El Gobierno de Aragón defiende que mercantilizar el Servicio de Atención a Maltratadas (SAM) no es algo voluntario, sino que responde a una nueva directiva europea en materia de contratación pública. Sin embargo, en la comunicación del Ministerio de Hacienda, publicada el pasado 17 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se señala que "de acuerdo con su propia naturaleza tiene carácter de no vinculante para los órganos de contratación". De hecho, su nombre es "recomendación".
A pesar de ello, la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer, Natalia Salvo, insistió en que se realiza porque "así lo marcan las leyes, se ciñe a la legalidad vigente". Sin embargo, el texto publicado al que se refiere indica que se aprueba solo como "guía para una aplicación uniforme por parte de todos los órganos de contratación", pero en ningún momento habla de obligatoriedad.
La directora general dijo ayer a la prensa que los colegios de abogados de la comunidad que se presenten a este concurso y aseguró que desde el Ejecutivo aragonés se lo han solicitado "públicamente y en privado", porque consideran que "tienen presencia en todo el territorio y que pueden prestar un buen servicio".
Salvo aseveró que es fundamental "desde todos los ámbitos" dar un discurso de "responsabilidad y de garantías a las mujeres y evitar generar incertidumbre e inseguridad".
Con respecto al caso ocurrido en Fraga en el que una mujer maltratada por su hijo no fue asistida por el SAM, como publicó EL PERIÓDICO, la directora general afirmó que la Guardia Civil no informó a la mujer del teléfono gratuito de asistencia, por lo que no efectuó la llamada al IAM y, por tanto, no se puso en funcionamiento el protocolo pertinente.
Por ello, afirmó que desde el IAM han redactado un documento que enviarán a todas las comisarías en el que recuerdan cuál es el procedimiento para que en caso de que un agente se encuentre con una mujer que vaya a poner una denuncia sin abogado, pueda informarle de que tiene derecho a la guardia jurídica, a través del teléfono gratuito (900 504 405) habilitado para este fin.
También quiso recalcar que la guardia de violencia doméstica del IAM "nunca ha contemplado y no contempla representación en juicio".
RESPUESTA El coordinador del servicio de atención a maltratadas de Huesca, José María Orús, criticó la argumentación de Salvo porque, en su opinión, supone "culpabilizar a la víctima y a la Guardia Civil sin aceptar públicamente lo que sucedió". "¿Cómo va a saber una mujer que si va primero a una comisaría ya no tiene derecho a estar atendida?", apuntó.
Orús también rechazó el ofrecimiento de la DGA para presentarse al concurso porque "asumiríamos que un servicio público se puede mercantilizar".
Imprimir artículo
