrasar el trabajo que supuestamente ahora están avanzando.
Miente el Consejero Silva cuando manifiesta ante las Cortes que los colectivos que conforman el sector de la Justicia están ilusionados con estos cambios derivados de la reforma de la oficina judicial. Miente porque en dos años ha sido incapaz de tomar el pulso a los representantes de los funcionarios, principal colectivo de la Administración de Justicia, sin haberse reunido ni una sola vez con ellos pese a habérselo solicitado, y difícilmente le hemos podido trasladar ilusión o sentimiento alguno. Miente porque a fecha de hoy, con el oscurantismo con que se lleva desde la Dirección General de Justicia la reforma de la oficina judicial, no hay ilusión sino cierto desasosiego, inquietud por el cambio de puesto de trabajo, incertidumbre por la desaparición de los actuales juzgados, e incredulidad en que el Gobierno de Aragón vaya a atinar con la reforma si la hace de espaldas y sin la aportación de los funcionarios de Justicia. Silva, que no te enteras.
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CCOO solicitó el día 16 de febrero que se integrara a los representantes de los funcionarios públicos de Justicia en dicha Comisión, suspendiéndose entretanto sus trabajos. El Director General de Justicia , en comunicación de fecha 28 de febrero, no nos dice que se haya constituido la comisión que el propio Silva reconoce que existe, sino que “se están celebrando diferentes sesiones de trabajo con representantes del Poder Judicial, Fiscalía y Secretariado Judicial, al objeto de definir las líneas estratégicas para la adaptación a las exigencias que conlleva la nueva oficina judicial”, negándose a la integración de quienes representamos a 1400 funcionarios de Justicia en dichas “sesiones de trabajo”. Alguien miente sobre lo que se verdaderamente se está haciendo.
En la reforma de la oficina judicial el Director General de Justicia Sr. Borrás comete un grave error al excluir a los representantes de los trabajadores de su diseño cuando principalmente les va a afectar a ellos. Está claro que sin la participación y compromiso de los funcionarios de Justicia no va a haber reforma que valga, la diseñe quien la diseñe, y que más valdría comprometer a los funcionarios en el diseño de su propia oficina que imponérsela. Todas las grandes empresas buscan la implicación de sus trabajadores en las reformas estructurales y en la mejora de la productividad (la GM siempre ha sido un buen ejemplo); desde hace ya años que los sistemas dictatoriales de gestión de empresas y administraciones han sido abandonados. Si la nueva oficina judicial va a suponer un cambio de puesto de trabajo y de organización para muchos funcionarios, ¿no se da cuenta Borrás de que dicho cambio sólo será pacífico si cuenta con la implicación de todos nosotros? Cuanto más tarde nos incorporemos los funcionarios al proyecto de nueva oficina judicial más se tendrá que retrasar el trabajo que supuestamente ahora están avanzando.
Miente el Consejero Silva cuando manifiesta ante las Cortes que los colectivos que conforman el sector de la Justicia están ilusionados con estos cambios derivados de la reforma de la oficina judicial. Miente porque en dos años ha sido incapaz de tomar el pulso a los representantes de los funcionarios, principal colectivo de la Administración de Justicia, sin haberse reunido ni una sola vez con ellos pese a habérselo solicitado, y difícilmente le hemos podido trasladar ilusión o sentimiento alguno. Miente porque a fecha de hoy, con el oscurantismo con que se lleva desde la Dirección General de Justicia la reforma de la oficina judicial, no hay ilusión sino cierto desasosiego, inquietud por el cambio de puesto de trabajo, incertidumbre por la desaparición de los actuales juzgados, e incredulidad en que el Gobierno de Aragón vaya a atinar con la reforma si la hace de espaldas y sin la aportación de los funcionarios de Justicia. Silva, que no te enteras.
