Sólo hay que leer el art. 23 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2011 y compararlo con el art. 23 de la LPGE-2010 (BOE 24-12-2009) para tener delante de nosotros el ejemplo práctico de lo que CCOO viene denunciando desde que el gobierno aprobó en mayo el Plan de Ajuste para reducir el déficit, que no solo incumple el Acuerdo Administración-Sindicatos para la Función Pública firmado en septiembre del 2009, sino que pone las bases para la destrucción de empleo público y la consiguiente desaparición de imprescindibles servicios públicos, mientras el Gobierno no lucha contra las altas tasas de temporalidad en las AA.PP y paulatinamente va a recurrir a ETTs y a la privatización de los servicios. Para impedirlo, entre otras reclamaciones así como contra los recortes salariales, CCOO convocó a los empleados públicos a dos recientes huelgas. El art. 23 que mencionamos dispone lo siguiente:
La tasa de reposición de efectivos del 10% será el límite máximo en el número de plazas de nuevo ingreso a convocar en el año 2011
Expresamente queda recogida la posibilidad de amortización de plazas, pues no se ofertarán aquellas plazas que, pese a que se trate de plazas vacantes, se decida su amortización.
Se suprime la excepcionalidad sobre el límite de la tasa de reposición de efectivos que en determinados sectores considerados prioritarios o estratégicos ha operado años anteriores y, entre las que se incluía, la Administración de Justicia, por lo que la OEP-2011 en nuestro ámbito será, de existir, ridícula y muy alejada de las de años anteriores y sobre todo muy alejada de las necesidades de incrementos de órganos judiciales y de personal en aquellos territorios más deficitarios y para hacer frente a esa modernización de la Administración de Justicia, de la que tanto habla el Ministro.
Se recoge expresamente la posibilidad de celebrar contratos de puesta a disposición con ETT para la contratación de personal temporal, estatutario temporal o de funcionarios interinos en las mismas condiciones de excepcionalidad y previa autorización conjunta del Mº Economía y de Presidencia.
Con estas premisas, CCOO exige al Ministerio de Justicia:
1º) Que publique inmediatamente la Orden de entrada en funcionamiento de los órganos de nueva creación correspondientes al 2010 y que éstos entren, efectivamente, en funcionamiento antes de finalizar el año en curso, pues ya conocemos las intenciones de algunas CCAA que pretenden dilatar muchos meses la entrada en funcionamiento de algunos de los órganos judiciales ya creados hace meses.
2º) Que el Ministerio concrete el número de órganos judiciales, no solo de unidades judiciales y fiscales (pues podría tener la intención de crear exclusivamente plazas de jueces de adscripción territorial) que propone crear en el año 2011. Y que, como mínimo, se incluyan en la próxima OEP las plazas de funcionarios de dichos órganos de nueva creación, dotada de una plantilla equivalente a la de los órganos similares existentes.
3º) Que el Ministerio se comprometa a no celebrar contratos de puesta a disposición con ETTs para la contratación de personal temporal o de funcionarios interinos, y se sigan utilizando las mismas vías de contratación, es decir, a través de las bolsas de funcionarios interinos negociadas en la Administración de Justicia y, sólo excepcionalmente en caso de bolsas agotadas, al INEM.
4º) Ahora más que nunca es necesaria una verdadera reforma de los procesos selectivos en la Administración de Justicia y para ello, se ha de proceder a una modificación de los mismos en el sentido que ha venido exigiendo CCOO desde hace mucho tiempo, llevándose a cabo inmediatamente las modificaciones de la LOPJ y del Reglamento de Ingreso que son necesarias para, entre otras reclamaciones:
Eliminar el carácter selectivo del curso en prácticas
Generalizar el concurso-oposición como sistema de acceso también para el turno libre, eliminado su carácter excepcional.
Garantizar el sistema de promoción interna sin titulación.
